Tristemente famosos fueron los “Panama Papers” cuando a comienzos del año 2016 se filtró una información reservada de alguna prestigiosa firma de consultores panameña; entonces se dijo y especuló mucho y salieron a relucir personalidades que mantenían patrimonios en el exterior y en fin, el alboroto del momento poco a poco se volvió rutina y en la mente se fue convirtiendo, como todos, en un episodio más de los que suelen ocurrir en esta convulsionada vida. Venimos, a causa de las circunstancias, acostumbrados a vivir y convivir con información de corrupción en todo orden y a todo nivel, en medio de la mentira, la envidia y la avaricia desmedida. Nos inventamos paradigmas y nos jactamos de lograr un cometido, usualmente económico, que normalmente aumenta el patrimonio de unos pocos en contra del de muchos, como ocurre con la contratación estatal, corrupta y corrompida por años (diría siglos) con un estado inerme y cómplice que aplica la ley del “dejar hacer, dejar pasar”.

Súbitamente, en las noticias aparece una actuación silenciosa pero segura de la Fiscalía, en unión con la DIAN, que luego de diligencias de registro, ha determinado que tras los papeles de Panamá se podrían haber ocurrido defraudaciones que tocan el mundo penal, derivadas de la voracidad capitalista que ingenuamente, a veces, prefiere evadir impuestos a pesar de tocar los dinteles de lo penal.

Así, hemos llegado a un escenario donde la evasión alcanza lo penal y lo económico supera lo moral. Acorde con la noticia oficial de la Fiscalía, tras los papeles de Panamá se escondía un turbio negocio de compraventa de costos internacional que prende las alarmas noticiosas y de actuación oficial (como si en Colombia no existiera el mismo oficio y con condiciones particularmente similares), práctica por medio de la cual algunos contribuyentes colombianos decían tener relaciones comerciales con un “alguien” en el exterior, que les vendía la factura para permitirles generar un gasto, con giro de recursos hacia el exterior, localizando patrimonios importantes “off shore”. Así, la evasión toca lo penal con delitos tales como falsedad ideológica en documento privado, fraude procesal, lavado de activos, administración desleal, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir. Y lo económico rebasa lo moral porque so pretexto de reducir la carga tributaria en función de ahorrar dinero tributario, se supera lo admisible en la ética y la moral.

No se justifica, pero este tipo de situaciones, cada vez más cotidianas, nacen y se practican por la incultura tributaria que nos rodea, por la asfixia que produce una tasa de tributación global que excede del 70% de las utilidades empresariales. No se trata de dar trascendencia de momento a la noticia ni generar de esta situación un amarillismo periodístico, ni tampoco de buscar amilanar o amedrantar a los expectantes ciudadanos y/o empresarios. No. El Estado tiene en esta una oportunidad para repensar una política de cultura en lo tributario, empezando por cambiar la manera de ver el pago de los impuestos, visión que ciertamente y de manera muy difícil, va a cambiar en las personas que hoy superan los 25 años.

Hay que empezar por los menores para que en 20 años estemos en un país menos corrupto y menos evasor. Y esa formación de cultura no solo debe abarcar lo tributario; hay que penetrar también y de manera prioritaria, lo político.

La represión, ciertamente, sirve de escarmiento público, pero más allá de ello, deben buscarse objetivos futuros que ayuden a superar las causas que producen este tipo de situaciones. La noticia emanada de la Fiscalía genera una conmoción sí, pero especialmente, un espacio para la reflexión y para la acción.

¡Y el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra!

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Documento TRIBUTAR-io
Octubre 06 de 2017
Número 661
Redacción: J. Orlando Corredor Alejo
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