Procedencia para reclamar el derecho a la pensi贸n de invalidez

Julio 8, 2008 10:02 pm

Sentencia T-688/08
08 de Julio de 2008
Corte Constitucional
Procedencia para reclamar el derecho a la pensi贸n de invalidez

ACCION DE TUTELA-Procedencia para restablecimiento de derechos fundamentales de las personas afectadas con toda clase de limitaciones


ACCION DE TUTELA-Dilaci贸n y complejidad de los mecanismos ordinarios


ACCION DE TUTELA-Procedencia para reclamar el derecho a la pensi贸n de invalidez


PENSION DE INVALIDEZ-Obligaci贸n de promover la igualdad real y efectiva, de quienes, por su condici贸n econ贸mica, f铆sica o mental se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta


ACCION DE TUTELA-Procedencia para reclamar el derecho a la pensi贸n de invalidez


ACCION DE TUTELA-Dilaci贸n y complejidad de la acci贸n ordinaria laboral


PERSONAS EN CIRCUNSTANCIAS DE DEBILIDAD MANIFIESTA-Protecci贸n especial por medio de tutela debido a la dilaci贸n y complejidad de la acci贸n ordinaria laboral


El Estado tiene el deber de promover las condiciones para lograr que la igualdad sea real y efectiva y para ello debe adoptar medidas que favorezcan a grupos discriminados o marginados, y brindar una protecci贸n especial para aquellas personas que por su condici贸n f铆sica o mental se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta. As铆 lo dispone el art铆culo 13 de la Carta Pol铆tica


PERJUICIO IRREMEDIABLE-Caracterizaci贸n menos estricta cuando la acci贸n de tutela sea presentada por ni帽os, mujeres cabeza de familia, discapacitados, ancianos, miembros de grupos minoritarios o personas en situaci贸n de pobreza extrema


PERJUICIO IRREMEDIABLE-Caracterizaci贸n menos estricta cuando la acci贸n de tutela sea presentada por personas sujeto de especial protecci贸n constitucional

La Corte Constitucional reitera su l铆nea jurisprudencial en el sentido que el an谩lisis de la procedibilidad de la acci贸n de tutela deber谩 ser llevado a cabo por los funcionarios judiciales competentes con un criterio m谩s amplio, cuando quien la interponga tenga el car谩cter de sujeto de especial protecci贸n constitucional 鈥揺sto es, cuando la acci贸n de tutela sea presentada por ni帽os, mujeres cabeza de familia, discapacitados, ancianos, miembros de grupos minoritarios o personas en situaci贸n de pobreza extrema鈥


REQUISITO DE FIDELIDAD-Car谩cter regresivo e inaplicaci贸n del art铆culo 1掳 de la ley 860 de 2003


REQUISITO DE FIDELIDAD-Car谩cter regresivo y violaci贸n de derechos fundamentales


La medida asumida por el legislador es desproporcionada, para el caso particular de las personas que se encontraban afiliados al sistema en vigencia del texto original del art铆culo 39 de la Ley 100 de 1993, porque para fomentar los fines expuestos, sacrifica el cuidado que merecen las personas objeto de especial protecci贸n por parte del Estado colombiano. Adem谩s de desproporcionada, la norma es injustificada porque de la historia legislativa no se desprende que el legislador haya considerado la adopci贸n de un r茅gimen de transici贸n o la disposici贸n de medidas alternativas para acometer los mismos prop贸sitos procurando disminuir el impacto negativo sobre la poblaci贸n.


REQUISITO DE FIDELIDAD-Vulneraci贸n de derechos fundamentales por requisitos m谩s gravosos para el acceso a la pensi贸n por invalidez


REQUISITO DE FIDELIDAD-Personas en situaci贸n de discapacidad son sujetos de especial protecci贸n constitucional


Referencia: expediente T-1.856.190


Acci贸n de tutela instaurada por Mar铆a Eugenia Correa Escalante contra la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesant铆as Protecci贸n S.A.


Magistrado Ponente:


Dr. JAIME C脫RDOBA TRIVI脩O


Bogot谩, D.C., ocho (8) de julio de dos mil ocho (2008).


La Sala Tercera de Revisi贸n de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Rodrigo Escobar Gil, Mauricio Gonz谩lez Cuervo y Jaime C贸rdoba Trivi帽o, en ejercicio de su competencia constitucional y legal, ha proferido la siguiente


SENTENCIA

dentro del proceso de revisi贸n del fallo adoptado por el Juzgado Treinta y Ocho Civil Municipal de Bogot谩, para resolver el amparo constitucional invocado por Mar铆a Eugenia Correa Escalante contra la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesant铆as Protecci贸n S.A.


I. ANTECEDENTES


1.聽聽聽聽聽 La demanda


La se帽ora Mar铆a Eugenia Correa Escalante interpone acci贸n de tutela en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesant铆as Protecci贸n S.A. porque la entidad accionada resolvi贸 negarle el derecho a la pensi贸n de invalidez, vulnerando sus derechos fundamentales a la dignidad humana, igualdad, debido proceso y seguridad social.


Afirma que, seg煤n el dictamen emitido por el Centro para los Trabajadores de Suratep, su capacidad laboral se ha visto disminuida en el 69.25%, desde el 2 de febrero de 2006 y que la accionada se niega a reconocerle la pensi贸n de invalidez, argumentando que no cumple con el requisito de fidelidad al Sistema de Seguridad Social en pensiones, exigido por el art铆culo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado por el art铆culo 1掳 de la Ley 860 de 2003.


2.聽聽聽聽聽 Intervenci贸n pasiva


El representante legal para asuntos judiciales de la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesant铆as PROTECCION S.A. solicita declarar improcedente la solicitud de amparo constitucional instaurada por la se帽ora Mar铆a Eugenia Correa Escalante, fundado en que 鈥渆l proceso ordinario laboral es el escenario jur铆dico indicado para debatir acerca del derecho que hoy se reclama, m谩ximo si se tiene en cuenta que se est谩 discutiendo acerca de una prestaci贸n econ贸mica que no re煤ne los requisitos de ley, raz贸n por la cual deben darse todas las garant铆as constitucionales y oportunidad de ejercer el derecho de defensa鈥.


Refiere que la se帽ora Correa Escalante fue declarada inv谩lida, por el Centro Para los Trabajadores de Suratep, 鈥渃omisi贸n m茅dica que dictamin贸 una p茅rdida de su capacidad laboral del 69.25%, de origen com煤n y con fecha de estructuraci贸n de la invalidez del 2 de febrero de 2006鈥.


Asegura que la actora cumple 鈥渃on el requisito de acreditaci贸n de las 50 semanas de cotizaci贸n durante los 煤ltimos 3 a帽os anteriores a la fecha de estructuraci贸n, toda vez que en su cuenta se acreditaron 68 semanas en los 煤ltimos 3 a帽os anteriores a la fecha de estructuraci贸n de la invalidez鈥, pero advierte que el n煤mero de semanas cotizadas no le da derecho a la prestaci贸n, en consideraci贸n a que 鈥渆n su caso se esperaba una fidelidad del 117.60 semanas cotizadas y conforme a la historia laboral la tutelante s贸lo reuni贸 un total de 93.86 semanas鈥.


Afirma que la entidad que representa no vulnera los derechos fundamentales de la actora, como la misma lo asegura, en cuanto el art铆culo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado por el art铆culo 1掳 de la Ley 860 de 2003, impone a los afiliados un deber de fidelidad al Sistema del 20%, entre el momento en que el afiliado cumpli贸 veinte a帽os y la fecha de la primera calificaci贸n del estado de invalidez.


3.聽聽聽聽聽 Material Probatorio


En el expediente obran los siguientes documentos:


-Fotocopia de la C茅dula de Ciudadan铆a expedida a nombre de Mar铆a Eugenia Correa Escalante, nacida el 5 de diciembre de 1974.


-Fotocopia de tres Res煤menes M茅dicos de Egreso, expedidos por distintos facultativos de la Fundaci贸n Cardio-Infantil el 23 de noviembre de 2007, el 30 de diciembre del mismo a帽o y el 22 de enero de 2008, a cuyo tenor la actora padece Leucemia Linfoide Aguda, en reca铆da.


Se帽ala el documento expedido en enero del presente a帽o:


鈥淧aciente de 33 a帽os de edad, sexo femenino.


MOTIVO DE CONSULTA Y ENFERMEDAD ACTUAL: Se trata de una paciente conocida previamente por el servicio de Hemato-Oncolog铆a con diagn贸stico de leucemia linfoide aguda, quien ingresa en esta oportunidad por cuadro cl铆nico de un d铆a de evoluci贸n consistente en lesiones petequiales, sangrado gingival, sin fiebre, dolor 贸seo generalizado.

(..)

Se considera que se trata de una paciente con una leucemia linfoide aguda con una trombocitopenia importante, quien plantea el hecho de la reactivaci贸n de la enfermedad, debido a la presencia de blastos circulantes en un 15%. Por tal raz贸n se hospitaliza para hidrataci贸n, manejo del dolor 贸seo generado por actividad tumoral con opi贸ides, reposici贸n hidroelectrol铆tica y durante su evoluci贸n en el servicio no es necesario el uso de terapia antibi贸tica.

(..)

Al finalizar la quimioterapia se da apoyo con factor estimulador de colonias y ante la mejor铆a en condiciones generales se realizan transfusiones de gl贸bulos rojos y plaquetas y se da orden de control por consulta externa de Hemato-Oncolog铆a, para nuevos soportes transfunsionales y continuar tratamiento oncol贸gico.鈥.


-Comunicaci贸n remitida a la actora, el 29 de mayo de 2006, por las Jefe del Departamento y Analista de Beneficios y Pensiones de Protecci贸n S.A., para manifestarle que la entidad le reconoce el derecho a la devoluci贸n de saldos de su cuenta individual, por valor de $1.249.542, en raz贸n de que 鈥渘o procede el reconocimiento de la pensi贸n de invalidez鈥.


Se帽ala el documento i) que la actora fue declarada inv谩lida el 13 de marzo de 2006, con estructuraci贸n del 2 de febrero del mismo a帽o, por causa de origen no profesional, ii) que el dictamen da cuenta de la p茅rdida del 69.25% de su capacidad laboral y iii) que seg煤n su historia laboral la accionante cotiz贸 93.86 semanas, 68 en los 煤ltimos tres a帽os, de las 117.60 semanas requeridas para cumplir con el requisito de fidelidad con el Sistema de Seguridad Social, seg煤n lo dispone el art铆culo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado por el art铆culo 1掳 de la Ley 860 de 2003.


4.聽聽聽聽聽 Decisi贸n que se revisa


El Juzgado Treinta y Ocho Civil Municipal de Bogot谩, mediante providencia del 20 de febrero del a帽o en curso, niega la protecci贸n fundado i) en que 鈥渆xiste (sic) para la accionante otros medios de defensa que puede ser impetrado en procura del amparo de sus derechos agotando la v铆a ordinaria, es decir acudir ante la Junta Nacional de Calificaci贸n de Invalidez a efecto de que resuelvan las controversias de la primera instancia o en su defecto acudir a la v铆a de la justicia laboral鈥 y ii) en que la entidad accionada no vulnera los derechos fundamentales de la actora.


Indica la providencia:


鈥(..) en el expediente se evidencia en forma contundente, que el tr谩mite dado a la solicitud de pensi贸n por invalidez ha sido el apropiado, m谩xime que al verificar los requisitos exigidos por la ley para tal tr谩mite, se observ贸 el incumplimiento de uno de ellos, en lo que respecta a que la accionante deb铆a tener de fidelidad de cotizaci贸n para con el sistema al menos del 20% del tiempo transcurrido entre el momento en que cumpli贸 20 a帽os de edad (por tener una edad superior a esta) y la fecha de la primera calificaci贸n del estado de invalidez (..)

(..)


As铆 las cosas, es notorio que la accionada cuando hace cumplir nuestro ordenamiento legal en desarrollo de sus funciones, no vulnera ni amenaza el derecho invocado por el accionante, m谩xime cuando se observa que se aplic贸 el debido proceso a las actuaciones pertinentes. Por lo anterior desde los anteriores puntos de vista, la accionada no ha vulnerado el derecho que se invoca, pues simplemente se ha dado cumplimiento a la ley鈥.


II.聽聽聽聽聽 CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS

1.聽聽聽聽聽 Competencia


Esta Sala es competente para revisar la sentencia emitida por el Juzgado Treinta y Ocho Civil Municipal de Bogot谩, de conformidad con lo establecido en los art铆culos 86 y 241.9 de la Constituci贸n Pol铆tica y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991 y por selecci贸n de la Sala Cuatro, mediante providencia del 11 de abril del a帽o en curso.


2.聽聽聽聽聽 Problema jur铆dico planteado


Le corresponde a esta Sala revisar la Sentencia que niega a la se帽ora Mar铆a Eugenia Correa Escalante el amparo de sus derechos constitucionales a la dignidad humana, igualdad, debido proceso y seguridad social, en consideraci贸n a que la actora cuenta con otra v铆a para ventilar la controversia relacionada con el reconocimiento de la pensi贸n de invalidez y a que la entidad accionada no vulnera sus derechos fundamentales.


Sostiene el Juez de instancia que la actora no tiene derecho a la prestaci贸n que reclama, si se considera que no cumple con el requisito de fidelidad al Sistema de Seguridad Social en pensiones, raz贸n por la cual la administradora accionada ten铆a que negarle la pensi贸n de invalidez, como efectivamente ocurri贸.


Debe en consecuencia la Sala pronunciarse sobre la procedencia de la acci贸n de tutela para restablecer los derechos fundamentales de las personas con limitaciones f铆sicas, mentales y sensoriales, dada la dilaci贸n y complejidad de las acciones ordinarias establecidas en el ordenamiento para el efecto y reiterar la jurisprudencia constitucional relacionada con la incompatibilidad del requisito de fidelidad para acceder a la pensi贸n de invalidez, dada la incompatibilidad del articulo 1掳 de la Ley 860 de 2003 con los principios constitucionales que informan la Seguridad Social y con los tratados internaciones que comprometen al Estado con el desarrollo progresivo de los derechos econ贸micos, sociales y culturales.


3.聽聽聽聽聽 Caso concreto. La Administradora de pensiones accionada vulnera los derechos fundamentales de la accionante


3.1聽聽聽 Procedencia de la acci贸n. Compete a la Corte resolver de fondo la pretensi贸n


3.1.1 La se帽ora Jueza Treinta y Ocho Penal Municipal de Bogot谩 considera que la se帽ora Mar铆a Eugenia Correa Escalante, afectada con incapacidad del 69.25%, a causa de la leucemia linfoide aguda dictaminada en el a帽o 2006, que la ha obligado a permanecer hospitalizada en los 煤ltimos meses, debe promover una acci贸n ordinaria laboral para reclamar el restablecimiento de su derecho a la pensi贸n de invalidez.


Pasa por alto, la providencia de instancia, la reiterada jurisprudencia de esta Corte relacionada con la procedencia de la acci贸n de tutela para restablecer los derechos fundamentales de las personas afectadas con toda clase de limitaciones, dada la dilaci贸n y complejidad de los mecanismos previstos en el ordenamiento para tal fin y en consideraci贸n a las聽 previsiones constitucionales que obligan al Estado a promover la igualdad real y efectiva, de quienes, por su condici贸n econ贸mica, f铆sica o mental se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta.


Se帽ala al respecto la jurisprudencia constitucional:


鈥淟a Constituci贸n establece que Colombia es un Estado social de derecho, fundado, entre otros, en el respeto a la dignidad humana; y dispone que dentro de sus fines est谩 el de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Carta.


Dentro de ese dise帽o constitucional del Estado social se encuentra un grupo poblacional beneficiario de una protecci贸n especial por parte de aqu茅l, y son las personas que por sus particulares condiciones se hacen merecedoras a una atenci贸n m谩s concreta y determinada con el fin de asegurarles el completo ejercicio de sus derechos, su amplia participaci贸n en la vida social y un desarrollo vital de sus intereses. Se trata de las personas discapacitadas, quienes gozan, sin discriminaci贸n alguna, de los mismos derechos y garant铆as que los dem谩s.


El Estado tiene el deber de promover las condiciones para lograr que la igualdad sea real y efectiva y para ello debe adoptar medidas que favorezcan a grupos discriminados o marginados, y brindar una protecci贸n especial para aquellas personas que por su condici贸n f铆sica o mental se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta. As铆 lo dispone el art铆culo 13 de la Carta Pol铆tica[1]鈥.


3.1.2 Desde la perspectiva de promover condiciones para procurar la igualdad real y efectiva del derecho de acceso a la justicia, esta Corte advierte sobre la necesidad de morigerar la intensidad en la valoraci贸n del perjuicio irremediable que hace posible la intervenci贸n del juez de amparo, en los t茅rminos del art铆culo 86 de la Carta, con el objeto de que las personas afectadas con toda clase de limitaciones, por el solo hecho de su vulnerabilidad y marginalidad y dado su derecho a procurar condiciones de integraci贸n y rehabilitaci贸n, accedan sin tropiezos a la justicia constitucional.


鈥5.3. Para el caso de las personas con discapacidad, es evidente que la intensidad en la evaluaci贸n del perjuicio irremediable debe morigerarse en raz贸n de la capacidad material que tiene este grupo poblacional para el acceso a los instrumentos judiciales ordinarios, competencia que se ve significativamente disminuida en raz贸n de la debilidad y la vulnerabilidad que imponen la limitaci贸n f铆sica o mental.


Un ejemplo de aplicaci贸n de esta modalidad de intensidad en la evaluaci贸n del perjuicio irremediable es la sentencia T-456/04, en la que la Sala Primera de Revisi贸n abord贸 el asunto de la procedencia de la acci贸n de tutela para obtener el reconocimiento de la pensi贸n de sobrevivientes a favor de una hija del causante con discapacidad mental. En esa oportunidad, la Corte sostuvo que 鈥渆n ciertos casos el an谩lisis de la procedibilidad de la acci贸n en comento deber谩 ser llevado a cabo por los funcionarios judiciales competentes con un criterio m谩s amplio, cuando quien la interponga tenga el car谩cter de sujeto de especial protecci贸n constitucional 鈥揺sto es, cuandoquiera que la acci贸n de tutela sea presentada por ni帽os, mujeres cabeza de familia, discapacitados, ancianos, miembros de grupos minoritarios o personas en situaci贸n de pobreza extrema. En estos eventos, la caracterizaci贸n de perjuicio irremediable se debe efectuar con una 贸ptica, si bien no menos rigurosa, s铆 menos estricta, para as铆 materializar, en el campo de la acci贸n de tutela, la particular atenci贸n y protecci贸n que el Constituyente otorg贸 a estas personas, dadas sus condiciones de vulnerabilidad, debilidad o marginalidad.[2]


Con base en la l铆nea jurisprudencial expuesta, para la Sala es claro que la se帽ora Correa Escalante requiere definir a la mayor brevedad su situaci贸n pensional, no solo porque su estado de minusval铆a es digno de especial consideraci贸n, sino en raz贸n de que la decisi贸n no demanda valoraci贸n probatoria alguna, en cuanto las partes no discuten el estado de incapacidad, tampoco su calificaci贸n y estructuraci贸n y coinciden en las semanas de cotizaci贸n y la oportunidad de las mismas.


Discrepan, eso si, en la aplicaci贸n del art铆culo 1掳 de la Ley 860 de 2003, en cuanto la se帽ora Correa Escalante no cumple con el requisito de fidelidad al Sistema, asunto este que, como pasa a explicarse, ha sido materia de pronunciamientos reiterados en la jurisprudencia constitucional.


4.2聽聽聽 Car谩cter regresivo e inaplicaci贸n del art铆culo 1掳 de la Ley 860 de 2003


4.2.1 Diferentes Salas de Revisi贸n de esta Corte se han pronunciado sobre la incompatibilidad con las normas constitucionales que consagran el deber del Estado de propender por la rehabilitaci贸n e integraci贸n social de las personas afectadas con toda clase de limitaciones, mediante medidas tendientes a lograr su igualdad real y efectiva, del requisito de fidelidad al Sistema impuesto por el art铆culo 1掳 de la Ley 860 de 2003, que modific贸 el art铆culo 39 de la Ley 100 de 1993 y ha dispuesto, en todos los casos, la inaplicaci贸n de la disposici贸n, mientras el pleno de esta Corte se pronuncia sobre su inexequibilidad.


Consideran las decisiones a que se hace referencia, que contrar铆a el compromiso del Estado con el desarrollo de los derechos prestacionales, desconocer la prestaci贸n que le significa la rehabilitaci贸n e integraci贸n social, a quien le sobreviene el estado de invalidez y ven铆a cotizando bajo las condiciones establecidas en el art铆culo 39 de la Ley 100 de 1993, en su versi贸n original, sin que se hubiere adoptado un r茅gimen de transici贸n o dise帽ado聽 medidas alternativas de protecci贸n.


Se帽ala la Jurisprudencia:


鈥淩esulta claro para esta Corporaci贸n que la medida asumida por el legislador es desproporcionada, para el caso particular de las personas que se encontraban afiliados al sistema en vigencia del texto original del art铆culo 39 de la Ley 100 de 1993, porque para fomentar los fines expuestos, sacrifica el cuidado que merecen las personas objeto de especial protecci贸n por parte del Estado colombiano. Adem谩s de desproporcionada, la norma es injustificada porque de la historia legislativa no se desprende que el legislador haya considerado la adopci贸n de un r茅gimen de transici贸n o la disposici贸n de medidas alternativas para acometer los mismos prop贸sitos procurando disminuir el impacto negativo sobre la poblaci贸n.


Con base en las consideraciones expuestas precedentemente, la Corte en Sentencia T-221 de 2006 inaplic贸 por inexequible el art铆culo 1 de la Ley 860 de 2003 por contrariar el principio de progresividad. En id茅ntico sentido, en providencia T-1291 de 2005, esta Corporaci贸n ampar贸 los derechos fundamentales a la seguridad social y el m铆nimo vital de una madre cabeza de familia quien, debido a la ocurrencia de un accidente, sufri贸 una incapacidad que ascend铆a al porcentaje de 69.05% y a quien le hab铆a sido negada la pensi贸n de invalidez por no cumplir con la totalidad de los requisitos establecidos en la Ley 860 de 2003.


En dicha oportunidad la Corte se帽al贸 que si bien la decisi贸n adoptada por la entidad demandada se ajustaba formalmente al texto de la Ley, se revelaba contraria al texto constitucional y al principio de progresividad que informa el desarrollo del derecho a la seguridad social; raz贸n por la cual aplic贸 la excepci贸n de inconstitucionalidad[3]鈥.


En igual sentido esta misma Sala, en reciente decisi贸n, se pronunci贸 sobre el car谩cter claramente regresivo de la disposici贸n, al establecer que el art铆culo 1掳 de la Ley 860 de 2003 impone requisitos m谩s gravosos para el acceso a la pensi贸n por invalidez afectando a quienes por su situaci贸n de discapacidad son sujetos de especial protecci贸n constitucional y 鈥渟in considerar medidas adicionales que contrarresten el impacto sobre los intereses jur铆dicos de los afiliados al sistema en el momento del cambio legislativo, como ser铆a un r茅gimen de transici贸n鈥.


Se帽ala la decisi贸n:


鈥6.7 La disposici贸n aplicada se muestra, adem谩s, injustificadamente regresiva (..), vale decir contraria al principio de progresividad que debe orientar las acciones estatales en materia de derechos sociales, puesto que impone requisitos m谩s gravosos para el acceso a la prestaci贸n econ贸mica de pensi贸n por invalidez, no est谩 fundada en razones suficientes que faculten al legislativo para disminuir los niveles de protecci贸n, afecta con una mayor intensidad a personas que por su avanzada edad y situaci贸n de discapacidad son sujetos de especial protecci贸n constitucional, y no contempla medidas adicionales que contrarresten el impacto sobre los intereses jur铆dicos de los afiliados al sistema en el momento del cambio legislativo, como ser铆a un r茅gimen de transici贸n.


6.8 La aplicaci贸n de esta norma, que como se indic贸 resulta m谩s gravosa, es inexequible y adem谩s regresiva, resulta irrazonable en el caso (..) quien cumple con las condiciones exigidas por la Ley 100 de 1993, en su versi贸n 鈥渙riginal鈥 para tener acceso a su pensi贸n de invalidez, desde el momento que acaeci贸 el hecho que configur贸 la discapacidad inhabilitante para el empleo, que seg煤n la Junta Regional de calificaci贸n fue en septiembre 2 de 2003. En este sentido, como lo constataron los jueces laborales de instancia: (i) el ciudadano demandante perdi贸 m谩s del 50% de su capacidad laboral, seg煤n calificaci贸n de la Junta Regional de Risaralda (52.38%); y (ii) acredit贸 63,7142 semanas de cotizaci贸n desde el mes de abril de 2002 y hasta el mes de septiembre de 2003 . La norma en menci贸n, a diferencia de la aplicada en el fallo cuestionado, no exige fidelidad de cotizaci贸n con el sistema[4]鈥.


4.2.2 Establecido entonces i) que a la se帽ora Mar铆a Eugenia Correa Escalante le fue dictaminado el 69.25% de p茅rdida de su capacidad laboral, estructurada el 2 de febrero del a帽o 2006 y ii) que a tiempo del dictamen la se帽ora Correa Escalante cotizaba a la seguridad social y que contaba con m谩s de veintis茅is semanas, aportadas al riesgo de seguridad social en pensiones, la administradora accionada tendr谩 que reconocerle la prestaci贸n que reclama.


Siendo as铆 la Sentencia de instancia, en cuanto niega la protecci贸n por improcedente ser谩 revocada para, en su lugar, disponer que la accionada resuelva la solicitud de la actora, nuevamente, esta vez con fundamento en las previsiones del art铆culo 39 de la Ley 100 de 1993, dada la incompatibilidad, para el caso concreto, del art铆culo 1掳 de la Ley 860 de 2003.


III.聽聽聽 DECISI脫N


En m茅rito de lo expuesto, la Sala Tercera de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constituci贸n,

RESUELVE:

Primero. REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Treinta y ocho Civil Municipal de Bogot谩, el 20 de febrero del a帽o en curso, para decidir la acci贸n de tutela instaurada por Mar铆a Eugenia Correa Escalante contra la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesant铆as Protecci贸n S.A., para, en su lugar, proteger los derechos fundamentales de la actora a que se refieren los art铆culos 1掳, 2掳, 5掳, 13, 47, 48 y 53 de la Constituci贸n Pol铆tica.


En consecuencia disponer que la Sociedad accionada, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci贸n de esta decisi贸n, inaplique el articulo 1掳 de la Ley 860 de 2003 y resuelva la solicitud pensional presentada por la actora, con fundamento en las previsiones del art铆culo 39 de la Ley 100 de 1993, en su versi贸n original que dice:


鈥淎RT脥CULO 39. Tendr谩n derecho a la pensi贸n de invalidez, los afiliados que conforme a lo dispuesto en el art铆culo anterior sean declarados inv谩lidos y cumplan alguno de los siguientes requisitos:


a. Que el afiliado se encuentre cotizando al r茅gimen y hubiere cotizado por lo menos veintis茅is (26) semanas, al momento de producirse el estado de invalidez.


b. Que habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado aportes durante por lo menos veintis茅is (26) semanas del a帽o inmediatamente anterior al momento en que se produzca el estado de invalidez.


PAR脕GRAFO. Para efectos del c贸mputo de las semanas a que se refiere el presente art铆culo se tendr谩 en cuenta lo dispuesto en los par谩grafos del art铆culo 33 de la presente Ley”.


Segundo. Por Secretar铆a, l铆brese la comunicaci贸n prevista en el art铆culo 36 del Decreto 2591 de 1991.


Notif铆quese, comun铆quese, publ铆quese en la Gaceta de la Corte Constitucional y c煤mplase.


JAIME CORDOBA TRIVI脩O

Magistrado


RODRIGO ESCOBAR GIL

Magistrado


MAURICIO GONZALEZ CUERVO

Magistrado


MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ

Secretaria General

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