derecho a la estabilidad laboral reforzada de personas con discapacidad en caso de empresas temporales de empleos

Octubre 16, 2008 8:26 pm

Sentencia T-1015/08
16 de Octubre de 2008
Corte Constitucional
derecho a la estabilidad laboral reforzada de personas con discapacidad en caso de empresas temporales de empleos

DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA-Trabajador que estaba incapacitado por un accidente de trabajo y se le termin贸 el contrato de trabajo por duraci贸n de obra o labor/DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CASO DE EMPRESAS TEMPORALES DE EMPLEOS

La Sala dar谩 aplicaci贸n al inciso primero del art铆culo 26 de la Ley 361 de 1997 que establece la ineficacia del despido de un trabajador discapacitado sin justa causa, y sin permiso del Ministerio de la Protecci贸n Social, de conformidad con la interpretaci贸n adoptada por esta Corporaci贸n en la Sentencia C-531 de 2000. La Sala recuerda, adem谩s, que la discriminaci贸n no se presenta s贸lo por actitudes positivas (manifestaciones de voluntad externas) en contra de un grupo o persona vulnerable, sino tambi茅n, por omitir la protecci贸n especial ordenada por la Constituci贸n, frente a tales personas. En virtud de lo expuesto, la Sala considera ineficaz el despido y ordenar谩:

(i) el pago de todos los salarios y prestaciones dejados de percibir, tomando como base, el promedio salarial de seis meses previos a la incapacidad del peticionario; (ii) ordenar谩 a la ARP determinar si, como consecuencia del accidente laboral, el demandante presenta alg煤n grado de incapacidad laboral permanente y, de ser as铆, adelantar los tr谩mites para el pago de la indemnizaci贸n; (iii) Reintegrar al peticionario a un cargo similar al que desempe帽aba al momento de sufrir el accidente laboral; (iv) advertir a la empresa demandada que no puede dar por terminado el contrato de trabajo, salvo que (iv.1) obtenga autorizaci贸n del Ministerio de la Protecci贸n Social; o, (iv.2) compruebe que el peticionario se encuentra por completo rehabilitado. Esto es, se reitera, sin restricciones laborales de ning煤n tipo, y sin que presente una incapacidad laboral permanente. La decisi贸n de no ordenar el pago de indemnizaci贸n contemplada en el inciso segundo del art铆culo 26 de la Ley 361 de 1997, as铆 como la situaci贸n laboral del peticionario frente a la compa帽铆a demandada podr谩n ser discutidas ante la jurisdicci贸n laboral.

Referencia: expediente T-1.948.287

Acci贸n de tutela de 脫scar Ferm铆n Maldonado Casta帽eda en contra de las empresas Fritolay S.A. y Expertos Personal Temporal Ltda.

Magistrado Ponente:

Dr. JAIME C脫RDOBA TRIVI脩O

Bogot谩, D.C., el diecis茅is (16) de octubre de dos mil ocho (2008).

La Sala Tercera de Revisi贸n de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Jaime C贸rdoba Trivi帽o, Rodrigo Escobar Gil y Mauricio Gonz谩lez Cuervo, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente

SENTENCIA

Dentro del tr谩mite de revisi贸n del fallo dictado en el asunto de la referencia por el Juzgado Cincuenta y Siete Penal Municipal con Funci贸n de Control de Garant铆as de Bogot谩 el veinte (20) de febrero de dos mil ocho (2008) en primera instancia, y el Juzgado Veintitr茅s Penal del Circuito de Bogot谩 el doce (12) de mayo de dos mil ocho (2008).

I. ANTECEDENTES

De los hechos y la demanda.

1. 脫scar Ferm铆n Maldonado Casta帽eda interpuso acci贸n de tutela en contra de las empresas Fritolay S.A. y Expertos Personal Temporal Ltda., con el prop贸sito de obtener amparo constitucional a sus derechos fundamentales al m铆nimo vital, al trabajo, a la estabilidad laboral reforzada, y a la igualdad, que considera vulnerados por la entidad mencionada. El peticionario basa su solicitud en los siguientes fundamentos f谩cticos:

1.1聽聽聽 El peticionario se desempe帽贸 como vendedor de la empresa Fritolay desde el a帽o 2001 hasta el comienzo de 2002, en calidad de contratista.

1.2聽聽 A principios de 2002 fue vinculado laboralmente por intermedio de la empresa de servicios temporales Organizaci贸n Serd谩n Personal Temporal Ltda., como trabajador en misi贸n, para desempe帽arse en el mismo cargo.

1.3聽聽 En febrero de 2006 la empresa de servicios temporales Serd谩n Personal Temporal Ltda. cambi贸 su raz贸n social aExpertos Personal Temporal Ltda. El peticionario continu贸 su vinculaci贸n con la compa帽铆a ejerciendo la labor de vendedor de Fritolay S.A., en calidad de聽trabajador en misi贸n. (Fl. 2).

1.4聽聽聽 El 煤ltimo contrato de trabajo suscrito entre el accionante y Expertos Temporal Ltda. tuvo como fecha de iniciaci贸n el 30 de enero y como modalidad la de 鈥渢iempo de duraci贸n de una obra o labor determinada鈥.

1.5聽聽聽 El d铆a siete (7) de abril de dos mil siete (2007), relata el peticionario que fue 鈥渧铆ctima de un atraco con arma de fuego mientras (se)聽encontraba desempe帽ando (su) labor鈥. Durante el ataque recibi贸 impactos con arma de fuego, por lo que estuvo en cuidados intensivos durante dos meses. Posteriormente, se le efectuaron controles cada dos meses, y curaciones diarias en su residencia.

1.6聽 El veintiocho (28) de noviembre de dos mil siete (2007) fue remitido a medicina laboral. La doctora M贸nica Mar铆a S谩nchez conceptu贸 que deb铆a regresar al trabajo con ciertas restricciones, 鈥渟in realizar valoraci贸n (m茅dica)聽de ninguna 铆ndole鈥. A continuaci贸n se transcriben algunos apartes del dictamen:

鈥淐oncepto: 1. Apto con restricciones鈥 鈥 鈥淩etorno al trabajo鈥

鈥淥bservaciones: Trabajador quien sufri贸 鈥淗ERIDA POR ARMA DE FUEGO ABDOMINAL, CON ORIFICIO DE SALIDA PARAVERTEBRAL鈥, en accidente de trabajo ocurrido el d铆a 7 de abril de 2007, por lo que ha recibido tratamiento por cirug铆a, fisiatr铆a, nutrici贸n y fisioterapia en nuestra ARP, mostrando recuperaci贸n. En el momento con colostom铆a鈥.

Y prescribe las siguientes recomendaciones por 8 semanas:

  • Puede realizar labores de oficina como clasificar documentos, pegar sobres, poner sellos, contestar tel茅fono y atender al p煤blico.
  • Debe evitar levantar cargas.
  • Debe alternar posturas b铆pedas con sedentes a intervalos regulares, durante la jornada laboral, (por cada dos horas de pie sentarse 10 minutos).
  • Evitar caminatas prolongadas (m谩s de 30 minutos).
  • Debe tener acceso a servicio sanitario cada vez que lo requiera. Debe realizar cambio de bolsas de colostom铆a seg煤n se le ha explicado.
  • Debe continuar con plan casero de ejercicios que ya ha aprendido en fisioterapia. Debe asistir a fisioterapia.
  • No realizar actividades deportivas de choque (…)
  • No debe participar en entrenamientos a brigadas.
  • Asistir a los controles por cirug铆a general[1]

1.7聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽La empresa Expertos Temporal Ltda. termin贸 unilateralmente el contrato de trabajo, a partir del quince (15) de diciembre de dos mil siete (2007).

1.8 El peticionario considera que la empresa irrespet贸 su derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada al (i) dar por terminado el contrato de trabajo a pesar de encontrarse en tratamiento m茅dico y en proceso de rehabilitaci贸n; y (ii) finalizar unilateralmente la relaci贸n laboral sin contar con la autorizaci贸n del Ministerio de la Protecci贸n Social, y sin la determinaci贸n definitiva de la Junta Regional de Calificaci贸n de Invalidez sobre una eventual incapacidad permanente.

2. El se帽or 脫scar Ferm铆n Maldonado Casta帽eda interpuso acci贸n de tutela por los hechos expuestos.聽 La demanda fue admitida por el Juzgado Cincuenta y Siete (57) Penal Municipal con Funci贸n de Garant铆as de Bogot谩 el siete (7) de febrero de dos mil ocho (2008).

Intervenci贸n de Expertos Temporal Ltda.

3. La entidad demandada, a trav茅s de Representante Legal expuso los siguientes argumentos durante el curso de la primera instancia:

3.1 Solicit贸 denegar la petici贸n de amparo con base en el principio de subsidiariedad, 鈥渓os hechos de la acci贸n no han sido conocidos por la jurisdicci贸n laboral鈥; y debido a que no se vulner贸 el derecho a la estabilidad laboral reforzada pues la decisi贸n de terminar el contrato de trabajo 鈥渟e dio por decisi贸n de car谩cter unilateral, ya que el v铆nculo comercial existente entre esta (sic) y FRITO LAY COLOMBIA LTDA. se finaliz贸 a partir del 30 de mayo de 2007鈥, y el accionante, al momento del despido y de acuerdo con el dictamen de la m茅dico laboral encargada, confirmado por 鈥淛unta M茅dica de 11 de diciembre de 2007鈥, se encontraba en condiciones aptas para laborar as铆 que no se requer铆a de autorizaci贸n de la autoridad administrativa.

3.2 Por otra parte, aclar贸 que Organizaci贸n Serd谩n no es una persona jur铆dica. En el mismo sentido, se帽ala que existi贸 una vinculaci贸n entre las partes a partir de febrero de 2005 pero que Expertos Temporal ha sido una persona jur铆dica independiente y no ha modificado su raz贸n social. A帽ade, por 煤ltimo, que la ARP le sigue brindado el tratamiento al accionante.

Intervenci贸n de Fritolay Ltda.

4. La entidad sostuvo que existi贸 un contrato entre 茅sta y Expertos Personal Temporal Ltda. para suministro de personal en misi贸n, pero que nunca ha recibido los servicios del peticionario como enviado por la empresa Expertos Temporal Ltda. y que desconoce por completo los hechos narrados en la demanda por lo que carece de legitimaci贸n por pasiva.

Del fallo de primera instancia

5. El Juzgado Cincuenta y Siete Penal Municipal con Funci贸n de Control de Garant铆as de Bogot谩, en providencia del veinte (20) de febrero de dos mil ocho (2008), 聽deneg贸 el amparo por improcedente, de acuerdo con las siguientes razones: (i) la acci贸n de tutela es improcedente para dirimir controversias laborales; (ii) no se acredit贸 la ocurrencia o inminencia de un perjuicio irremediable, as铆 que el peticionario puede acudir a las v铆as ordinarias de protecci贸n; y (iii), no se 鈥渧islumbra鈥 que el despido haya atentado contra su salud y su calidad de vida, ni que lo ubique en situaci贸n de debilidad manifiesta.

A pesar de que el fundamento de la decisi贸n del juez fue la improcedencia de la acci贸n, adelant贸 algunas consideraciones de fondo:

La empresa no desconoci贸 los derechos del peticionario por cuanto: (i) a pesar de que la empresa usuaria Fritolay S.A. dio por terminada la relaci贸n con Expertos Temporal Ltda., esta 煤ltima mantuvo el v铆nculo laboral hasta el quince de diciembre de 2007, cuando se cercior贸 de las condiciones de salud del trabajador con base en el concepto de la ARP; (ii) el derecho a la salud y a la seguridad social se encuentra garantizado por la ARP Colpatria.

Impugnaci贸n.

6. El peticionario impugn贸 el fallo de primera instancia, con base en los siguientes argumentos:

6.1 La impugnaci贸n se basa en argumentos destinados a demostrar la existencia de un perjuicio irremediable y a solicitar la procedencia de聽 un amparo transitorio. En ese sentido, expresa que, (i) adem谩s de lo expuesto en la tutela, ve vulnerados sus derechos a la rehabilitaci贸n, al m铆nimo vital y a la protecci贸n de la familia pues tiene que cancelar la cuota alimentaria de un hijo menor de edad; (ii) que el hecho de 鈥渆star con operaciones pendientes鈥 y tener una herida abierta por el tratamiento de colostom铆a hace absolutamente imposible conseguir trabajo y percibir ingresos para el sostenimiento de la familia, y que (iii) la jurisprudencia constitucional ha amparado de forma transitoria casos similares y que el juez de primera instancia debi贸 analizar la procedencia de la reincorporaci贸n al trabajo prevista en el art铆culo 39 del Decreto 1295 de 1994.

Del fallo de segunda instancia.

7. El Juzgado Veintitr茅s Penal del Circuito de Bogot谩, en fallo del doce (12) de mayo de dos mil ocho (2008), confirm贸 la sentencia de primera instancia con base en las siguientes consideraciones:

(i) Por regla general el reintegro no puede buscarse a trav茅s de la acci贸n de tutela; no obstante, (ii) la acci贸n de tutela resulta procedente para proteger los derechos fundamentales de aquellas personas que, debido a su condici贸n, gozan de una estabilidad laboral reforzada porque un despido en estas condiciones se traduce en un acto de discriminaci贸n. Sin embargo, (iii) en el caso concreto, es claro que la empresa mantuvo la relaci贸n laboral hasta que el peticionario recuper贸 su capacidad laboral. Para ilustrar esta afirmaci贸n, recuerda que el accidente de trabajo se produjo el siete (7) de abril de dos mil siete (2007); la relaci贸n entre Fritolay y Expertos Temporal Ltda. finaliz贸 el treinta (30) de mayo de dos mil siete (2007), y el despido s贸lo se llev贸 a cabo el quince (15) de diciembre de dos mil siete (2007).

Pruebas practicadas por la Corte Constitucional.

8. Mediante Auto del veinticinco (25) de junio de dos mil ocho (2008), con el fin de obtener elementos de juicio adicionales para mejor proveer en el presente caso, el Magistrado Sustanciador decret贸 las siguientes pruebas. (Nota de la Sala: con el fin de simplificar la exposici贸n, se presenta la pregunta junto con la respuesta recibida por parte del destinatario):

a. En relaci贸n con el peticionario:

1.聽聽聽聽聽聽Informaci贸n sobre sus ingresos y gastos actuales.

Respuesta: 鈥淓n la actualidad no cuento con ning煤n ingreso por el estado 聽de salud me ha sido imposible contar con un trabajo ya que todav铆a estoy en tratamiento m茅dico para posteriores cirug铆as pendientes. Los gastos actuales son entre $ 950.000 (sic)鈥.

2.聽聽聽聽聽聽Sobre la composici贸n de su grupo familiar, y concretamente, cu谩ntas personas tiene a su cargo:

Respuesta: 鈥淓l n煤cleo familiar 3 tres y mi persona a cargo son mi esposa y mi hijo鈥 (se entiende que son tres).

3.聽聽聽聽聽聽驴Cu谩les fueron los salarios recibidos durante los seis meses anteriores a la ocurrencia del accidente de trabajo? (En caso de tener en su poder los comprobantes de pago, se solicita anexarlos).

Anexa algunos comprobantes de pago.

4.聽聽聽聽聽聽Si la ARP le ha brindado la atenci贸n requerida en salud.

Respuesta: 鈥淟a A.R.P. Si me est谩 respondiendo en cuanto al tratamiento m茅dico, pero econ贸micamente no ya que estoy desvinculado laboralmente鈥.

b. De la empresa Expertos Personal Temporal.

1.聽聽聽聽聽聽驴Qu茅 labor desarrollaba el se帽or 脫scar Ferm铆n Maldonado Casta帽eda al momento de sufrir el accidente? y 驴Cu谩l era la 鈥渆mpresa usuaria鈥?

Respuesta: 鈥淎l momento de la ocurrencia del accidente de trabajo el d铆a siete (7) de abril de dos mil siete (2007), el se帽or OSCAR (sic) FERM脥N MALDONADO CASTA脩EDA desempe帽aba el cargo de VENDEDOR, enviado en聽 misi贸n a la que fue nuestra empresa usuaria FRITO LAY COLOMBIA LTDA鈥.

2.聽聽聽聽聽聽驴Cu谩les fueron los salarios recibidos por el peticionario durante los seis meses anteriores a la ocurrencia del accidente de trabajo? (Anexar desprendibles de pago).

Respuesta: 鈥淪e allegan, en un (1) folio, la relaci贸n de pagos realizados al accionante en el transcurso de los seis (6) meses anteriores a la fecha del accidente de trabajo鈥.

3.聽聽聽聽聽聽De acuerdo con los hechos y la respuesta de la entidad a la acci贸n de tutela interpuesta por el se帽or Maldonado Casta帽eda, hubo varios contratos de trabajo entre 茅ste y su entidad. Para cada uno de tales contratos, indique la fecha de inicio y fecha de terminaci贸n, y env铆e copia a esta Corporaci贸n de los mismos.

Respuesta: 鈥淥SCAR (sic) FERM脥N MALDONADO CASTA脩EDA suscribi贸 contratos de trabajo con duraci贸n determinada por la naturaleza de la obra o labor contratada con EXPERTOS TEMPORAL LTDA., as铆: a) El primero de ellos para empezar a ejecutarse a partir del 23 de febrero de 2005 con finalizaci贸n el d铆a 7 de febrero de 2006, b) el segundo, para empezar a ejecutarse a partir del 24 de febrero de 2006 con finalizaci贸n el d铆a 11 de enero de 2007聽 y c) el 煤ltimo, para ejecutarse a partir del 30 de enero de 2007 y con finalizaci贸n el d铆a 14 de diciembre de ese mismo a帽o, fecha en la que el accionante NO se encontraba incapacitado鈥. (Allega copias).

4.聽聽聽聽聽聽驴El se帽or Ferm铆n era un trabajador de planta o en misi贸n? Explique su respuesta.

Respuesta: 鈥淓l se帽or OSCAR FERM脥N MALDONADO CASTA脩EDA fue un trabajador de EXPERTOS PERSONAL TEMPRAL LTDA. Enviado en misi贸n a la empresa usuaria FRITO LAY COLOMBIA LTDA, en virtud del contrato de prestaci贸n de servicios temporales suscrito por estas dos personas jur铆dicas de acuerdo a lo dispuesto, respecto a las Empresas de Servicios Temporales y su funcionamiento, en la Ley 50 de 1990 y su legislaci贸n complementaria鈥.

5.聽聽聽聽聽聽En la contestaci贸n de la acci贸n de tutela, la empresa demandada indica que el contrato con Fritolay S.A. termin贸 el treinta (30) de mayo de dos mil siete (2007), y que a ra铆z de ello finalizaron, por mutuo acuerdo, los contratos de otros trabajadores que estaban en la misma situaci贸n del peticionario. Se le solicita聽 enviar copia de los acuerdos celebrados con tales trabajadores.

Respuesta: 鈥淓n un (1) folio, allegamos relaci贸n de los trabajadores de EXPERTOS PERSONAL TEMPRAL LTDA. Enviados en misi贸n a la empresa usuaria FRITO LAY COLOMBIA LTDA. con quienes, por mutuo acuerdo, se dio finalizaci贸n a los respectivos v铆nculos contractuales el d铆a treinta (30) de mayo de dos mil siete (2007) en raz贸n a la terminaci贸n (anexamos documentos de finalizaci贸n); a excepci贸n del contrato de trabajo del se帽or 脫SCAR FERM脥N MALDONADO CASTA脩EDA, quien se encontraba incapacitado, teniendo en cuenta lo ocurrido el 7 de abril de 2007. Entonces, tambi茅n se allegan copias de los acuerdos celebrados con los trabajadores arriba aludidos, siete (7) de ellos v铆a fax y el resto se allegar谩n, en medio magn茅tico, el d铆a lunes veintinueve (29) de septiembre de dos mil ocho (2008)鈥[2].

c. La Sala solicit贸 a la ARP Colpatria S.A. informar a esta Corporaci贸n sobre el estado actual de salud del peticionario, y sobre una eventual calificaci贸n de la invalidez, sin recibir respuesta.

II. FUNDAMENTOS DE LA DECISI脫N

Competencia.

Esta Corte es competente para conocer del fallo materia de revisi贸n, de conformidad con lo determinado en los art铆culos 86 y 241-9 de la Constituci贸n Pol铆tica y en los art铆culos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991 y, en cumplimiento del auto de veintiocho (28) de marzo de dos mil ocho (2008), expedido por la Sala de Selecci贸n N煤mero tres de esta Corporaci贸n, que seleccion贸 este asunto para revisi贸n.

a. Problema jur铆dico planteado.

Corresponde a la Sala Tercera de Revisi贸n determinar si las compa帽铆as Fritolay S.A. y/o Expertos Temporal Ltda. vulneraron los derechos fundamentales a la igualdad, la estabilidad laboral reforzada, y el m铆nimo vital del se帽or 脫scar Ferm铆n Maldonado Casta帽eda, quien alega encontrarse en situaci贸n de debilidad manifiesta debido a un accidente de trabajo del cual no se ha recuperado, al dar por terminado su contrato de trabajo por duraci贸n de obra, sin autorizaci贸n previa del Ministerio de la Protecci贸n Social, alegando que el despido no fue discriminatorio pues (i) se origin贸 en la terminaci贸n del v铆nculo contractual entre Fritolay S.A. y Expertos Temporal Ltda.; y (ii) al momento del despido, el peticionario ya hab铆a recuperado su capacidad laboral.

Para resolver el problema planteado, la Sala reiterar谩 la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en relaci贸n con (i) el alcance de la tutela como medio excepcional para la protecci贸n de la estabilidad laboral frente a grupos vulnerables; (ii) la estabilidad laboral reforzada para las personas discapacitadas en el caso de las agencias temporales de empleo; Dentro de ese marco, la Sala (iii) analizar谩 el caso concreto.

b. Soluci贸n al problema jur铆dico.

Alcance de la protecci贸n constitucional del derecho a la estabilidad laboral reforzada por v铆a de tutela.

1.聽聽聽聽 La Corte Constitucional ha expresado, en reiterada jurisprudencia que, en virtud del principio de聽subsidiariedad,la acci贸n de tutela s贸lo procede (i) cuando no existe ninguna otra acci贸n judicial por medio de la cual se pueda resolver un conflicto relacionado con la vulneraci贸n de un derecho fundamental[3]; (ii) cuando existiendo otras acciones, 茅stas no resultan eficaces o id贸neas para la protecci贸n del derecho, en el caso concreto[4]; o, (iii) cuando a煤n existiendo acciones ordinarias, resulta imprescindible la intervenci贸n del juez de tutela para evitar que ocurra un perjuicio irremediable[5] de car谩cter聽iusfundamental.

2.聽聽聽聽聽聽聽A partir de lo expuesto, es claro que la acci贸n de tutela no resulta procedente, como regla general, para resolver un reclamo dirigido a la obtenci贸n de un reintegro laboral[6]. 聽Una demanda en ese sentido debe ser discutida ante las jurisdicciones ordinaria, o de lo contencioso administrativo que prev茅n acciones especialmente dise帽adas para proteger el derecho al trabajo, pues la acci贸n de tutela no est谩 dise帽ada para reemplazar los procedimientos judiciales ordinarios que son, ante todo, instancias para la protecci贸n de los derechos fundamentales[7].

3.聽聽聽聽聽聽聽En un聽reciente pronunciamiento -Sentencia T-580 de 2006[8]– la Sala Tercera de Revisi贸n reiter贸,聽in extenso, la doctrina constitucional sobre el principio de subsidiariedad en un caso f谩cticamente similar al que ahora se estudia.

En el fallo mencionado, la Corte consider贸 que, si bien el despido de una persona en condici贸n de debilidad manifiesta es un asunto de relevancia constitucional, la protecci贸n de sus derechos puede garantizarse a trav茅s del proceso ordinario laboral, en la medida en que el legislador desarroll贸 el derecho a la estabilidad laboral reforzada de los discapacitados en la Ley 361 de 1997, de forma que el juez laboral tiene la competencia y las herramientas legales necesarias para conocer de este tipo de procesos.

4.聽聽聽聽聽聽聽Considerando, entonces, que existen acciones judiciales id贸neas y eficaces para la protecci贸n de la estabilidad laboral reforzada de las personas con alg煤n tipo de discapacidad, la procedencia de la acci贸n de tutela para decidir sobre un reintegro laboral se encuentra restringida a dos eventos posibles:

Primero, en caso de que sea imposible, irrazonable o desproporcionado que la persona espere la resoluci贸n de un proceso judicial por eventos excepcionales, como su avanzada edad, o la futura liquidaci贸n o disoluci贸n de la entidad demandada; y, segundo, en caso de que resulte imprescindible la intervenci贸n del juez de tutela, bajo la figura de la protecci贸n transitoria, para evitar la consumaci贸n de un perjuicio irremediable.

5. Ahora bien, a pesar de lo se帽alado, la Corte Constitucional ha estudiado, en diversas ocasiones, acciones de tutela motivadas por el despido injustificado de una persona afectada por una discapacidad determinada que tienen como pretensi贸n material el reintegro laboral y, en algunos de estos fallos ha omitido un examen detallado de procedibilidad, y se ha concentrado en aspectos de fondo del amparo, lo que podr铆a resultar contradictorio con el principio de subsidiariedad.

Se trata, sin embargo, de una contradicci贸n apenas aparente: el juez de 聽tutela en general, y la Corte Constitucional en particular, tienen la obligaci贸n de verificar, en cada caso, el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad, pues es claro que el uso inadecuado de la acci贸n de tutela, reduce su eficacia en la protecci贸n de los derechos fundamentales, y desconoce importantes principios del ordenamiento, como la seguridad jur铆dica, la independencia judicial y el debido proceso en lo que toca a los principios de legalidad y del juez natural.

Lo que sucede es que existen casos en los que tales requisitos se encuentran acreditados de forma evidente, as铆 que el Juez de tutela apenas hace referencia a los mismos, en la medida en que un an谩lisis detallado del asunto resultar铆a superfluo. En el caso de los discapacitados, adem谩s, tal como lo ha afirmado la jurisprudencia constitucional[9], el an谩lisis de procedibilidad se puede llevar a cabo sobre criterios m谩s amplios cuando est谩n de por medio sujetos de especial protecci贸n constitucional.

6. Para comprender el alcance de este examen de procedibilidad diferencial, resulta por completo pertinente citar lo expresado por la Sala S茅ptima de Revisi贸n en la Sentencia T-1316 de 2001[10], en la que se refiri贸 a la valoraci贸n del perjuicio irremediable frente a grupos constitucionalmente protegidos:

鈥(鈥) (L)a configuraci贸n de un perjuicio irremediable debe ser analizada dependiendo de las circunstancias de cada caso concreto, de manera an谩loga a como ocurre cuando existen otros mecanismos judiciales de defensa (鈥).

Sin embargo, algunos grupos con caracter铆sticas particulares, como los ni帽os o los ancianos, pueden llegar a sufrir da帽os o amenazas que, a煤n cuando para la generalidad de la sociedad no constituyen perjuicio irremediable, s铆 lo son para ellos, pues por encontrarse en otras condiciones de debilidad o vulnerabilidad, pueden tener repercusiones de mayor trascendencia que justifican un 鈥渢ratamiento diferencial positivo鈥[11], y que ampl铆a a su vez el 谩mbito de los derechos fundamentales susceptibles de protecci贸n por v铆a de tutela (鈥).

Lo anterior explica entonces por qu茅, trat谩ndose de sujetos de especial protecci贸n, el concepto de perjuicio irremediable debe ser interpretado en forma mucho m谩s amplia y desde una doble perspectiva.聽 De un lado, es preciso tomar en consideraci贸n las caracter铆sticas globales del grupo, es decir, los elementos que los convierten en titulares de esa garant铆a privilegiada. Pero adem谩s, es necesario atender las particularidades de la persona individualmente considerada, esto es, en el caso concreto. Consecuencialmente, para determinar la procedencia del amparo, cuando se trata de sujetos de especial protecci贸n, el juez deber谩 analizar cada uno de estos aspectos鈥.

En s铆ntesis, el despido de una persona que sufre de una discapacidad lleva a considerar la procedibilidad de la tutela como mecanismo transitorio de protecci贸n con alguna flexibilidad, pero no hace la tutela procedente de forma inmediata, pues el grado de afectaci贸n del peticionario puede darse en grados diferentes, y las actitudes asumidas por el empleador pueden ser m谩s o menos razonables, al igual que las cargas procesales exigibles a las partes. Se trata de aspectos que deben ser consultados y definidos por el juez frente a cada caso en particular, sin que se pueda establecer un par谩metro fijo para determinar聽a priori la procedencia del amparo.

Del derecho a la estabilidad laboral frente a personas en estado de discapacidad.

7.聽聽El principio de estabilidad en el empleo hace parte del conjunto de mandatos constitucionales que informan el desarrollo de las relaciones laborales, y que fueron agrupados por el constituyente bajo la categor铆a de聽principios m铆nimos fundamentales[12] (art铆culo 53 CP), normas que determinan la soluci贸n constitucionalmente adecuada a la tensi贸n que se presenta entre la libertad de empresa y la autonom铆a privada 鈥揻undamento leg铆timo del actuar del empresario-, y la efectividad del derecho fundamental al trabajo (art铆culo 25 CP) en condiciones dignas y justas[13].

8.聽聽La Corte ha considerado que el principio de estabilidad laboral no equivale a un derecho fundamental a permanecer indefinidamente en un cargo o puesto de trabajo determinado, debido a las limitaciones f谩cticas y a los intereses leg铆timos de los empleadores privados, y del servicio p煤blico, que deben armonizarse con la expectativa de continuidad en las relaciones laborales. Sin embargo, cuando uno de los extremos de la relaci贸n laboral est谩 compuesto por un sujeto que se encuentra en un estado de debilidad manifiesta[14], el derecho a la estabilidad laboral adquiere el car谩cter de fundamental[15], en virtud de diversas razones de car谩cter constitucional:

As铆,聽 (i) la existencia de mandatos de protecci贸n especial vinculantes para todos los actores sociales y el Estado[16], (ii) el principio de solidaridad social, y de eficacia de los derechos fundamentales[17], y (iii) el principio y derecho a la igualdad material, que comporta la adopci贸n de medidas afirmativas[18] en favor de grupos desfavorecidos, o de personas en condici贸n de debilidad manifiesta (art. 13, incisos 2潞 a 4潞)聽[19], han llevado a la Corte a considerar que un despido que tiene como motivaci贸n -expl铆cita o velada- la condici贸n f铆sica del empleado, constituye una acci贸n discriminatoria[20] y/o un abuso de la facultad legal de dar por terminado unilateralmente un contrato de trabajo[21].

9. A partir de los presupuestos normativos de orden constitucional expuestos, esta Corte, desde tempranos pronunciamientos, desarroll贸 el contenido y alcance del derecho a la estabilidad laboral reforzada[22] de los discapacitados; el legislador, consciente de la necesidad de avanzar en la protecci贸n de este grupo vulnerable decidi贸 expedir la Ley 361 de 1997[23], en la que se consagran mecanismos de integraci贸n social para personas con condici贸n de discapacidad, incluidas algunas normas de protecci贸n laboral.

En el inciso segundo del art铆culo 26 de la referida ley, el legislador estableci贸 la prohibici贸n de dar por terminado el contrato de trabajo a un discapacitado sin la autorizaci贸n del Ministerio de la Protecci贸n Social[24], en tanto que en el inciso segundo de la misma disposici贸n estableci贸 que el despido llevado a cabo sin tal autorizaci贸n, genera para el empleador la obligaci贸n de cancelar una indemnizaci贸n equivalente a 180 d铆as de trabajo[25].

10. Al estudiar la constitucionalidad de la disposici贸n referida, la Corte[26] consider贸 que la prohibici贸n establecida en el primer inciso de la disposici贸n referida, resultaba incompatible con la permisi贸n del inciso segundo, pues no es posible dotar de efectos jur铆dicos a una actuaci贸n ilegal, o jur铆dicamente prohibida, a partir del pago de una suma determinada de dinero.

La Corporaci贸n, entonces, decidi贸聽integrar en el ordenamiento legal las disposiciones constitucionales relativas al derecho al trabajo, la estabilidad laboral y la eficacia de los derechos constitucionales, por lo que condicion贸 la constitucionalidad del inciso segundo del art铆culo 26 de la Ley 361 de 1996, se帽alando que 茅ste se ajusta a la Constituci贸n, en el entendido de que el despido realizado sin autorizaci贸n del Ministerio de la Protecci贸n Social, carece de efectos jur铆dicos en cualquier caso, por lo que la indemnizaci贸n establecida en tal disposici贸n tiene un car谩cter estrictamente sancionatorio. As铆 lo expres贸 la Sala Plena:

鈥淪in embargo, la verdadera naturaleza de la indemnizaci贸n que all铆 se plantea enerva el argumento de la inconstitucionalidad de la disposici贸n legal, por cuanto dicha indemnizaci贸n presenta un car谩cter sancionatorio y suplementario pero que no otorga eficacia jur铆dica al despido o a la terminaci贸n del contrato de la persona con limitaci贸n, sin previa autorizaci贸n de la oficina de Trabajo鈥[27]

11. En relaci贸n con los sujetos amparados por esta disposici贸n, es decir sobre el 谩mbito personal de aplicaci贸n de la Ley, la Corte ha aclarado que el concepto de聽discapacitados, debe entenderse desde una perspectiva amplia:

Para la Corporaci贸n, est谩n amparados por la protecci贸n prevista en la Ley 361 de 1997, por una parte, aquellas personas que tienen la condici贸n de discapacitados de acuerdo con la calificaci贸n de discapacidad de los organismos competentes; y, por otra parte, quienes se encuentran en una situaci贸n de debilidad manifiesta por la ocurrencia de un evento que afecta su salud, o de una limitaci贸n f铆sica, sin importar si 茅sta tiene el car谩cter de accidente, enfermedad profesional, o enfermedad simple, ni si es de car谩cter transitorio o permanente[28].

El sentido de esta amplia concepci贸n de la condici贸n de discapacitado, radica en que la protecci贸n no nace de la calificaci贸n de la discapacidad, sino del estado en el que se encuentra la persona. Se trata de una situaci贸n de car谩cter f谩ctico, susceptible de comprobaci贸n material, y que no depende de requisitos legales o procedimentales. Por ello, la Corte en la sentencia T-198 de 2006 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra), expres贸:

鈥淓s por ello, que en materia laboral, la protecci贸n especial de quienes por su condici贸n f铆sica est谩n en circunstancia de debilidad manifiesta se extiende tambi茅n a las personas respecto de las cuales est茅 probado que su situaci贸n de salud les impide o dificulta sustancialmente el desempe帽o de sus labores en las condiciones regulares, sin necesidad de que exista una calificaci贸n previa que acredite su condici贸n de inv谩lido鈥.[29]


12. Con todo, la protecci贸n a la estabilidad laboral de las personas discapacitadas no se agota en la prohibici贸n impuesta al empleador de dar por terminado el contrato de trabajo en raz贸n a la discapacidad del empleado. El Legislador ha previsto[30], adem谩s, 聽que un trabajador parcialmente incapacitado debe ser reubicado cuando sus condiciones de salud puedan verse afectadas por las funciones de su cargo, debiendo el empleador realizar los ajustes pertinentes en su planta de personal[31], salvo que ello resulte f谩cticamente imposible. Al respecto, ha expresado esta Corporaci贸n[32]:

鈥淧or supuesto, el alcance constitucional de la protecci贸n especial depende de la exigibilidad de la carga impuesta al empleador.聽 En situaciones como 茅stas, en principio corresponde al empleador reubicar al trabajador en virtud del principio constitucional de solidaridad, asegur谩ndole unas condiciones de trabajo compatibles con su estado de salud, para preservar su derecho al trabajo en condiciones dignas.聽 Sin embargo, el empleador puede eximirse de dicha obligaci贸n si demuestra que existe un principio de raz贸n suficiente de 铆ndole constitucional que lo exonera de cumplirla.

En efecto, el alcance del derecho a ser reubicado por condiciones de salud tiene alcances diferentes dependiendo del 谩mbito en el cual opera el derecho.聽 Para tales efectos resultan determinantes al menos tres aspectos que se relacionan entre s铆: 1) el tipo de funci贸n que desempe帽a el trabajador, 2) la naturaleza jur铆dica y 3) la capacidad del empleador.聽 Si la reubicaci贸n desborda la capacidad del empleador, o si impide o dificulta excesivamente el desarrollo de su actividad o la prestaci贸n del servicio a su cargo, el derecho a ser reubicado debe ceder ante el inter茅s leg铆timo del empleador.聽 Sin embargo, 茅ste tiene la obligaci贸n de poner tal hecho en conocimiento del trabajador, d谩ndole adem谩s la oportunidad de proponer soluciones razonables a la situaci贸n鈥[33].

13. Por 煤ltimo, debe se帽alarse que el derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada de las personas en condici贸n de debilidad manifiesta, es independiente del tipo de vinculaci贸n y del t茅rmino de duraci贸n del contrato[34]. Sin embargo, la Corte ha considerado que en las modalidades de contrato a t茅rmino fijo y contrato por duraci贸n de obra, la expectativa del empleado no es igual a la de quien se encuentra en una relaci贸n a t茅rmino indefinido. En tales casos, la continuidad de la relaci贸n se sujeta a (i) que subsista la materia del contrato, y (ii) que el trabajador haya cumplido con sus obligaciones[35].

DEL CASO CONCRETO

A partir del marco jurisprudencial rese帽ado, la Corte asumir谩 el estudio del caso concreto.

El an谩lisis del caso se efectuar谩 en dos etapas: en la primera, se llevar谩 a cabo el estudio sobre la procedibilidad de la acci贸n; en la segunda, se realizar谩 el an谩lisis de fondo, o sobre la procedencia material y alcance del amparo.

1. De los requisitos de procedibilidad de la acci贸n como mecanismo transitorio en el caso concreto.

1.1.聽聽聽聽聽聽聽聽聽Sobre la subsidiariedad.

En este aparte, se indagar谩 en primer lugar, sobre la existencia e idoneidad de las acciones judiciales ordinarias frente al caso concreto; posteriormente, se verificar谩 si existe el riesgo de un perjuicio irremediable:

a)聽聽聽聽聽De la acci贸n ordinaria laboral como mecanismo judicial apropiado para la soluci贸n definitiva del presente caso:

Como se expres贸 en el ac谩pite de聽Fundamentos, en el ordenamiento jur铆dico existe una acci贸n id贸nea para discutir la viabilidad del reintegro de trabajadores afectados con una discapacidad o limitaci贸n f铆sica; esta acci贸n no s贸lo ampara derechos laborales de rango legal, sino tambi茅n la estabilidad reforzada de los discapacitados por voluntad expresa del legislador, de manera que es posible adelantar la discusi贸n en el 谩mbito del proceso ordinario laboral, escenario donde se da una amplia controversia tanto normativa como f谩ctica, y en el que se cuenta con la actuaci贸n id贸nea de los jueces de la jurisdicci贸n ordinaria en lo laboral.

Tampoco se presentan fen贸menos extraordinarios que lleven a considerar irrazonable la espera de una decisi贸n por parte del juez natural. En efecto, tanto la edad del actor como la informaci贸n allegada a este proceso sobre la compa帽铆a Expertos Temporal Ltda. llevan a suponer que es posible esperar una decisi贸n del juez natural. Con ello, se concluye que no es procedente un pronunciamiento definitivo por parte de la Corte frente al problema jur铆dico se帽alado.

b)聽聽聽聽An谩lisis en relaci贸n con la posible ocurrencia de un perjuicio irremediable:

En este aparte, se estudiar谩 si, a partir de la terminaci贸n de la relaci贸n laboral entre el se帽or 脫scar Ferm铆n Maldonado Casta帽eda y la empresa Expertos Temporal Ltda, se presenta una amenaza inminente en las condiciones materiales necesarias para una subsistencia acorde con la dignidad humana.

En primer lugar, de acuerdo con la rese帽a f谩ctica, el peticionario no recibi贸 la indemnizaci贸n por despido injustificado del inciso 2潞 del art铆culo 26 de la Ley 361 de 1997 ya que el empleador consider贸 que esta norma no era aplicable al caso del accionante; ni la indemnizaci贸n por incapacidad parcial permanente, pues esta circunstancia nunca se eval煤o.

A partir de las condiciones laborales (una asignaci贸n b谩sica de $200.000 y comisiones por ventas), es posible deducir que el peticionario es una 聽persona de bajos ingresos; adem谩s de ello, el actor inform贸 a esta Corporaci贸n que tiene a cargo a su esposa y a un menor de edad, y que actualmente se encuentra desempleado debido a que a煤n se encuentra afectado por la intervenci贸n de colostom铆a.

Esta informaci贸n, unida al hecho de que el peticionario ten铆a, al momento de la terminaci贸n del contrato, una herida abierta por el procedimiento de colostom铆a,聽 constituyen motivo suficiente para considerar que el despido lo pone en una situaci贸n especialmente vulnerable debido a la necesidad de sufragar los gastos de su grupo familiar, y los derivados del cuidado de su herida.

As铆 pues, el presunto desconocimiento de la estabilidad laboral reforzada del se帽or Maldonado Casta帽eda implica una lesi贸n a sus condiciones de vida digna. El despido del peticionario constituye un riesgo inminente para su derecho, y el de los miembros de su familia, al m铆nimo vital. En este sentido, se cumple el presupuesto para que el juez de tutela determine si es viable otorgar un amparo transitorio.

2. De la procedencia del amparo material.

En el caso que ocupa a esta Sala de Revisi贸n, la controversia f谩ctica se centra en dos aspectos:

Primero, la Sala deber谩 determinar si el peticionario hab铆a recuperado su capacidad laboral y, en consecuencia, la entidad Expertos Temporal Ltda. pod铆a hacer uso de la facultad consagrada en el art铆culo 64 del C贸digo Sustantivo del Trabajo. O si, por el contrario, el peticionario estaba en condici贸n de discapacidad聽o de debilidad manifiesta derivada de su enfermedad, en cuyo caso, la facultad de despido unilateral se hallaba condicionada a la obtenci贸n de una autorizaci贸n del Ministerio de la Protecci贸n Social.

Segundo, la Sala deber谩 determinar si la terminaci贸n de la relaci贸n contractual entre Expertos Temporal Ltda. y Fritolay S.A. hizo desaparecer las causas del v铆nculo laboral y, en consecuencia, el contrato de trabajo se termin贸 de acuerdo con las reglas referentes al tipo de contrato聽por terminaci贸n de la obra o labor contratada.

Sobre el primer punto, las pruebas allegadas al expediente, llevan a las siguientes conclusiones:

a) Entre el accionante y la compa帽铆a Expertos Temporal Ltda. se celebraron sucesivos contratos por duraci贸n de obra, entre los a帽os 2005 y 2007;

b) En virtud de estos contratos, el peticionario prest贸 servicios de ventas a la Compa帽铆a Fritolay S.A.;

c) Estando vigente el contrato suscrito el 30 de enero de 2007 el peticionario sufri贸 un accidente de trabajo. Al respecto, es claro que el accionante ha recibido toda la atenci贸n m茅dica necesaria por parte de su ARP;

d) La relaci贸n contractual entre Fritolay S.A. y Expertos Temporal Ltda. finaliz贸 el 30 de mayo de 2007;

e) A ra铆z de la finalizaci贸n de la relaci贸n entre las dos compa帽铆as, Expertos Temporal Ltda. lleg贸 a acuerdos de terminaci贸n del v铆nculo laboral con un grupo de trabajadores que se encontraban en misi贸n en Fritolay S.A. y, en esa ocasi贸n no busc贸 la terminaci贸n del contrato con el accionante, debido a su estado de salud;

g) El 15 de diciembre de 2007, cuando la compa帽铆a consider贸 que el demandante hab铆a recobrado su estado de salud, decidi贸 terminar unilateralmente el contrato de trabajo. La apreciaci贸n de la compa帽铆a tuvo como fundamento el dictamen de la especialista en medicina laboral de la ARP Colpatria, confirmado por una junta m茅dica, y cuyo contenido fue rese帽ado en el cap铆tulo de Antecedentes.

De los hechos expuestos, esta Sala concluye que la empresa Expertos Temporal Ltda. cumpli贸 parcialmente con sus obligaciones legales y constitucionales de solidaridad y no discriminaci贸n frente al peticionario;

As铆, es claro que la entidad pretendi贸 mantener el v铆nculo hasta que el peticionario recuperara su normalidad fisiol贸gica pero, sin embargo, decidi贸 terminar la relaci贸n con un dictamen que no establec铆a la recuperaci贸n del trabajador, sino su retorno al trabajo con restricciones.

Al considerar, equivocadamente, que ya que el peticionario hab铆a recuperado la normalidad fisiol贸gica, Expertos Temporal Ltda. decidi贸 terminar el contrato de trabajo unilateralmente, sin cumplir con el requisito del art铆culo 26 de la Ley 361 de 1997. Esto es, sin solicitar la autorizaci贸n del Ministerio de la Protecci贸n Social, y sin cancelar los 180 d铆as de salario como indemnizaci贸n por el despido.

Al respecto, considera la Sala que la compa帽铆a dio un alcance a la protecci贸n laboral al discapacitado diferente al que ha sido establecido por la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia, y en particular, en las mencionadas sentencias T-1040 de 2001 y T-198 de 2006. En estas sentencias, claramente se ha establecido que la protecci贸n de la Ley 361 de 1997 cobija tanto a quien tiene una condici贸n de discapacidad, certificada por los 贸rganos, y de acuerdo con los par谩metros y mecanismos legalmente dise帽ados para el efecto, como a quien se encuentre afectado por una enfermedad que lo ubica en posici贸n de debilidad manifiesta.

La Sala toma nota de que la compa帽铆a mantuvo la relaci贸n laboral con el peticionario una vez ocurrido el accidente de trabajo y hasta el momento en el que consider贸 que el peticionario se hallaba recuperado, hecho que interpreta como una muestra de buena fe en las actuaciones de la entidad. Por esta raz贸n, se abstendr谩 de ordenar el pago de la indemnizaci贸n contemplada en el inciso segundo del art铆culo 27 de la Ley 361 de 1997, sin perjuicio de que en el marco de un proceso laboral, se llegue a una decisi贸n diferente.

Sin embargo, su idea del principio de solidaridad y del deber de no discriminaci贸n necesariamente aplicables en este caso es insuficiente. La empresa se ci帽贸 a un concepto formal de discapacidad que no contempla la debilidad manifiesta como fuente de la especial protecci贸n frente al trabajador. En contraste con esta posici贸n, para la Corte Constitucional es precisamente 聽la condici贸n de debilidad manifiesta, y no la calificaci贸n legal, la fuente de la protecci贸n constitucional en el 谩rea laboral.

En este caso es evidente que la empresa conoc铆a del estado de salud del peticionario, al punto que se abstuvo de romper el v铆nculo laboral en espera de su recuperaci贸n; pero no se entiende c贸mo concluy贸 que la persona se hallaba recuperada con base en un concepto de聽retorno al trabajo con restricciones, y con el conocimiento de que se trata de una persona con heridas abiertas por colostom铆a, lo que reduce notoriamente sus posibilidades en el mercado laboral. Al contrario de la opini贸n de Expertos Temporal Ltda. ese dictamen demuestra la condici贸n de debilidad manifiesta del peticionario y, en ese sentido, su despido debi贸 contar con la autorizaci贸n del Ministerio de la Protecci贸n Social.

Ahora bien. Tampoco ignora la Sala que el contrato de trabajo del peticionario fue pactado por聽duraci贸n de la obra o labor, y que la compa帽铆a usuaria Fritolay S.A. dio por terminada la relaci贸n laboral con Expertos Temporal Ltda., lo que podr铆a llevar a pensar que no existe la causa material del v铆nculo; que una orden de reintegro podr铆a resultar desproporcionada frente a la compa帽铆a Expertos Temporal Ltda; y, por 煤ltimo, que no se acredita el requisito de probar el nexo causal entre el despido y la condici贸n del peticionario.

Sin embargo, existen tres razones por las cuales la Sala considera que en esta oportunidad, a diferencia de lo ocurrido en otras ocasiones[36], la empresa debe soportar la carga de buscar la reubicaci贸n del peticionario:

En primer lugar, la celebraci贸n de contratos sucesivos entre Expertos Temporal Ltda. y el peticionario, por lo menos, entre el a帽o 2005 y el 2007[37] debe considerarse dentro de las circunstancias concretas del caso, especialmente, en lo concerniente al derecho a la estabilidad laboral reforzada, y a la aplicaci贸n del principio de solidaridad social[38]. La Sala considera que la realizaci贸n de contratos sucesivos por un per铆odo de aproximadamente tres a帽os, (i) constituye un indicio suficiente sobre el hecho de que el se帽or 脫scar Ferm铆n Maldonado Casta帽eda se desempe帽贸 satisfactoriamente como vendedor durante un amplio per铆odo; y (ii), genera unas expectativas especiales en relaci贸n con la estabilidad laboral.

La compa帽铆a Expertos Temporal Ltda. se帽ala que, puesto que su relaci贸n con Fritolay S.A. finaliz贸 en mayo de 2007, los servicios prestados por el actor no son necesarios actualmente. Sin embargo, en la medida en que se trata de un trabajador que lleva varios a帽os vinculado con la entidad y ha demostrado idoneidad para el ejercicio de una de las funciones en las cuales la empresa sostiene relaciones contractuales[39], considera esta Sala que, en virtud del principio de solidaridad la compa帽铆a debi贸 intentar la reubicaci贸n del trabajador en un puesto similar antes de dar por terminado el contrato de trabajo o, en caso de que su reubicaci贸n no fuera posible, debi贸 solicitar la autorizaci贸n al Ministerio de la Protecci贸n Social.

Sobre la reubicaci贸n de un trabajador, la Corte ha expresado que 茅sta depende de las condiciones materiales de la compa帽铆a. Pues bien, de acuerdo con la informaci贸n comercial de la entidad demandada[40], 茅sta hace parte de un grupo de empresas que cuenta con m谩s de doce mil empleados en el pa铆s que trabajan en diversas 谩reas, como lo son: aseo institucional, mantenimiento integral, administraci贸n de centros de correspondencia y servicios administrativos.

De conformidad con las consideraciones efectuadas hasta el momento, es claro que para la empresa Expertos Temporal Ltda. no resultaba una carga desproporcionada buscar la ubicaci贸n del peticionario, en 谩reas 鈥渁dministrativa鈥 o de 鈥渃entros de correspondencia鈥, de acuerdo con las restricciones emitidas por la ARP. Sin embargo, la entidad prefiri贸 dar por terminado el contrato de trabajo de forma unilateral, sin reparar en la condici贸n de debilidad del trabajador, y sin solicitar autorizaci贸n del Ministerio de la Protecci贸n Social.

En conclusi贸n, la formaci贸n del Se帽or Maldonado como vendedor; el haber prestado sus servicios durante varios a帽os a la compa帽铆a Expertos Temporal Ltda.; el hecho de que sufre de unas dolencias derivadas de un ataque del que fue v铆ctima mientras prestaba sus servicios para la compa帽铆a; y, por 煤ltimo, las posibilidades f谩cticas de la compa帽铆a, llevan a considerar que el deber de solidaridad en este caso, obliga a Expertos Temporal Ltda. a (i) intentar su reubicaci贸n en un puesto similar, en otra compa帽铆a diferente; y (ii) sujetar su despido a la recuperaci贸n聽definitiva de la normalidad fisiol贸gica del peticionario[41], o a la obtenci贸n del permiso del Ministerio de la Protecci贸n Social.

La Sala dar谩 aplicaci贸n al inciso primero del art铆culo 26 de la Ley 361 de 1997 que establece la ineficacia del despido de un trabajador discapacitado sin justa causa, y sin permiso del Ministerio de la Protecci贸n Social, de conformidad con la interpretaci贸n adoptada por esta Corporaci贸n en la Sentencia C-531 de 2000. La Sala recuerda, adem谩s, que la discriminaci贸n no se presenta s贸lo por actitudes positivas (manifestaciones de voluntad externas) en contra de un grupo o persona vulnerable, sino tambi茅n, por omitir la protecci贸n especial ordenada por la Constituci贸n, frente a tales personas.

En virtud de lo expuesto, la Sala considera ineficaz el despido y ordenar谩: (i) el pago de todos los salarios y prestaciones dejados de percibir, tomando como base, el promedio salarial de seis meses previos a la incapacidad del peticionario; (ii) ordenar谩 a la ARP determinar si, como consecuencia del accidente laboral, el se帽or Maldonado Casta帽eda presenta alg煤n grado de incapacidad laboral permanente y, de ser as铆, adelantar los tr谩mites para el pago de la indemnizaci贸n; (iii) Reintegrar al peticionario聽 a un cargo similar al que desempe帽aba al momento de sufrir el accidente laboral; (iv) advertir a Expertos Temporal Ltda. que no puede dar por terminado el contrato de trabajo, salvo que (iv.1) obtenga autorizaci贸n del Ministerio de la Protecci贸n Social; o, (iv.2) compruebe que el peticionario se encuentra聽por completo rehabilitado. Esto es, se reitera, sin restricciones laborales de ning煤n tipo, y sin que presente una incapacidad laboral permanente.

La decisi贸n de no ordenar el pago de indemnizaci贸n contemplada en el inciso segundo del art铆culo 26 de la Ley 361 de 1997, as铆 como la situaci贸n laboral del peticionario frente a la compa帽铆a Fritolay S.A. podr谩n ser discutidas ante la jurisdicci贸n laboral.

III. DECISI脫N

Con fundamento en las consideraciones expuestas en precedencia, la Sala Tercera de Revisi贸n de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constituci贸n,

RESUELVE:

Primero.- REVOCAR los fallos de primera y segunda instancia, proferidos por el Juzgado Cincuenta y Siete Penal Municipal con Funci贸n de Control de Garant铆as de Bogot谩 el veinte (20) de febrero de dos mil ocho (2008), y el Juzgado Veintitr茅s Penal del Circuito de Bogot谩 el doce (12) de mayo de dos mil ocho (2008).

Segundo.- ORDENAR a la Empresa Expertos Temporal Ltda., que en el t茅rmino de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificaci贸n de esta providencia proceda a reintegrar y, de ser necesario, a reubicar al se帽or 脫scar Ferm铆n Maldonado Casta帽eda a un cargo apto para lograr un desempe帽o laboral adecuado y compatible con su estado actual de salud.聽聽 Con ese prop贸sito, deber谩 contar con la asistencia en forma permanente de la Administradora de Riesgos Profesionales del Seguro Social -ARP-.

Tercero.- ORDENAR a la ARP Colpatria S.A. adelantar la evaluaci贸n definitiva sobre la eventual configuraci贸n de una incapacidad parcial permanente que afecte al se帽or 脫scar Ferm铆n Maldonado Casta帽eda, en caso de que no lo hubiere hecho a煤n. El t茅rmino para cumplir esta orden es de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificaci贸n del presente fallo.

Cuarto.- ADVERTIR a la entidad Expertos Personal Temporal Ltda. que para terminar el contrato de trabajo con el se帽or Maldonado Casta帽eda deber谩 asegurarse (i) de su recuperaci贸n integral, lo que incluye la inexistencia de una incapacidad parcial permanente; o, bien, (ii) obtener la autorizaci贸n del Ministerio de la Protecci贸n Social. En todo caso, deber谩 respetar el debido proceso y pagar las sumas legalmente derivadas de un futuro despido.

Quinto.-聽ADVERTIR al se帽or 脫scar Ferm铆n Maldonado Casta帽eda que de no interponer la acci贸n laboral dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la notificaci贸n de esta sentencia cesar谩n los efectos del reintegro ordenado en el numeral segundo de la parte resolutiva de esta providencia.

Sexto.-聽D脡SE cumplimiento a lo dispuesto en el art铆culo 36 del Decreto 2591 de 1991.

Notif铆quese, comun铆quese, c煤mplase e ins茅rtese en la Gaceta de la Corte Constitucional.

JAIME C脫RDOBA TRIVI脩O

Magistrado Ponente

RODRIGO ESCOBAR GIL

Magistrado

MAURICIO GONZ脕LEZ CUERVO

Magistrado

MARTHA VICTORIA S脕CHICA M脡NDEZ

Secretaria

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