historia laboral

Julio 7, 2005 10:00 pm

Sentencia T-718/05

07 de Julio de 2005

Corte Constitucional

historia laboral

ADMINISTRACION DE DATOS PERSONALES-Principios

HISTORIA LABORAL-Contenido y finalidad/HISTORIA LABORAL-Caracter铆sticas/HOJA DE VIDA DEL TRABAJADOR/HISTORIA LABORAL

En el historial laboral de un empleado se encuentra registrada toda la informaci贸n, positiva o negativa, relacionada con su hoja de vida, desempe帽o en el ejercicio de funciones聽tales como reconocimientos, llamados de atenci贸n, suspensiones. As铆 mismo, la historia laboral contiene la informaci贸n referente al tiempo laborado, las cotizaciones a la seguridad social, los periodos de vacaciones disfrutados o pendientes, el registro de sus cesant铆as, nombramientos, ascensos, traslados, retiros, incapacidades, comisiones de trabajo, entre otros datos indispensables para el goce de las prestaciones laborales que nuestro ordenamiento concede al trabajador. Por lo anterior, resulta necesario para la realizaci贸n efectiva de todas las garant铆as otorgados por el legislador a los trabajadores, que su historial laboral contenga informaci贸n, cierta, precisa y fidedigna, y, por lo tanto, surge la prerrogativa del empleado de solicitar a su patrono, en ejercicio de su derecho fundamental de聽 habeas data y de petici贸n, la correcci贸n de incongruencias en el contenido del mismo.

Lo anterior, adem谩s, considerando la especial protecci贸n que otorga nuestra Carta al trabajador como parte d茅bil en la relaci贸n laboral. As铆 mismo, debe tenerse en cuenta que:

(i) la informaci贸n contenida en estas bases de datos constituye la referencia para determinar ciertos derechos concedidos por el legislador a los trabajadores. Por ejemplo, dicho datos determinar铆an el monto de la liquidaci贸n a la que tiene derecho el trabador al momento de finalizar su contrato laboral, o el monto de la indemnizaci贸n por despido sin justa causa en el caso de presentarse; y (ii) ciertos errores contenidos en la historia laboral de un trabajador, podr铆an desconocer otros derechos fundamentales reconocidos por la Carta.聽 As铆, en el caso en que se registre equ铆vocamente un llamado de atenci贸n en la hoja de vida del trabajador y no se proceda a su correcci贸n, podr铆a vulnerarse su derecho al buen聽nombre. En este punto, la Sala resalta que, espec铆ficamente en materia de informaci贸n laboral, la informaci贸n debe ser precisa, clara, detallada, comprensible y oportuna, a fin de que, de un lado, el trabajador pueda reclamar los derechos que le asisten,聽y, del otro, se protejan en su integridad los dem谩s derechos fundamentales de los que son titulares.

DERECHO DE PETICION-Fundamental aut贸nomo/DERECHO DE PETICION-Contenido y alcance

DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL-Imposibilidad de trasladar al peticionario las fallas o deficiencias de la administraci贸n en el manejo de la informaci贸n

Referencia: expediente T-1072043

Peticionaria: Adriana Mar铆a Zuluaga Giraldo

Accionado: E.S.E Rafael Uribe Uribe de Antioquia

Magistrado Ponente:

Dr. MARCO GERARDO MONROY CABRA

Bogot谩 D.C., siete ( 7) de julio de dos mil cinco (2005)

La Sala Sexta de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Humberto Antonio Sierra Porto, 脕lvaro Tafur Galvis y Marco Gerardo Monroy Cabra, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha pronunciado la siguiente

SENTENCIA

En el proceso de revisi贸n de la sentencia proferida por el Juzgado 14 Penal del Circuito de Medell铆n, el 1掳 de febrero de 2005.

I. ANTECEDENTES

La ciudadana Adriana Mar铆a Zuluaga Giraldo interpuso acci贸n de tutela contra la Empresa Social del Estado, Rafael Uribe Uribe de Antioquia, por considerar que la聽demora injustificada de esta entidad en la remisi贸n de la documentaci贸n necesaria para que el聽Grupo de Escisi贸n del Instituto de Seguros Sociales con sede en Bogot谩 procediera a adelantar las actuaciones requeridas para el reconocimiento y cancelaci贸n de sus pasivos laborales vulnera sus derechos fundamentales a la intimidad, al聽habeas data聽y al buen nombre.

A.聽Hechos relatados por la demandante

1.聽El 15 de mayo de 2003, la se帽ora Adriana Mar铆a Zuluaga Giraldo renunci贸 al cargo que ocupaba en la Cl铆nica Le贸n XIII, hoy Empresa Social del Estado Rafael Uribe Uribe de Antioquia.

2.聽En la primera semana de noviembre de la misma anualidad, recibi贸 una llamada del departamento de n贸mina de la E.S.E. Rafael Uribe Uribe para que se presentara en dicha entidad con el fin de ser notificada del pago de la liquidaci贸n de cesant铆as, intereses a las cesant铆as y las prestaciones sociales, por lo que el 4 de noviembre de 2003 se present贸 ante la entidad con la finalidad se帽alada.

3.聽Transcurridos varios meses sin saber nada al respecto, el 1 de julio de 2004, la accionante dirigi贸 derecho de petici贸n a la E.S.E., entidad que le respondi贸 que toda la documentaci贸n relacionada con su liquidaci贸n se encontraba en el Grupo de Escisi贸n del I.S.S. en Bogot谩 y que, por tanto, era all铆 donde deb铆a solicitar cualquier informaci贸n.

4.聽En consecuencia, radic贸 derecho de petici贸n en el Grupo de Escisi贸n del I.S.S. en Bogot谩, el cual le se帽al贸 que, al verificar la informaci贸n suministrada por la E.S.E. Rafael Uribe Uribe, fueron advertidas varias inconsistencias, por lo que, el Grupo de Escisi贸n, el 26 de agosto de 2004, solicit贸 a la E.S.E., las aclaraciones correspondientes para efectos de expedir el acto administrativo a que haya lugar para el pago de los pasivos respectivos.

5.聽Inconforme con las respuestas otorgadas, la actora interpuso un nuevo derecho de petici贸n ante las dos entidades. El Grupo de Escisi贸n reiter贸 lo expresado en la comunicaci贸n anterior, manifestando que hab铆a solicitado la documentaci贸n necesaria a la E.S.E. Rafael Uribe Uribe, para que la Vicepresidencia Administrativa expidiera el acto administrativo reconociendo el pago de las acreencias laborales a favor de la actora. La E.S.E., por su parte, expres贸 que estaba realizando los ajustes necesarios a las acreencias laborales de la accionante con el fin de que聽鈥減udieran ser legalizadas y procedieran a su cancelaci贸n.鈥

6.聽Ante las respuestas obtenidas, la accionante elev贸 un tercer derecho de petici贸n ante el Grupo de Escisi贸n con el fin de que le informaran qu茅 mecanismos de car谩cter obligatorio estaban ejerciendo sobre la E.S.E. Rafael Uribe Uribe para el env铆o de la documentaci贸n con las correcciones de las inconsistencias respectivas. Frente a esta nueva solicitud el Grupo de Escisi贸n contest贸, mediante escrito del 27 de diciembre de 2004, que el 2 de diciembre de 2004 se hab铆a solicitado al Jefe de Recursos Humanos de la E.S.E. el env铆o de toda la documentaci贸n relacionada con sus pasivos laborales, raz贸n por la que una vez esta entidad remitiera y certificara en debida forma las prestaciones sociales de la actora, proceder铆an a reconocer y ordenar el pago de las mismas.

7.聽En virtud de estas circunstancias, expresa la actora que a la fecha de interposici贸n de la tutela, esto es 21 de enero de 2005, la E.S.E. no ha realizado las correcciones requeridas por el Grupo de Escisi贸n para el reconocimiento y pago de sus prestaciones sociales. Considera, entonces, que la administraci贸n que la E.S.E. Rafael Uribe Uribe – entidad que tiene a su cargo la base de datos de su historia laboral 鈥 ha venido haciendo respecto de la informaci贸n documental relativa a sus prestaciones laborales, vulnera sus derechos fundamentales a la intimidad, al聽habeas data聽y al buen nombre.

8.聽As铆 las cosas, la se帽ora Zuluaga solicita que se ordene a la E.S.E. Rafael Uribe Uribe corrija las inconsistencias presentadas en la documentaci贸n relacionada con sus acreencias laborales y la env铆e al Grupo de Escisi贸n en Bogot谩, para que esta entidad pueda proceder a reconocer y cancelar sus pasivos pensionales.

B. Actuaciones procesales

La se帽ora Zuluaga interpuso acci贸n de tutela contra la Empresa Social del Estado-E.S.E. Rafael Uribe y Uribe. Sin embargo, esta Sala consider贸 que la decisi贸n del presente fallo tambi茅n podr铆a afectar al Grupo de Escisi贸n del Instituto de Seguros Sociales con sede en Bogot谩, raz贸n por la cual, mediante auto del 14 de junio de 2005, esta Corporaci贸n puso en conocimiento de la entidad la presente acci贸n con el fin de que se pronunciara sobre la misma, la cual no alleg贸 escrito alguno.

II. DECISI脫N JUDICIAL

A. 脷nica Instancia

El Juzgado 14 Penal del Circuito de Medell铆n, mediante providencia del 1掳 de febrero de 2005, decidi贸聽negar la tutela por improcedente, por considerar que la entidad demandada no est谩聽鈥渉aciendo uso de informaci贸n negativa que afecte su prestigio o el de su familia鈥.

Precisa que el presente proceso se refiere a un cuestionamiento de una tarea administrativa que se surte entre dos dependencias para obtener el ajuste de las cuentas relacionadas con la liquidaci贸n de la accionante a fin de determinar los valores a saldar, los cuales deben ser certificados por los funcionarios competentes. En este orden, afirma que las actuaciones cuestionadas y la tardanza en la determinaci贸n y env铆o de las inconsistencias de las acreencias laborales, en ning煤n momento desconocen el prestigio social ni la intimidad de la peticionaria.

III. PRUEBAS

A continuaci贸n se relacionan las pruebas que fueron aportadas al expediente:

1.聽Acta de notificaci贸n de la Resoluci贸n 000234 del 25 de junio de 2003, mediante la cual se reconoce y ordena el pago de la liquidaci贸n de las prestaciones sociales a la se帽ora Adriana Mar铆a Zuluaga Giraldo.

2.聽Respuesta al derecho de petici贸n emitida por la Jefe de Divisi贸n de Recursos Humanos, Mar铆a Elena 脕lvarez Gonz谩lez de la E.S.E. Rafael Uribe Uribe del 28 de junio de 2004, mediante la cual se le informa que la documentaci贸n relacionada con el caso de la se帽ora Adriana Mar铆a Zuluaga Giraldo se encuentra en el Grupo de Escisi贸n del Instituto de Seguros Sociales.

3.聽Respuesta al derecho de petici贸n, interpuesto por la se帽ora Zuluaga, el 2 de agosto de 2004, emitido por el Grupo de聽Escisi贸n del Instituto de Seguros Sociales, el 26 de agosto de 2004, mediante el cual se le informa que al encontrar incongruencias en su hoja de vida, se solicit贸 su correcci贸n a la E.S.E.

4.聽Respuesta al derecho de petici贸n interpuesto por la se帽ora Zuluaga, el 13 de septiembre de 2004, emitido por el Grupo de Escisi贸n del Instituto de Seguros Sociales del 26 de octubre de 2004, reiterando que al encontrar incongruencias en su hoja de vida, se solicit贸 su correcci贸n a la E.S.E.

5.聽Respuesta al derecho de petici贸n emitida por la Jefe de Divisi贸n de Recursos Humanos de la E.S.E. Rafael Uribe Uribe, Mar铆a Elena 脕lvarez Gonz谩lez, el 22 de noviembre de 2004, mediante la cual se le informa que se est谩n realizando los ajustes correspondientes.

6.聽Respuesta al derecho de petici贸n interpuesto por la se帽ora Zuluaga, el 12 de diciembre de 2004, emitido por el Grupo de Escisi贸n del Instituto de Seguros Sociales el 27 de diciembre de 2004, reiterando que al encontrar incongruencias en su hoja de vida, se solicit贸 su correcci贸n a la E.S.E.

IV. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

A. Competencia

Esta Corte es competente de conformidad con los art铆culos 86 y 241 de la Constituci贸n Nacional, y el decreto 2591 de 1991, para revisar el presente fallo de tutela.

B. Fundamentos

C. Problema jur铆dico

Corresponde a la Sala determinar: (i) si la demora por parte de una entidad de corregir datos consignados en la historia laboral de una persona puede acarrear vulneraci贸n de su derecho fundamental al聽habeas data聽y (ii) si las fallas en la comunicaci贸n entre dos entidades administrativas desconoce el derecho fundamental de petici贸n, al imposibilitar una respuesta oportuna y de fondo a lo pedido por el accionante.

Para resolver los problemas jur铆dicos referidos, la Sala proceder谩 a realizar un an谩lisis en torno de la jurisprudencia relativa al derecho a la autodeterminaci贸n inform谩tica y su relaci贸n con la historia laboral manejada por los empleadores, as铆 como la necesidad聽de una respuesta de fondo y oportuna frente al derecho de petici贸n que se presente ante la Administraci贸n.

(i)聽An谩lisis del derecho fundamental del聽habeas data聽y sus caracter铆sticas en la vertiente de acceso a datos de historia laboral

Esta Corporaci贸n ha tenido la oportunidad de precisar la existencia de tres derechos fundamentales constitucionales aut贸nomos: el derecho a la intimidad, el derecho al buen nombre y el derecho al聽habeas data[1], los cuales surgen del an谩lisis sistem谩tico del art铆culo 15 de la Carta Pol铆tica.[2] Esta diferenciaci贸n se torna de suma importancia, toda vez que permite la protecci贸n en forma independiente de cada uno de los derechos referidos.

En este sentido, el聽habeas data, tambi茅n denominado derecho a la autodeterminaci贸n inform谩tica, se ha definido como aqu茅l que otorga la facultad[3] al titular de datos personales, de exigir a las administradoras de los mismos el acceso, inclusi贸n, exclusi贸n, correcci贸n, adici贸n, actualizaci贸n, y certificaci贸n de los datos, as铆 como la limitaci贸n en la posibilidades de divulgaci贸n, publicaci贸n o cesi贸n de los mismos.[4]

As铆 las cosas, la informaci贸n que obre en la base de datos, conforme al art铆culo 15 superior, puede ser objeto de varias acciones por parte de los ciudadanos, esto es, conocida la informaci贸n pertinente, el titular puede solicitar la actualizaci贸n o la rectificaci贸n; en el primero de los eventos, puede solicitar la rectificaci贸n聽que no es otra cosa que la concordancia del dato con la realidad, al tiempo que en la segunda hip贸tesis la actualizaci贸n hace referencia a la vigencia del dato de tal manera que no se muestren situaciones carentes de actualidad.

De otra parte, la Corte Constitucional en Sentencia T-729 de 2002[5] estableci贸 los principios a los cuales est谩 sometida la administraci贸n de datos personales, con el fin de garantizar a plenitud los derechos fundamentales de los titulares de los datos.

Estos principios podr铆an sintetizarse como sigue:

鈥(i) principio de libertad, de acuerdo con el cual los datos personales s贸lo pueden ser registrados y divulgados con el consentimiento libre, previo y expreso del titular; (ii) principio de necesidad por el cual los datos personales que se registran deben ser los estrictamente necesarios para el cumplimiento de las finalidades que ostente la base de datos respectiva; (iii) principio de veracidad, que indica que los datos personales deben a obedecer a circunstancias reales, no habiendo lugar a la administraci贸n de datos falsos o err贸neos; (iv) principio de integridad que prohibe que la divulgaci贸n o registro de la informaci贸n, a partir del suministro de datos personales, sea incompleta, parcial o fraccionada; (v) principio de finalidad, por el que el acopio, procesamiento y divulgaci贸n de datos personales debe obedecer a una finalidad constitucionalmente leg铆tima definida de manera clara y previa; (vi) principio de utilidad, que prescribe la necesidad de que el acopio, procesamiento y divulgaci贸n de datos cumpla una funci贸n determinada, como expresi贸n del ejercicio leg铆timo del derecho a la administraci贸n de los mismos; (vii) principio de incorporaci贸n, por el cual deben incluirse los datos de los quederiven condiciones ventajosas para el titular cuando 茅ste re煤ne los requisitos jur铆dicos para el efecto, y (viii) principio de caducidad que proh铆be la conservaci贸n indefinida de datos despu茅s de que han desaparecido las causas que justificaban su administraci贸n.[6]

Los principios enunciados, en conjunto con las garant铆as del orden constitucional en la materia, implican tanto una obligaci贸n general de diligencia en la administraci贸n de datos personales como una obligaci贸n espec铆fica de corregir y solventar los perjuicios causados por las posibles fallas en el manejo de los mismos.

De otra parte, esta Corporaci贸n ha prescrito en diferentes oportunidades que las entidades de naturaleza p煤blica o privada que son administradores de bancos de datos o archivos p煤blicos聽est谩n en la obligaci贸n de actualizar y rectificar constantemente la informaci贸n que en ellos se consigna, as铆 como de ponerla a disposici贸n de sus titulares y garantizar el acceso a la informaci贸n con las restricciones que la Constituci贸n y la ley establecen[7].

Ahora, respecto del tema concerniente a la administraci贸n de datos y a los archivos como instrumentos que posibilitan la garant铆a para el ejercicio de聽determinados derechos fundamentales y dotan de contenido al Estado de Derecho, la Corte, en sentencia T- 214 de 2004[8], expres贸:

鈥淟os archivos, en contextos de complejidad sist茅mica como los son las sociedades contempor谩neas, suponen no s贸lo la correcta organizaci贸n de los documentos que se producen en el ejercicio estatal, sino que implican la posibilidad de ejercer derechos tan diversos como el acceso a la informaci贸n y el goce efectivo de prestaciones sociales 鈥揺ntre otros-[9]. Constituye adem谩s, uno de los pilares sobre los cuales se edifica el Estado de derecho en la modernidad: la posibilidad de ejercer control social, pol铆tico y jur铆dico de las actuaciones que se desarrollan al interior de Administraci贸n p煤blica. En la sistematizaci贸n de la informaci贸n, adem谩s, se manejan un saber y un poder espec铆ficos que, como tales, deben estar abiertos al conocimiento y debate p煤blicos 鈥揹adas ciertas excepciones-.鈥

En conclusi贸n, la Sala reitera que existe una obligaci贸n constitucional para los administradores de archivos p煤blicos en el sentido de actualizar, a partir de las posibilidades existentes y de la funci贸n聽constitucional que desempe帽an y soportan, la informaci贸n que custodian y administran, toda vez que 茅sta permite el goce efectivo de otros derechos por parte de los titulares de la informaci贸n.

De otra parte, la Sala considera necesario precisar la obligaci贸n general de diligencia en la administraci贸n de datos frente a la historia laboral del empleado por parte de las entidades p煤blicas y privadas, teniendo en cuenta que 茅sta tambi茅n se constituye como uno de los objetos del derecho fundamental al聽habeas data.

En efecto, tal y como se estableci贸, la garant铆a de acceder a la informaci贸n constituye una de las manifestaciones del derecho al聽habeas data聽y a la autodeterminaci贸n inform谩tica, por cuanto est谩 dirigida a que los usuarios puedan聽“conocer, actualizar聽y rectificar las informaciones en archivos y bancos de datos”, que para el caso ser铆an las informaciones recogidas por los empleadores (p煤blicos o privados), respecto a los trabajadores que se encuentran bajo se dependencia.

En este sentido, en el historial laboral de un empleado se encuentra registrada toda la informaci贸n, positiva o negativa, relacionada con su hoja de vida, desempe帽o en el ejercicio de funciones tales como reconocimientos, llamados de atenci贸n, suspensiones. As铆 mismo, la historia laboral contiene la informaci贸n referente al tiempo laborado, las cotizaciones a la seguridad social, los periodos de vacaciones disfrutados o pendientes, el registro de sus cesant铆as, nombramientos, ascensos, traslados, retiros, incapacidades, comisiones de trabajo, entre otros datos indispensables para el goce de las prestaciones laborales que nuestro ordenamiento concede al trabajador.

Por lo anterior, resulta necesario para la realizaci贸n efectiva de todas las garant铆as otorgados por el legislador a los trabajadores, que su historial laboral contenga informaci贸n, cierta, precisa y fidedigna, y, por lo tanto, surge la prerrogativa del empleado de solicitar a su patrono, en ejercicio de su derecho fundamental de聽habeas data聽y de petici贸n,聽la correcci贸n de incongruencias en el contenido del mismo. Lo anterior, adem谩s, considerando la especial protecci贸n que otorga nuestra Carta al trabajador como parte d茅bil en la relaci贸n laboral.

As铆 mismo, debe tenerse en cuenta que: (i) la informaci贸n contenida en estas bases de datos constituye la referencia para determinar ciertos derechos concedidos por el legislador a los trabajadores. Por ejemplo, dicho datos determinar铆an el monto de la liquidaci贸n a la que tiene derecho el trabador al momento de finalizar su contrato laboral, o el monto de la indemnizaci贸n por despido sin justa causa en el caso de presentarse; y (ii) ciertos errores contenidos en la historia laboral de un trabajador, podr铆an desconocer otros derechos fundamentales reconocidos por la Carta.聽 As铆, en el caso en que se registre equ铆vocamente un llamado de atenci贸n en la hoja de vida del trabajador y no se proceda a su correcci贸n, podr铆a vulnerarse su derecho al buen nombre.[10]

En este punto, la Sala resalta que, espec铆ficamente en materia de informaci贸n laboral, la informaci贸n debe ser precisa, clara, detallada, comprensible y oportuna, a fin de que, de un lado, el trabajador pueda reclamar los derechos que le asisten, y, del otro, se protejan en su integridad los dem谩s derechos fundamentales de los que son titulares.

Al respecto, es importante se帽alar que los trabajadores y su empleador se encuentran vinculados por una relaci贸n desigual que justifica la especial protecci贸n聽a la parte d茅bil de la misma, asegur谩ndose que las etapas del proceso inform谩tico sean protegidas no s贸lo cuando la administraci贸n de datos es incompleta, falsa o inoportuna sino negligente, confusa o errada.

En este sentido, la Corte Constitucional ha establecido en Sentencia T-317 de 2004[11]:

鈥淓n relaci贸n con las fallas de informaci贸n sobre la historia laboral del actor, la Sala reitera que las consecuencias de dichas anomal铆as no pueden ser trasladadas al accionante. La protecci贸n de los derechos fundamentales que se puedan ver afectados por esa informaci贸n y el principio de buena fe, exigen que la administraci贸n maneje de manera diligente esa informaci贸n y mantenga actualizados los datos de quienes han prestado sus servicios al municipio e impiden que se traslade a los individuos la carga de demostrar situaciones cuya prueba e informaci贸n est谩 en manos de la propia administraci贸n. Tal como lo ha reiterado esta Corporaci贸n, el derecho al habeas data tiene una dimensi贸n positiva que comprende, a lo menos, (i) el derecho a figurar en los archivos de informaci贸n o en las bases de datos de las cuales depende el acceso a un derecho o servicio b谩sico; (ii) el derecho a que la informaci贸n sea correcta, completa y actualizada; y (iii) el derecho a que circule por los conductos regulares de manera efectiva y oportuna hasta la autoridad administrativa competente para decidir sobre el acceso al derecho o al servicio.

En consecuencia, como quiera que las fallas en el almacenamiento, actualizaci贸n y circulaci贸n interna de informaci贸n completa, oportuna y actualizada sobre la historia laboral del accionante, as铆 como sobre los posibles aportes de seguridad social pueden afectar el goce efectivo de los derechos fundamentales de habeas data y seguridad social y, adem谩s, vulnerar el principio de buena fe鈥澛[12]

Todo lo anterior permite concluir que se est谩 en presencia de una vulneraci贸n del derecho a la autodeterminaci贸n inform谩tica en los eventos en que se impide el conocimiento, actualizaci贸n y rectificaci贸n de bases de datos, incluidos los historiales laborales. En este orden, el聽habeas data聽o derecho a la autodeterminaci贸n inform谩tica no se erige solamente como un instrumento para solucionar la tensi贸n entre la intimidad de las personas y el inter茅s general, sino que constituye una garant铆a para el ejercicio efectivo de otros derechos

(ii)聽Desconocimiento del derecho fundamental de petici贸n cuando existen fallas en la comunicaci贸n entre dos entidades

El art铆culo 23 de la Carta establece que toda persona podr谩 鈥減resentar peticiones respetuosas ante las autoridades鈥 鈥 o ante las organizaciones privadas en los t茅rminos que se帽ale la ley 鈥, y, principalmente, “a obtener pronta resoluci贸n”.

La Corte Constitucional se ha ocupado ampliamente acerca del contenido, ejercicio y alcance del derecho de petici贸n, adem谩s de confirmar su car谩cter de derecho constitucional fundamental.

En este sentido, en Sentencia T-1089 de 2001[13], la Corporaci贸n realiz贸 una s铆ntesis de la jurisprudencia constitucional sobre las reglas b谩sicas que rigen el derecho de petici贸n, estableciendo, entre otros: (i)聽el derecho de petici贸n es fundamental y聽determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. Adem谩s, porque mediante 茅l se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la informaci贸n, a la participaci贸n pol铆tica y a la libertad de expresi贸n, (ii)聽el n煤cleo esencial del derecho de petici贸n reside en la resoluci贸n pronta y oportuna de la cuesti贸n, pues de nada servir铆a la posibilidad de dirigirse a la autoridad si 茅sta no resuelve o se reserva para s铆 el sentido de lo decidido, (iii)聽la respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. Oportunidad 2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. Ser puesta en conocimiento del peticionario, (iv) la respuesta no implica aceptaci贸n de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita, (v) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto es, a quienes ejercen autoridad. Pero, la Constituci贸n lo extendi贸 a las organizaciones privadas cuando la ley as铆 lo determine y (vi)En relaci贸n con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el t茅rmino que tiene la administraci贸n para resolver las peticiones formuladas, por regla general, se acude al art铆culo 6潞 del C贸digo Contencioso Administrativo que se帽ala 15 d铆as para resolver.

De no ser聽posible, antes de que se cumpla con el t茅rmino all铆 dispuesto y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deber谩 explicar los motivos y se帽alar el t茅rmino en el cual se realizar谩 la contestaci贸n. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del t茅rmino ser谩 determinante, puesto que deber谩 tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud.鈥

En conclusi贸n, el derecho fundamental de petici贸n聽consiste no s贸lo en el derecho de obtener una聽respuesta por parte de las autoridades sino a que 茅stas resuelvan de fondo, de manera clara y precisa la petici贸n presentada.[14]

En consecuencia, la respuesta que hace referencia a las inconsistencias en la comunicaci贸n y en el archivo de informaci贸n no constituyen una respuesta de fondo del asunto, toda vez que reiterada jurisprudencia establece que el administrado no est谩 en la obligaci贸n de聽 soportar esta carga.

As铆 mismo, tampoco constituye una respuesta de fondo frente a un derecho de petici贸n el se帽alar el tr谩mite que se est谩 surtiendo por parte de la entidad, cuando 茅ste no ha sido el objeto de la misma, m谩s a煤n cuando esta respuesta se da en forma reiterada e indefinida. Lo que se busca es la obtenci贸n de una respuesta de fondo con respecto a lo solicitado聽y no el conocimiento de un procedimiento de car谩cter administrativo que no es referente a la informaci贸n pedida.[15]

En efecto, cuando el objeto de la petici贸n no es el conocimiento del tr谩mite, lo que se requiere en realidad es conocer el resultado del mismo, la decisi贸n de la Administraci贸n en torno a dicho tr谩mite, y sobre todo, una respuesta de fondo frente a lo pedido, sea positiva o negativa.

De otra parte, la jurisprudencia de la Corte ha fijado una y otra vez el criterio consistente en que la administraci贸n no puede trasladar al peticionario las fallas o deficiencias en el manejo de la informaci贸n que est谩 obligada a guardar en sus archivos. Ha se帽alado, adem谩s, que el ejercicio de un derecho fundamental como el de petici贸n, no puede verse truncado por el descuido administrativo con el que se maneja su archivo documental, ya que de todas formas聽鈥渓a responsabilidad de acreditar sobre la ocurrencia de un determinado acto, situaci贸n o circunstancia ocurridos durante el cumplimento de las funciones p煤blicas se mantiene en cabeza de la misma [la administraci贸n], aun cuando la colaboraci贸n del peticionario en la complementaci贸n de la documentaci贸n resulte viable y pertinente, a fin de resolver a cabalidad sobre la solicitud formulada.鈥[16]

As铆 mismo, en Sentencia T-1160A de 2001[17], la Corporaci贸n afirm贸:

鈥2.6. Imposibilidad de trasladar al peticionario las fallas o deficiencias de la administraci贸n en el manejo de informaci贸n relacionada con la seguridad social

De las pruebas que obran en el expediente, constata la Corte que la falta de respuesta completa y de fondo a las peticionesdel actor surgi贸 de una deficiente comunicaci贸n entre las diferentes instancias del Instituto de Seguros Sociales y de fallas en la base de datos que sirve para determinar si un beneficiario del sistema de seguridad social tiene o no derecho a una prestaci贸n espec铆fica.

(鈥)

Las consecuencias derivadas de estas dos fallas en la informaci贸n y registros que administra el Instituto de Seguros Sociales no pueden ser trasladadas a los particulares. La protecci贸n de los derechos fundamentales que se puedan ver聽afectados por esa informaci贸n y el principio de buena fe, exigen que la administraci贸n maneje de manera diligente esa informaci贸n y mantenga actualizados los datos de quienes hacen sus aportes e impiden que se traslade a los individuos la carga de demostrar situaciones cuya prueba e informaci贸n est谩 en manos de la propia administraci贸n. (鈥)鈥

De otra parte, la respuesta al derecho de petici贸n debe hacerse en un plazo razonable, el cual debe ser lo m谩s corto posible[18], pues prolongar en exceso la decisi贸n de la solicitud, implica una violaci贸n de la Constituci贸n, como reiteradamente lo ha sostenido 茅sta Corporaci贸n:

鈥淟a efectividad del derecho de petici贸n y su valor axiol贸gico se deriva justamente del hecho de que el ruego debe ser resuelto con la mayor celeridad posible. Naturalmente, esta prerrogativa no permite obligar a las entidades p煤blicas ni particulares a resolver favorablemente las peticiones que les sometan los ciudadanos, por cuanto la norma superior se limita a se帽alar que, como consecuencia del mismo, surge el derecho a “obtener pronta resoluci贸n”, lo cual no implica que 茅sta necesariamente tenga que resultar de conformidad con los intereses del peticionario.

(…), la llamada 鈥減ronta resoluci贸n” exige el deber por parte de las autoridades administrativas聽de pronunciarse respecto de la solicitud impetrada. Se trata de una obligaci贸n de hacer, en cabeza de la autoridad p煤blica, que requiere del movimiento del aparato estatal con el fin de resolver la petici贸n ya sea favorable o desfavorablemente en relaci贸n聽con las pretensiones del actor y evitar as铆 una par谩lisis en el desempe帽o de la funci贸n p煤blica y su relaci贸n con la sociedad鈥.[19]

En conclusi贸n, esta Sala reitera que hace parte del derecho fundamental de petici贸n, consagrado en el art铆culo 23 de nuestra Carta Pol铆tica, la necesidad de la respuesta de fondo y oportuna, sin que la constituya la informaci贸n del tr谩mite en el cual se encuentra la solicitud, cuando 茅sta ha sido reiterada e indefinida.

D. Del caso en concreto

La Sala Sexta de Revisi贸n conceder谩 la tutela a los derechos fundamentales al聽habeas data聽y petici贸n de la se帽ora Adriana Mar铆a Zuluaga Giraldo al considerar que la Empresa Social del Estado, Rafael Uribe Uribe de Antioquia se encuentra en la obligaci贸n de realizar los ajustes necesarios en la historia laboral de la peticionaria. As铆 mismo, esta entidad y el Grupo de Escisi贸n del Instituto de Seguros Sociales deben producir una respuesta de fondo y oportuna a las peticiones de la misma.

De otra parte, debe anotarse que la se帽ora Zuluaga present贸 inicialmente acci贸n de tutela contra la E.S.E. Rafael Uribe Uribe, sin embargo, esta聽Sala consider贸 que tambi茅n pod铆a predicarse una vulneraci贸n del derecho de petici贸n por parte del Grupo de Escisi贸n del Instituto de Seguros Sociales teniendo en cuenta que, como se expresa en las respuestas a los derechos de petici贸n de la entidad, mediante Resoluciones 2362 del 1 de octubre de 2003 y 3184 del 29 de diciembre de 2003, el Presidente del Instituto de Seguros Sociales encarg贸 al referido Grupo de Escisi贸n el pago de las prestaciones causadas a los trabajadores de la E.S.E.

En consecuencia, mediante auto de 14 de junio de 2005, esta Corporaci贸n puso en conocimiento de la acci贸n a dicha entidad con el fin de que se pronunciara sobre la misma, la cual guard贸 silencio en el t茅rmino concedido.

Debe anotarse entonces, que se encuentra demostrado dentro del proceso que la se帽ora Zuluaga ha presentado varios derechos de petici贸n ante la E.S.E. Rafael Uribe Uribe y Grupo de Escisi贸n del Instituto de Seguros Sociales con el fin de que se proceda al pago de acreencias laborales adeudadas. Sin embargo, de ninguna de estas dos entidades ha recibido un respuesta oportuna ni de fondo respecto a su solicitud, tal y como se estudiar谩 a continuaci贸n.

Mediante Resoluci贸n No. 000234 de 25 de junio de 2003 suscrita por el Gerente de la Cl铆nica Le贸n XIII, hoy E.S.E. Rafael Uribe Uribe, se orden贸 el pago de las acreencias laborales de la peticionaria. Esta entidad inform贸 a la accionante que su caso hab铆a sido remitido al Grupo de Escisi贸n del Instituto de Seguros Sociales, quien a su vez le ha comunicado que se encuentra en espera de la correcci贸n de ciertos datos en su historia laboral por parte de la E.S.E.聽 Frente a dicha situaci贸n, la se帽ora Zuluaga ha solicitado a la E.S.E Rafael Uribe Uribe que proceda a realizar los ajustes y, como respuesta, se le ha dicho聽que se est谩n realizando los tr谩mites pertinentes.

De lo anterior puede concluirse que: (i) la E.S.E Rafael Uribe Uribe ha desconocido el derecho fundamental al聽habeas data, al no haber corregido, hasta la fecha, las inconsistencias contenidas en la historia laboral de la se帽ora Zuluaga, pese a las solicitudes presentadas por ella y por el Grupo de Escisi贸n del Instituto de Seguros Sociales; (ii) el desconocimiento del derecho fundamental al聽habeas data聽de la peticionaria tambi茅n puede predicarse del hecho que la E.S.E. no ha cumplido la obligaci贸n constitucional que le asiste como administrador de archivos p煤blicos, en este caso de historias laborales, en el sentido de actualizar los datos requeridos para el reconocimiento de las acreencias laborales; omisi贸n que no debe ser soportada por la se帽ora Zuluaga tal y como se ha se帽alado en esta providencia; (iii) las respuestas dadas por la E.S.E Rafael Uribe Uribe y el Grupo de Escisi贸n del Instituto de Seguros Sociales no constituyen un pronunciamiento de fondo de las peticiones presentadas por la se帽ora Zuluaga, sino que, por el contrario, son respuestas dilatorias a los mismos, toda vez que se limitan a informarle el procedimiento interno que se est谩 llevando a cabo con el pago de las acreencias laborales, y remiten indistintamente a la ciudadana a las dos dependencias, sin ofrecerle una soluci贸n definitiva; y (iv) se desconoce la prontitud que se predica de la respuesta al derecho de petici贸n teniendo en cuenta que no se ha producido una respuesta de fondo desde el 1 de julio de 2004.

Por tanto, la Sala no comparte la posici贸n sostenida por el Juzgado Catorce Penal de Circuito de Medell铆n, en el sentido que la E.S.E. Rafael Uribe Uribe no desconoci贸 el derecho fundamental a la intimidad del accionante, raz贸n por la cual no proced铆a el amparo.

En efecto, aunque de los hechos probados no puede predicarse vulneraci贸n al derecho a la intimidad, el demandante tambi茅n invoca vulnerado su derecho a conocer, actualizar y rectificar la informaci贸n que reposa聽en los archivos p煤blicos, es decir, el聽habeas data, que como se estableci贸 es un derecho independiente del derecho a la intimidad que tambi茅n goza de una protecci贸n aut贸noma.

En consecuencia, la Sala conceder谩 el amparo y ordenar谩 la protecci贸n del derecho fundamental al聽habeas data聽y de petici贸n de la se帽ora Adriana Mar铆a Zuluaga Giraldo.

En este sentido, se ordenar谩 a la Empresa Social del Estado-E.S.E. Rafael Uribe Uribe de Antioquia, que, en su condici贸n de Administrador de los datos laborales de la聽se帽ora Mar铆a Zuluaga Giraldo, realice todas las correcciones necesarias en su historia laboral, y proceda a remitir tal informaci贸n al Grupo de Escisi贸n del Instituto de Seguros Sociales.

As铆 mismo, en aras de la protecci贸n del derecho de petici贸n de la聽accionante, y de la obligaci贸n del Grupo de Escisi贸n de realizar todas las gestiones para proceder a dar una respuesta de fondo a lo solicitado por la se帽ora Zuluaga se le ordenar谩 hacer todos los requerimientos necesarios a la Empresa Social del Estado,聽Rafael Uribe Uribe con el fin de que 茅sta env铆e toda la informaci贸n requerida por esta entidad.

De otra parte, se ordenar谩 al Grupo de Escisi贸n del Instituto de Seguros Sociales que, una vez recibida la informaci贸n del Rafael Uribe Uribe, proceda en forma聽inmediata a dar un respuesta de fondo a la se帽ora Mar铆a Zuluaga Giraldo, no siendo v谩lida la referencia al tr谩mite interno que se est谩 llevando a cabo internamente, teniendo en cuenta, adem谩s, que de los hechos probados en el expediente se concluye que 茅sta es la unidad encargada de las prestaciones sociales de las personas que laboraron en las Empresas Sociales del Estado, tal y como lo fue la accionante.

En m茅rito de lo expuesto, la Sala Sexta de Revisi贸n de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo, y por mandato de la Constituci贸n Pol铆tica,

RESUELVE

PRIMERO : LEVANTAR聽la suspensi贸n de t茅rminos para fallar el presente asunto, decretada por la Sala en auto de聽 14 de junio de 2005.

SEGUNDO : REVOCAR聽el fallo proferido por el Juzgado Catorce Penal del Circuito de Medell铆n, el 1 de febrero de 2005 y, en su lugar,聽CONCEDER聽la tutela al derecho fundamental al聽habeas data聽y de petici贸n de la se帽ora Adriana Mar铆a Zuluaga Giraldo.

TERCERO :聽ORDENAR聽a la Empresa Social del Estado-E.S.E. Rafael Uribe Uribe de Antioquia adoptar las medidas necesarias para que, en el t茅rmino de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificaci贸n de la presente sentencia, si no lo ha hecho a煤n, proceda a realizar las correcciones y ajustes necesarios en la historia laboral de la se帽ora Adriana Mar铆a Zuluaga Giraldo, y聽 remita tal informaci贸n al Grupo de Escisi贸n del Instituto de Seguros Sociales con sede en Bogot谩, con el fin de que le sean canceladas las prestaciones laborales a las que tenga derecho.

CUARTO :聽ORDENAR聽al Grupo de Escisi贸n del Instituto de Seguros Sociales con sede en Bogot谩, que en el t茅rmino de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificaci贸n de la presente sentencia, realice todas las gestiones de requerimiento necesarias a la E.S.E. Rafael Uribe Uribe, para que env铆e toda la informaci贸n solicitada, si no lo ha hecho a煤n.

QUINTO :聽ORDENAR聽al Grupo de Escisi贸n del Instituto de Seguros Sociales con sede en Bogot谩, que en el t茅rmino de cuarenta y ocho (48) horas, contados a partir del recibo de la informaci贸n requerida por parte de la E.S.E. Rafael Uribe聽 Uribe, produzca una respuesta de fondo a los derechos de petici贸n presentados por la se帽ora Mar铆a Zuluaga Giraldo.

SEXTO聽:聽Para los efectos del art铆culo 36 del decreto 2591 de 1991, el聽juzgado de origen har谩 las notificaciones y tomar谩 las medidas conducentes para el cumplimiento de esta sentencia.

C贸piese, notif铆quese, comun铆quese, publ铆quese en la Gaceta de la聽Corte Constitucional y c煤mplase.

MARCO GERARDO MONROY CABRA

Magistrado

HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO

Magistrado

脕LVARO TAFUR GALVIS

Magistrado

MARTHA VICTORIA S脕CHICA M脡NDEZ

Secretaria General

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