Pasado el “guayabo” del plebiscito retorna la normalidad a las discusiones que ocupan el último trimestre del año en Colombia, las cuales tienen que ver con las agendas legislativas en materia económica.
Finalmente se aprobó el presupuesto general de la nación, y entra la reforma tributaria que el Gobierno presentó con la promesa de que sería “estructural”.
Poco a poco se ha conocido su articulado, las bases que la motivan, y los efectos que se buscan. Sin embargo, desprevenidamente sobre muchos de sus artículos bien vale la pena preguntarse como estos afectarán la vida de los colombianos, y la pertinente discusión qué debe abordarse multidisciplinariamente respecto a las políticas públicas y las motivaciones de ciertos tributos.
En primer término hay que aplaudir el hecho de que se haya convocado una comisión de expertos que pudiera emitir recomendaciones desde una perspectiva técnica sobre las necesidades de la hacienda pública, no obstante lo anterior, el panorama fiscal en Colombia no es el mejor, y la crisis económica –que podría ser incluso global– nos afecta directamente, así hubiéramos hablado durante varios años de un presunto “blindaje” de nuestra economía.
La caída de la renta petrolera es una causa obvia de la disminución de los ingresos de la nación, pero no es menos cierto que para hablar de algo “estructural” era necesario prever escenarios en donde el país dejará de ser dependiente de los commodities, y logrará conciliar su política industrial, comercial, de innovación, y de ciencia y tecnología como una herramienta de nuevas fuentes de productividad, empleo, desarrollo, formalización, y por ende bienestar económico, tributación y recaudo.
Es lamentable que la discusión en torno a impuestos se haya trasladado a terrenos como las bebidas y alimentos de los colombianos, lo que debería responder a una política pública estructural de salud pública o de seguridad alimentaria, y no a la inclusión de unos tributos para bebidas azucaradas, desarticulados de toda la cadena alimenticia, de la prevención y del trabajo en formación de hábitos saludables.
Así mismo, gravar con IVA combustibles fósiles parece un fin loable de cara a los compromisos adquiridos por Colombia en el COP21, lo que desconcierta un poco es que ello no devenga de una política ambiental, o de sustitución de fuentes de energía por energías limpias, sino de la necesidad de generar recaudo a través de una de los impuestos más regresivos que hay.
Como sucede en cada reforma, los sectores salen uno a uno a defender sus intereses, lo que también desordena la discusión cuando hablamos de algo estructural, sí Colombia añora ingresar al “club de las buenas practicas” como han denominado a la OCDE, y quiere lograr un esquema tributario eficiente, equitativo y redistributivo, no puede convertir las reformas tributarias en herramientas anuales de recaudo, ni titular de “estructural” algo que ciertamente, con lo pocos ejemplos que hemos señalado, no lo es.
Sorprende también el reducido tiempo que se está dando para su estudio, debate y discusión, lo que no hará otra cosa que llevar a una aprobación acelerada, pupitriada y urgente, con el chantaje de garantizar el recaudo o poner en jaque las finanzas públicas.
Las cifras aproximadas de déficit fiscal son del orden de los $30 billones de pesos, la cartera de hacienda señala que la reforma no es para tapar huecos, sino para garantizar la estabilidad macroeconómica. Como todo acto administrativo o ley de la república presumimos su legalidad y buena fe, asimismo, como se señaló, el hecho de que una comisión de expertos hubiese asesorado al gobierno debe dar un parte de tranquilidad, sin embargo, en un país que tiene un Estatuto Tributario tan largo como una biblia, en donde hay facultades tributarias desagregadas, y en donde no todas las políticas y la carteras perecen ir en la misma dirección, es un poco pretensioso calificar algo de “estructural”, cuando se busca más es colgarle temas al régimen tributario, que abrir las discusiones que el país necesita por sectores específicos.
¿Cómo afectará el IVA a los periódicos y revistas?, ¿cómo se modificarán los hábitos de consumo sobre las bebidas azucaradas?, ¿cuál será la efectividad en materia de salud publica con los impuestos a los cigarrillos?, ¿cómo contribuiría al medio ambiente sano gravar con IVA los combustibles?, ¿cómo se conciliará la política de tecnologías de la información gravando celulares, tabletas y computadores?, y ¿para qué se dota con tabletas a las escuelas cuando el consumo de datos deberá aumentar su IVA?; todas estas discusiones son pertinentes y representan una gran oportunidad, todos podemos coincidir en que necesitamos mejores políticas públicas.
Mientras que Colombia siga haciendo una planeación por cuatrienios y no haya continuidad de ejercicios de Estado a través de políticas públicas de largo aliento, ninguna reforma, ley o administración logrará resolver las situaciones urgentes que nos agobian y que van más allá de las carencias básicas en salud, educación y vivienda, y que ya nos pasan factura en empleo, industria, comercio y competitividad.
Ya en el ocaso de los periodos gubernamentales las reflexiones deben apuntar a los temas de país, a las reformas que quedan, y a las obras de los gobiernos. La discusión tributaria en Colombia no se puede seguir aplazando ni convirtiendo en un salvavidas de emergencia, las herramientas son sencillas: más ahorro, mas sector privado, mas educación, mas ciencia y más tecnología; seguro que sí cubrimos eso, la tan anhelada vivienda, salud y educación se materializarán, y la tributación será vista, no como una obligación jurídica, sino como un elemento necesario de la cultura ciudadana.
* Rector de la Universidad Autónoma del Caribe
