Por primera vez el Ministerio de Hacienda hace uso del recurso del incidente fiscal (ley aprobada en 2013), con el cual el Gobierno buscó protegerse de los fallos que impactan la bolsa de los dineros públicos.

La Corte Constitucional resolvió una petición de la cartera de las finanzas públicas, para aplazar la aplicación de la sentencia C-492 del 2015, a través de la cual, se ordenaba que a partir del 2016, las personas que aportan su impuesto de renta a través del método conocido como Imán (Impuesto Mínimo Alternativo) y el Imás, también pudieran gozar de la exención del 25 por ciento de sus ingresos laborales, como aplica para los que contribuyen a través del método tradicional de pago de este tributo.

El alto Tribunal, atendiendo la solicitud del Ministerio de Hacienda, decidió aplazar, por un año más, la aplicación de dicha sentencia, lo que le dará un margen para no impactar más en este año las ya golpeadas finanzas públicas.
En consecuencia, los que resultarán beneficiados con dicha exención, solo podrán utilizarla a partir del 2017. Esto, si la próxima reforma tributaria no hace algún cambio con relación al Imán y al Imás, teniendo en cuenta que la Comisión de Expertos Tributarios que hizo las recomendaciones del caso, sugiere eliminarlos y volver “al impuesto de renta único, que distingue el tipo de rentas de las personas y su composición entre rentas de trabajo y otras rentas y abandonando la actual clasificación de los contribuyentes, que implica arbitrariedades y complejidades innecesarias en su diseño”.

Por lo pronto, el argumento del Gobierno, según el cual, la exención para los contribuyentes a través del Imán y el Imás generaba un hueco fiscal que el país no está en condiciones de asumir ahora, después de la caída de la renta petrolera, por bajo precio del crudo.

El Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, celebró la decisión de la Corte e indicó que “el plazo adicional de un año va a permitir que el Gobierno pueda hacer los ajustes necesarios a través de una próxima Reforma Tributaria sin que se menoscabe la sostenibilidad fiscal de la Nación”.