Inexistencia de contrato laboral

agosto 2, 2000 4:22 pm

Sentencia T-990/00
Agosto 02 de 2000
Corte Constitucional
Inexistencia de contrato laboral

HOGARES COMUNITARIOS-V铆nculo contractual/MADRE COMUNITARIA-V铆nculo contractual


MADRE COMUNITARIA-Inexistencia de contrato laboral/LICENCIA DE MATERNIDAD DE MADRES COMUNITARIAS-Improcedencia de reconocimiento


Referencia: expedientes T-298609, T-309976, T-310294.


Acciones de tutela instauradas por: Margarita Madrid Sol铆s, Martha Liliana Valdez Acosta, Claudia Patricia Azc谩rate Bejarano y Erenia L贸pez Ruedas contra el Instituto de los Seguros Sociales y la Asociaci贸n de Padres de Hogares de Bienestar Saj贸n Hondo de Guadalajara de Buga (Valle).


Magistrado Ponente:


Dr. ANTONIO BARRERA CARBONELL


Santaf茅 de Bogot谩, D.C., agosto dos (2) de dos mil (2000).


La Sala Primera de Revisi贸n de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Antonio Barrera Carbonell, Alfredo Beltr谩n Sierra y Eduardo Cifuentes Mu帽oz, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente


SENTENCIA


dentro del tr谩mite de la revisi贸n de las tutelas instauradas por Margarita Madrid Sol铆s, Martha Liliana Valdez Acosta, Claudia Patricia Azc谩rate Bejarano y Erenia L贸pez Ruedas contra el Instituto de los Seguros Sociales y la Asociaci贸n de Padres de Hogares de Bienestar Saj贸n Hondo de Guadalajara de Buga (Valle).


I. ANTECEDENTES.


La identidad en el objeto de las acciones de tutela incoadas llev贸 a la acumulaci贸n de los expedientes en referencia, tal como se dispuso en diferentes Salas de Selecci贸n. En consecuencia, se examinar谩n conjuntamente y sobre el tema planteado se resolver谩 mediante el presente fallo.


1. Hechos.


1.1. En todos los casos se trata de mujeres que prestan sus servicios como madres comunitarias del Programa de Hogares de Bienestar que desarrolla el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y con esa calidad, fueron afiliadas al sistema general de seguridad social en salud a trav茅s de la E.P.S. Instituto de los Seguros Sociales.


1.2. Todas las demandantes aducen violaci贸n de los derechos de la mujer, a la seguridad social y a la salud, por parte del I.S.S., por no hab茅rseles reconocido y mucho menos ordenado el pago de la licencia de maternidad a que creen tener derecho.


1.3. Todas igualmente, afirman que se dedican exclusivamente al cuidado de los ni帽os de un hogar del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y s贸lo reciben una peque帽a retribuci贸n econ贸mica que soluciona en parte sus necesidades b谩sicas, pero no las de sus familias, raz贸n por la cual necesitan con urgencia el pago de la licencia de maternidad.


2. Pretensi贸n.


Las demandantes solicitan que se ordene al Instituto de los Seguros Sociales, y en uno de los casos a la Asociaci贸n de Padres de Hogares de Bienestar Saj贸n Hondo de Guadalajara de Buga (Valle), que en el t茅rmino de cuarenta y ocho horas, se reconozca y ordene pagar la prestaci贸n econ贸mica por licencia de maternidad a que tienen derecho.


3. Sentencias objeto de revisi贸n.


Expediente T-298609


El Juzgado Quinto Penal Municipal de Buenaventura (Valle), mediante providencia de diciembre 21 de 1999, resolvi贸 negar la tutela solicitada por Margarita Madrid Sol铆s, considerando que de acuerdo con los reportes de la Vicepresidencia Financiera del I.S.S., el estado actual del Iva Social destinado para la atenci贸n de las madres comunitarias presenta mora en el pago de las cotizaciones. En consecuencia la E.P.S. debe cumplir con lo establecido en el art铆culo 80 del decreto 806 de 1998, relacionado con el no pago de prestaciones econ贸micas, por parte del sistema general de seguridad social en salud cuando el empleador o el afiliado se encuentra en mora.


Impugnado el fallo correspondi贸 en segunda instancia al Juzgado Segundo Penal del Circuito de Buenaventura (Valle), quien mediante providencia del 27 de enero del 2000, confirm贸 el fallo recurrido, teniendo en cuenta que la tutela se interpuso varios meses despu茅s de que expirara la licencia de maternidad, por tanto el da帽o ya se ha consumado y los perjuicios derivados del mismo, junto con el valor econ贸mico de la prestaci贸n, debe ser reclamado a trav茅s de los jueces competentes.


Expediente T-309976


La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Guadalajara de Buga (Valle), mediante providencia del 3 de febrero del 2000, resolvi贸 negar por improcedente la tutela impetrada por Martha Liliana Valdez Acosta y Claudia Patricia Azc谩rate Bejarano contra la Asociaci贸n de Padres de Hogares de Bienestar Saj贸n Hondo, por cuanto la Ley 509 de 1999, que dispuso unos beneficios en favor de las madres comunitarias en materia de seguridad social es del 30 de julio de 1999, con vigencia a partir de su promulgaci贸n, resultando evidente su inaplicabilidad para las actoras para la prestaci贸n reclamada, toda vez que los partos se produjeron antes de esa fecha, y la ley no tiene efectos retroactivos.


Impugnado el fallo correspondi贸 en segunda instancia a la Sala de Casaci贸n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, quien mediante providencia del 14 de marzo del 2000, confirm贸 el fallo recurrido, considerando que las peticionarias cuentan con otro medio de defensa judicial, cual es acudir en demanda, ante la jurisdicci贸n competente, con el fin de obtener el pago de la licencia de maternidad que a su juicio creen tener derecho. Adem谩s, dentro del posible proceso que adelanten, pueden pedir, y de tener derecho, obtener el reconocimiento del pago de los eventuales da帽os ocasionados.


Expediente T-310294


El Juzgado Tercero Civil Municipal de Oca帽a (Norte de Santander), mediante providencia del 1掳 de febrero del 2000, deneg贸 la tutela impetrada por Erenia L贸pez Ruedas, teniendo en cuenta que existe un medio judicial para esta clase de reclamaciones, y es a trav茅s de esa v铆a que la actora debe demandar el pago de la licencia de maternidad, considerando que la acci贸n de tutela se instaur贸 despu茅s de diez meses de haber expirado la licencia de maternidad. En consecuencia, a pesar de haberse causado un perjuicio, por el tiempo transcurrido ya cesaron las exigencias que se requieren para la procedencia de la acci贸n de tutela.


Impugnado el fallo, correspondi贸 al Juzgado Primero Civil del Circuito de Oca帽a (Norte de Santander), quien en providencia del 13 de marzo del 2000, confirm贸 la sentencia de primera instancia, considerando que la conducta del I.S.S. se encuentra acorde con el art铆culo 80 del decreto 806 de 1998, que establece que cuando un empleador se encuentre en mora en sus cotizaciones, las licencias deben ser canceladas por aquel y no por la E.P.S. a la cual se encuentra afiliado el trabajador.


II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS.


1. Planteamiento del problema.


El asunto sometido a revisi贸n de la Sala en presente caso, consiste en determinar si las demandantes, quienes se desempe帽an como madres comunitarias dentro del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar, tienen derecho a que se les cancele la prestaci贸n econ贸mica de licencia de maternidad.


2. Soluci贸n al problema.


Mediante Sentencia T-668/2000[1], esta Sala de Revisi贸n se pronunci贸 respecto de otras demandas de tutela, relacionadas con los mismos hechos y circunstancias a las aqu铆 planteadas; en consecuencia, es del caso reiterar las consideraciones y fundamentos, tenidos en cuenta en dicha oportunidad, para aplicarlos a los casos de que dan cuenta los procesos en referencia.


En tales circunstancias cabe recordar que:


鈥2.1. El Gobierno Nacional, a trav茅s de la Ley 89 de 1988, cre贸 el Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar, dirigido a fortalecer la responsabilidad de los padres en la formaci贸n y cuidado de sus hijos, la participaci贸n comunitaria en la autogesti贸n y soluci贸n de sus problemas, asign谩ndoles unos recursos para desarrollar y darle cobertura a los Hogares Comunitarios con el fin de proteger a la poblaci贸n infantil m谩s vulnerable del pa铆s.鈥


鈥淓ste programa se ejecuta trav茅s de asociaciones conformadas por los padres de familia de los ni帽os que se benefician con 茅l, quienes una vez tramitada su personer铆a jur铆dica ante el ICBF pueden celebrar contratos de aporte con el Instituto, a trav茅s de los cuales se provee al contratista, mensualmente, de los recursos b谩sicos para la atenci贸n de los ni帽os y es quien administra los recursos asignados por el Gobierno Nacional y los provenientes de la comunidad.鈥


鈥淓sta Asociaci贸n de Padres es quien se responsabiliza del cumplimiento del contrato de aporte, para lo cual elige a unas madres comunitarias, quienes mediante una vinculaci贸n de trabajo solidario y de contribuci贸n voluntaria participan en el programa, se hacen cargo de la atenci贸n de los menores y reciben los aportes para atender las necesidades b谩sicas del hogar comunitario, que deben ser empleados en la obtenci贸n de material did谩ctico de consumo y duradero, raci贸n, reposici贸n de la dotaci贸n, aseo y combustible, de conformidad con normas t茅cnicas y administrativas dictadas por el ICBF.鈥


鈥淓n desarrollo de lo anterior, el art铆culo 4掳 del decreto 1340 de 1995 se帽ala que 鈥淟a vinculaci贸n de la madre comunitaria, as铆 como la de las dem谩s personas y organismos de la comunidad, que participan en el Programa Hogares de Bienestar, mediante trabajo solidario, constituye contribuci贸n voluntaria de los miembros de la comunidad al desarrollo de este programa y por consiguiente, dicha vinculaci贸n no implica relaci贸n laboral con las asociaciones que para tal efecto se organicen, ni con las entidades p煤blicas que participen en el mismo.鈥


鈥2.2. En lo referente a la seguridad social de las madres comunitarias, 茅sta nunca ha estado a cargo del ICBF, sino a cargo de otras entidades que han aportado los recursos para prestarles los servicios de salud. Es as铆 como hasta el 5 de mayo de 1998 estuvieron afiliadas a los Seguros Sociales, en las siguientes condiciones:


鈥淢ediante la Ley 6 de 1992, art铆culo 19, par谩grafo 3 se dispuso que el Gobierno destinar谩 durante los a帽os 1993 a 1997, recursos por el valor de 15 mil millones de pesos anuales del mayor recaudo del IVA, para apoyar entre otros prop贸sitos la atenci贸n en salud de las madres comunitarias.鈥


鈥淓n la Ley 100 de 1993, art. 157, literal A numeral 2 se incluy贸 a las madres comunitarias en el r茅gimen subsidiado. La respectiva financiaci贸n deb铆a realizarla el FOSYGA con los recursos de la subcuenta de solidaridad y los recursos del IVA SOCIAL de conformidad con la Ley 6 de 1992.鈥


鈥淢ediante Acuerdo No. 17 de 1995, el Consejo Nacional de Seguridad Social dispuso autorizar a los Seguros Sociales, para continuar ofreciendo el POS del r茅gimen contributivo a las madres comunitarias, con base en los recursos existentes disponibles de la Ley 6 de 1992 (con cargo a las transferencias del IVA efectuadas hasta el a帽o 1994), y hasta que se desarrollara la reglamentaci贸n del r茅gimen subsidiado. Es decir, que frente a la seguridad social en salud, las madres comunitarias estuvieron en un r茅gimen transitorio (Acuerdo 17/95) que por una parte garantiz贸 la atenci贸n en salud, seg煤n el r茅gimen contributivo y, por otra cubri贸 el pago de las incapacidades y licencias de maternidad.鈥


鈥淎 partir del 5 de mayo de 1998, los Seguros Sociales desafiliaron a las madres comunitarias del sistema de seguridad social en salud, con fundamento en el art铆culo 57 del decreto 806 de 1998 que dispone que la afiliaci贸n ser谩 suspendida despu茅s de un mes de no pago de lo que le corresponde al afiliado y el art铆culo 80 de la misma disposici贸n, que contempla el no pago de las prestaciones econ贸micas, por parte del sistema general de seguridad social en salud cuando el afiliado o el empleador se encuentren en mora.鈥


鈥淟o anterior, por cuanto los recursos del IVA SOCIAL transferidos con base a la Ley 6 de 1992 alcanzaron para financiar el programa durante los a帽os 1994 a 1998. Adem谩s que el Acuerdo 17/95 era una medida transitoria mientras se reglamentaba el r茅gimen subsidiado dentro del cual las madres comunitarias ser铆an afiliadas por parte de las Administradoras del R茅gimen Subsidiado (Ley 100/93, num. 2, lit. A del art铆culo 157).鈥


鈥淓n la actualidad, mediante la Ley 509 del 30 de julio de 1999 se estableci贸 un r茅gimen especial de afiliaci贸n al r茅gimen contributivo del sistema general de seguridad social en salud para las madres comunitarias, para lo cual deber谩n cancelar el 8% de la bonificaci贸n que les reconoce el ICBF para afiliar a la madre comunitaria, o el 12% para incluir a sus beneficiarios, que las hace acreedoras de las mismas prestaciones asistenciales y econ贸micas de que gozan los afiliados al r茅gimen contributivo y ser谩n afiliadas al sistema de seguridad social en salud a trav茅s de los Seguros Sociales; pero como esta disposici贸n entr贸 en vigencia a partir de la fecha de su promulgaci贸n, no le es aplicable a las peticionarias de las presentes tutelas.鈥


鈥2.3. Hechas las precisiones anteriores, la Sala considera que no hubo violaci贸n a derecho fundamental alguno por las siguientes razones:


鈥渁) En los contratos de aporte suscritos entre los directores regionales del Bienestar Familiar y el representante legal de la asociaci贸n de padres de familia que contrata a la madre comunitaria, la cl谩usula tercera, que se denomina autonom铆a del contratista, establece la independencia y la inexistencia de v铆nculos laborales o de cualquier naturaleza entre el ICBF, el contratista, o las personas que participen en la prestaci贸n del servicio y que pertenezcan a estas asociaciones.鈥


鈥渂) Sobre la naturaleza jur铆dica del v铆nculo existente entre las madres comunitarias y la asociaci贸n de padres de familia de los hogares comunitarios de bienestar, esta Corporaci贸n, en sentencia T-269/95[2], estableci贸 que 茅ste es de naturaleza contractual y de origen civil, en los siguientes t茅rminos:


鈥楶ara la Sala, el v铆nculo que uni贸 a la se帽ora G贸mez de Soto con la Asociaci贸n de Padres de Familia Hogares Comunitarios de Bienestar del Sector La Fuente, Municipio de Tunja, Departamento de Boyac谩, era de naturaleza contractual. En esto concuerda con el criterio que adopt贸 el ad quem en la sentencia objeto de revisi贸n, porque para 茅ste, tal nexo, sin ser laboral, s铆 supuso una vinculaci贸n voluntaria, una colaboraci贸n humanitaria y ciudadana.鈥


鈥楽in duda, alrededor de la relaci贸n surgida entre ambas partes -una entidad sin 谩nimo de lucro, de beneficio social, vinculada al Sistema Nacional de Bienestar Familiar, y un particular que nunca ostent贸 la calidad de empleado- se puede decir que fue de orden civil; bilateral, en la medida en que los contratantes se obligaron rec铆procamente: la madre, a la satisfacci贸n del inter茅s de su contraparte, o sea la adecuada prestaci贸n de una serie de servicios a los ni帽os usuarios y a sus padres, y la asociaci贸n, al apoyo debido y al pago de la beca suministrada por el I.C.B.F.; consensual, puesto que no requiri贸 de ninguna solemnidad; onerosa, porque daba derecho a la madre comunitaria para percibir parcialmente parte de la beca mencionada.鈥


鈥楨stablecido que el nexo era contractual, la Sala piensa que la clausura del hogar no fue sino una simple consecuencia de su terminaci贸n. Y, en este sentido, considera que la decisi贸n de la junta directiva no fue una medida disciplinaria, sino la aplicaci贸n de una facultad otorgada por el ordenamiento.鈥欌


鈥淓n ninguno de los casos que se revisan, las actoras prestan un servicio personal al ICBF, porque aunque desarrollan su labor siguiendo los lineamientos y procedimientos t茅cnicos y administrativas que les se帽ala esta entidad, no lo hacen bajo subordinaci贸n; tampoco reciben salario como retribuci贸n a su servicio, sino el valor de una beca por cada ni帽o que atienden para satisfacer las necesidades b谩sicas del hogar comunitario para su normal funcionamiento y que tiene como fin la obtenci贸n de material did谩ctico de consumo y duradero, raci贸n, reposici贸n de la dotaci贸n, aseo y combustible de los menores a su cargo. Por tanto, no aparecen demostrados ninguno de los elementos constitutivos del contrato de trabajo.鈥


鈥淭ampoco existe una relaci贸n legal y reglamentaria que las vincule como empleadas de dicho instituto, porque no se dan los presupuestos jur铆dicos ni f谩cticos conforme a los cuales pueda configurarse una vinculaci贸n de esta naturaleza.鈥


鈥淒e lo expresado se concluye que a pesar de que el ICBF establece los criterios, par谩metros y procedimientos t茅cnicos y administrativos que permiten la organizaci贸n y funcionamiento del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar, 茅ste no es el empleador de las madres comunitarias; por tal raz贸n no existe contrato laboral ni ninguna otra clase de relaci贸n laboral entre las actoras y el ICBF, sino una relaci贸n contractual de origen civil entre la madre comunitaria y la Asociaci贸n de Padres de Familia con la cual colabora.鈥


鈥2.4. Con relaci贸n a la posible responsabilidad que pudieran tener los Seguros Sociales en el reconocimiento y pago de las licencias de maternidad que reclaman las actoras, encuentra la Sala que para la procedencia de esta prestaci贸n econ贸mica, dada la naturaleza de la situaci贸n descrita, es indispensable encontrarse a paz y salvo en el pago de las respectivas cotizaciones para que aquella entidad, asuma tanto las prestaciones asistenciales como econ贸micas que se generen, como ven铆a ocurriendo, con base en las previsiones contenidas en la ley 6 de 1992.鈥


De conformidad con lo expuesto, estima la Sala que no es procedente el reconocimiento de la prestaci贸n econ贸mica de licencia de maternidad solicitada por las madres comunitarias en las acciones que tutela objeto de esta revisi贸n.


III. DECISION.


En m茅rito de lo expuesto, la Sala Primera de Revisi贸n de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constituci贸n,


RESUELVE:


PRIMERO. CONFIRMAR las siguientes sentencias:


1) La proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Buenaventura (Valle), el 27 de enero del 2000, dentro de la acci贸n de tutela promovida por Margarita Madrid Sol铆s, expediente No. T-298609.


2) La proferida por la Sala de Casaci贸n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el 14 de marzo del 2000, dentro de la acci贸n de tutela promovida por Martha Liliana Valdez Acosta y Claudia Patricia Azc谩rate Bejarano, expediente T-309976.


3) La proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Oca帽a (Norte de Santander), el 13 de marzo del 2000, dentro de la acci贸n de tutela promovida por Erenia L贸pez Ruedas, expediente T-310294.


SEGUNDO. Por Secretar铆a, l铆brese la comunicaci贸n prevista en el art铆culo 36 de Decreto 2591 de 1991.


Notif铆quese, comun铆quese, publ铆quese en la Gaceta de la Corte Constitucional y c煤mplase.


ANTONIO BARRERA CARBONELL

Magistrado


ALFREDO BELTRAN SIERRA

Magistrado


EDUARDO CIFUENTES MU脩OZ

Magistrado


MARTHA SACHICA DE MONCALEANO

Secretaria General

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