Sentencia C-111/00 regimen de seguridad social integral

febrero 9, 2000 6:40 pm

Sentencia C-111/00
09 de Febrero de 2000
Corte Constitucional
Sentencia C-111/00 regimen de seguridad social integral

JUEZ NATURAL-Funci贸n


AUTORIDAD JUDICIAL-Competencia


COMPETENCIA DE AUTORIDAD JUDICIAL-Atribuci贸n del legislador


La radicaci贸n de una competencia en una determinada autoridad judicial, no configura una decisi贸n de 铆ndole, exclusivamente, constitucional sino que pertenece al resorte ordinario del legislador, siempre y cuando el constituyente no se haya ocupado de asignarla de manera expl铆cita entre los distintos entes u 贸rganos del Estado.


COMPETENCIA DE AUTORIDAD JUDICIAL-Asignaci贸n legal


COMPETENCIA DE AUTORIDAD JUDICIAL-Distribuci贸n/PRINCIPIO DEL JUEZ NATURAL-Distribuci贸n constitucional de materias/JURISDICCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA-Manifestaci贸n de asignaci贸n de competencia suya a otra jurisdicci贸n


JURISDICCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA-Desarrollo legal del objeto


LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA-Distribuci贸n de competencias judiciales


El legislador en ejercicio de la libertad pol铆tica de configuraci贸n de normas jur铆dicas y en armon铆a con los art铆culos 150-23 y 228 superiores tiene un amplio margen de decisi贸n para distribuir una competencia judicial dentro de las distintas jurisdicciones estatales, a fin de que una precisa autoridad judicial ejerza la jurisdicci贸n del Estado en un asunto previamente se帽alado, bajo estrictos contornos de protecci贸n de la vigencia y primac铆a del debido proceso.


JURISDICCION DEL TRABAJO-Diferencias entre entidades p煤blicas del r茅gimen de seguridad social integral y afiliados


AUTORIDAD JUDICIAL-Reparto de competencias


LEGISLADOR-Facultad de establecer r茅gimen jur铆dico de prestaci贸n de servicio p煤blico/SEGURIDAD SOCIAL-Prestaci贸n en forma de servicio p煤blico obligatorio


SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL-Materias que comprende


REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL-Controversias entre entidades p煤blicas y privadas con afiliados/JURISDICCION DEL TRABAJO-Diferencias entre entidades p煤blicas y privadas del r茅gimen de seguridad social integral y afiliados/COMPETENCIA DE AUTORIDAD JUDICIAL-Necesidad de especializar a una jurisdicci贸n con la asignaci贸n


La atribuci贸n de la soluci贸n de las controversias suscitadas entre las entidades p煤blicas y privadas de la seguridad social integral con sus afiliados, responde a la necesidad de especializar una jurisdicci贸n estatal con la asignaci贸n de dicha competencia, haciendo efectiva la aplicaci贸n del r茅gimen jur铆dico sobre el cual se edific贸 la prestaci贸n del servicio p煤blico de la seguridad social. En consecuencia, la competencia atribuida a la jurisdicci贸n del trabajo, aparece como respuesta a la necesidad de particularizar e integrar un sistema mediante el cual debe prestarse el servicio p煤blico obligatorio de la seguridad social bajo el principio de unidad que rige el r茅gimen jur铆dico que la gobierna.


REGIMEN JURIDICO ESPECIALIZADO EN REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL-Inexistencia de trato desigual injustificado entre servidores p煤blicos


IGUALDAD-Significados


IGUALDAD-Evaluaci贸n sustancial/TEST DE IGUALDAD-Alcance


REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL-Afiliaci贸n de servidores p煤blicos


REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL-Afiliado a trav茅s de entidad p煤blica y servidor p煤blico vinculado por relaci贸n laboral


SISTEMA GENERAL DE PENSIONES-Afiliaci贸n


SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-Afiliaci贸n


REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL-Clase de vinculaci贸n no es criterio v谩lido para desigualdad de trato entre servidores p煤blicos/REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL-Naturaleza p煤blica de entidad no determina alcance de la competencia/JURISDICCION DEL TRABAJO-Pertenencia al sistema de seguridad social integral determina alcance de la competencia


La clase de vinculaci贸n al Estado no puede configurar un criterio v谩lido para alegar una desigualdad de trato entre servidores p煤blicos, pues es en raz贸n de la condici贸n de afiliado a dicho sistema que se estructura la competencia judicial, en la forma de un factor subjetivo tenido en cuenta para la respectiva configuraci贸n. La misma motivaci贸n lleva a estimar err贸nea la consideraci贸n de la naturaleza jur铆dica p煤blica de una entidad, con el fin de que sea la jurisdicci贸n contencioso administrativa la que conozca de las controversias que le surjan con sus afiliados, pues es su pertenencia al sistema de seguridad social integral lo que determina el alcance de la competencia mencionada; adem谩s, no se puede perder de vista que la especializaci贸n de la jurisdicci贸n del trabajo radica en un factor objetivo que se obtiene de la naturaleza misma de las materias cuyos litigios deber谩 dilucidar la jurisdicci贸n del trabajo.


REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL-Jurisdicci贸n competente sobre controversias entre entidades afiliadas y litigios entre entidades empleadoras鈥揺mpleados


Las controversias que surjan entre las entidades del r茅gimen de la seguridad social integral y sus afiliados, pertenecen a la competencia de la jurisdicci贸n del trabajo por orden de la norma acusada y los litigios que se produzcan entre esas entidades en su calidad de empleadoras con sus empleados, sean aquellas de naturaleza p煤blica o privada, deber谩n seguir las normas de competencia previamente establecidas en el ordenamiento jur铆dico, es decir las ordinarias o las especiales a cargo de la jurisdicci贸n contencioso administrativa. Es por esto que el Procurador manifest贸 acertadamente que la regulaci贸n cuestionada contempla a todos los afiliados al sistema de seguridad social integral quienes se encuentran en una misma situaci贸n de hecho y para quienes, por las razones de unidad del sistema, se pod铆a establecer un r茅gimen jur铆dico especial en materia de jurisdicci贸n y competencia para el tr谩mite de sus asuntos litigiosos.


Referencia: expediente D-2465


Demanda de inconstitucionalidad contra el art铆culo 1o. (parcial) de la Ley 362 de 1997


Actor:


Francisco Ignacio L贸pez Mora


Magistrado Ponente:


Dr. ALVARO TAFUR GALVIS


Santaf茅 de Bogot谩 D.C., nueve (9) de febrero de dos mil (2000).


La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y tr谩mite establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente

SENTENCIA


I.聽聽聽聽 ANTECEDENTES


En ejercicio de la acci贸n p煤blica de inconstitucionalidad, el ciudadano Francisco Ignacio G贸mez Mora demand贸 parcialmente el art铆culo 1o. de la Ley 362 de 1997鈥減or la cual se modifica el art铆culo 2o. del C贸digo Procesal del Trabajo y se dictan normas sobre competencia en materia laboral.”.


Cumplidos los tr谩mites constitucionales y legales propios de los procesos de inconstitucionalidad, la Corte Constitucional procede a decidir acerca de la demanda en referencia.


II.聽聽聽 NORMA DEMANDADA


A continuaci贸n, se transcribe el texto de la disposici贸n acusada conforme a su publicaci贸n en el Diario Oficial No. 42.986 del 21 de febrero de 1997 y se subraya lo demandado:


“LEY 362 DE 1997

(febrero 18)


por聽 la cual se modifica el art铆culo 2o. del C贸digo Procesal del Trabajo y se dictan normas sobre competencia en materia laboral.

Art铆culo 1o. El art铆culo 2o. del C贸digo Procesal del Trabajo quedar谩 as铆:


Art铆culo 2o. Asuntos de que conoce esta jurisdicci贸n. La jurisdicci贸n del trabajo est谩 instituida para decidir los conflictos jur铆dicos que se originen directa o indirectamente del contrato de trabajo.


Tambi茅n conocer谩聽 de la ejecuci贸n de las obligaciones emanadas de la relaci贸n de trabajo; de los asuntos sobre fuero sindical de los trabajadores particulares y oficiales y del que corresponde a los empleados p煤blicos; de las sanciones de suspensi贸n temporal y de las cancelaciones de personer铆as, disoluci贸n y liquidaci贸n de las asociaciones sindicales; de los recursos de homologaci贸n en contra de los laudos arbitrales; de las controversias, ejecuciones y recursos que le atribuya la legislaci贸n sobre el Instituto de Seguro Social; y de las diferencias que surjan entre las entidades p煤blicas y privadas, del r茅gimen de Seguridad Social Integral y sus afiliados.

III.聽 LA DEMANDA


A juicio del demandante, la expresi贸n “p煤blicas” contenida en la disposici贸n demandada viola los art铆culos 13, 29 y 53 de la Constituci贸n Pol铆tica.


Para fundamentar esa afirmaci贸n, expone preliminarmente algunas consideraciones acerca de la evoluci贸n del sistema de seguridad social colombiano, con el fin de destacar el origen de las entidades 鈥減煤blicas鈥 en el r茅gimen de la seguridad social integral.


Para ello, el actor se帽ala que una vez expedida la Ley 33 de 1985[1] (art. 13), las entidades del sector p煤blico que no hubiesen afiliado a sus servidores a una caja o fondo de seguridad social (Ley 90 de 1946), deb铆an reconocer y pagar las pensiones de jubilaci贸n a sus pensionados, raz贸n por la cual ser铆an consideradas entidades de previsi贸n social para todos los efectos en materia de seguridad social. Adem谩s, que con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993[2], el actor agrega que tales entidades, fuesen p煤blicas o privadas, quedaron vinculadas al sistema de seguridad social integral como entidades administradoras del r茅gimen solidario con prestaci贸n definida debiendo sus afiliados y pensionados continuar con ellas, siempre que estuviera demostrada la solvencia econ贸mica de las mismas; de lo contrario, proceder铆an a liquidarse con el respectivo traslado de los afiliados a los fondos especiales de los distintos 贸rdenes territoriales y con el fin de respetar sus derechos, por el t茅rmino de la relaci贸n laboral o durante el per铆odo de jubilaci贸n (Ley 100/93, art. 52, Decreto 692/94, arts. 6o. y 40 y Decreto 691 de 1994, art. 1o.).


La mencionada precisi贸n sirve de sustento al accionante para indicar como violaci贸n constitucional por el aparte demandado del art铆culo 1o. de la Ley 362 de 1997, la configuraci贸n de un tratamiento desigual e injustificado entre los servidores p煤blicos vinculados mediante acto legal o reglamentario, una vez que requieran resolver sus conflictos laborales con la respectiva entidad p煤blica a la cual se encuentren vinculados laboralmente, en la medida en que dependiendo de su naturaleza los mismos obtendr谩n un tr谩mite por distintas jurisdicciones.


En efecto, el actor desaprueba que como resultado de la regulaci贸n legal cuestionada, trat谩ndose de servidores p煤blicos estatales vinculados mediante acto legal o reglamentario, a煤n cuando presentan una misma situaci贸n jur铆dica, deban someter o dirimir los conflictos laborales ante dos jurisdicciones diversas: la jurisdicci贸n del trabajo para los conflictos derivados de la afiliaci贸n al sistema de seguridad social integral y los dem谩s, por carecer de esa afiliaci贸n, ante la jurisdicci贸n contencioso administrativa, impidi茅ndose as铆 “que los trabajadores gocen de condicione (sic) igualitarias.”, con violaci贸n adicional del art铆culo 53 superior.


Coet谩neamente a ese presunto trato desigual entre servidores p煤blicos que para el actor resulta injustificado, en la demanda se menciona que la norma acusada, en lo censurado, desconoce el reparto constitucional de funciones dentro de las jurisdicciones especiales, con violaci贸n del principio del juez natural, toda vez que considera que todos los conflictos laborales que presenten los servidores p煤blicos con una entidad p煤blica deben ser resueltos por la jurisdicci贸n contencioso administrativa, ya que es a ella a la que corresponde conocer de 鈥渓os conflictos con el Estado, sea entre entidades p煤blicas, ora entre entidades p煤blicas y los particulares鈥.


La eliminaci贸n de la expresi贸n 鈥減煤blicas鈥 de la disposici贸n cuestionada para el demandante resolver铆a la situaci贸n inconstitucional denunciada, en defensa de la vigencia de los mandatos de los art铆culos 13, 29 y 53 de la Carta Pol铆tica, por lo cual solicita la declaratoria de inexequibilidad de la misma.


IV.聽 INTERVENCIONES


Intervenci贸n del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social


El ciudadano Pedro Nel Londo帽o Cort茅s, actuando como apoderado del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, intervino para defender la constitucionalidad de la expresi贸n demandada del art铆culo 1o. de la Ley 362 de 1997.


En su criterio, el demandante confundi贸 el concepto de afiliado con el de servidor vinculado a una entidad p煤blica, pues la norma trata las diferencias que surjan entre las entidades p煤blicas y sus afiliados, sin hacer referencia a sus servidores o trabajadores, pues sostiene que “una cosa es ventilar las diferencias que se presenten entre entidades del r茅gimen de seguridad social y sus afiliados, que es a lo que se refiere la parte enjuiciada y cuya competencia se asign贸 a los jueces laborales y otra, bien diferente son las controversias que puedan surgir entre esas entidades como empleadoras, sean de naturaleza p煤blica o privada, a los (sic) cuales no se refiere la disposici贸n y cuyo conocimiento sigue en las normas ordinarias de jurisdicci贸n ordinarias o contencioso administrativas.” (subraya original).


Para responder a los cuestionamientos del actor sobre la violaci贸n al principio de igualdad, con base en citas jurisprudenciales de la Corte Constitucional, el interviniente en este aspecto concluye que en el presente caso el mismo no se ha menoscabado, teniendo en cuenta que existen medidas de orden constitucional que justifican razonablemente las diferencias establecidas en el tratamiento de las diferentes jurisdicciones, en lo cual, seg煤n su entender, no todo puede ser conocido exclusivamente por una determinada jurisdicci贸n.


As铆 mismo, en cuanto a la violaci贸n del debido proceso, considera que la propia Constituci贸n autoriza que los particulares cumplan funciones jurisdiccionales en determinados casos (art. 116), por lo que si se aceptara el argumento del demandante en cuanto a que se desconfigura la noci贸n del juez natural por un reparto distinto de funciones, se deber铆an declarar inexequibles, por unidad normativa, normas 鈥渆n que la teor铆a del juez natural, por causas justificadas, no es el mismo en las diferentes jurisdicciones.鈥.


V.聽聽聽 CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION


El se帽or Procurador General de la Naci贸n en concepto No. 1885, recibido el 20 de septiembre de 1999, solicita a la Corte declarar la constitucionalidad, en lo acusado, del art铆culo 1o. de la Ley 362 de 1997, con fundamento en las siguientes consideraciones:


En primer t茅rmino, observa que el actor formula los cargos de inconstitucionalidad sobre el supuesto err贸neo de que un grupo de servidores p煤blicos puede sustraerse del sistema de seguridad social integral, con lo cual desconoce los principios que lo rigen en virtud de la Ley 100 de 1993.


Posteriormente, el Procurador General describe algunos de los elementos caracter铆sticos del sistema general de riesgos profesionales y de seguridad social, as铆 como de los diferentes sistemas que lo conforman, entre ellos el sistema general de pensiones, del cual precisa las clases de afiliaci贸n -voluntaria y obligatoria-, resaltando que los servidores p煤blicos vinculados mediante contrato de trabajo pertenecen a esa 煤ltima, para concluir que, de acuerdo con el art铆culo 8o. de la Ley 100 de 1993, el sistema de seguridad social integral no es s贸lo un conjunto arm贸nico de entidades p煤blicas y privadas, sino de normas y procedimientos.


Por lo tanto, afirma que de la norma demandada no es posible deducir que con “ella se cambia la jurisdicci贸n en la cual deben ventilarse las controversias que se susciten entre algunos servidores p煤blicos y las entidades p煤blicas, como consecuencia de una relaci贸n legal y reglamentaria”, por el contrario estima que por tratarse de servidores p煤blicos afiliados al sistema de seguridad social que junto a los particulares afiliados se encuentran en una particular situaci贸n de hecho, es posible el otorgamiento de un trato diferente.


Para finalizar, el jefe del Ministerio P煤blico sostiene que el legislador, en desarrollo de los art铆culos 2o. y 150-2 superiores, puede asignarle a la jurisdicci贸n del trabajo la competencia para dirimir los conflictos que se presenten entre las entidades p煤blicas o privadas del r茅gimen de la seguridad social integral y sus afiliados por virtud de esta materia, como indica fue se帽alado recientemente por la Sala de Casaci贸n Laboral de la Corte Suprema de Justicia.[3]


VI. CONSIDERACIONES聽 Y FUNDAMENTOS


1.聽聽聽聽 Competencia


De conformidad con lo dispuesto en el art铆culo 241, numeral 4o. de la Carta Pol铆tica, la Corte Constitucional es competente para conocer y decidir, definitivamente, sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia.


2.聽聽聽聽 La materia a examinar


El art铆culo 1o. de la Ley 362 de 1997 鈥減or la cual se modifica el art铆culo 2o. del C贸digo Procesal del Trabajo y se dictan normas sobre competencia en materia laboral鈥 establece dentro de los asuntos materia de la competencia de la jurisdicci贸n del trabajo, el relacionado con la resoluci贸n de las diferencias que surjan entre las entidades del r茅gimen de seguridad social integral y sus afiliados.


La demanda que ocupa la atenci贸n de la Corte cuestiona, en esa preceptiva legal, la inclusi贸n que se hace de los litigios que se puedan suscitar entre las entidades p煤blicas y sus afiliados en relaci贸n con la seguridad social, pues considera que esto vulnera el derecho a la igualdad de los servidores p煤blicos vinculados mediante una relaci贸n legal y reglamentaria, con desconocimiento de los art铆culos 13 y 53 constitucionales, en el entendido de que los servidores afiliados deber谩n tramitar sus discrepancias por la jurisdicci贸n ordinaria; en cambio, los que no presenten esa condici贸n tendr谩n que acudir a la jurisdicci贸n contencioso administrativa para tramitar cualquier clase de conflicto laboral.


En concepto del actor, una regulaci贸n en el sentido que trae la norma acusada tambi茅n viola el principio del juez natural (C.P., art. 29), pues se reforma indebidamente la repartici贸n de funciones de la jurisdicci贸n contencioso administrativa que por su car谩cter especial presenta una determinaci贸n con rango constitucional y que en su criterio siempre debe ser la encargada de conocer cualquier clase de controversia en la cual participe una entidad estatal o un servidor p煤blico.


As铆 las cosas, la discusi贸n constitucional expuesta en los anteriores t茅rminos concretada al se帽alamiento de si existe una eventual vulneraci贸n del derecho a la igualdad entre servidores p煤blicos a partir de la atribuci贸n de una competencia judicial a la jurisdicci贸n del trabajo en materia de seguridad social, deber谩 resolverse con base en las siguientes precisiones conceptuales: i.) la facultad legislativa para determinar el 谩mbito de competencia de una jurisdicci贸n, ii.) la especializaci贸n de una jurisdicci贸n como resultado del objetivo unificador del r茅gimen jur铆dico espec铆fico otorgado a la seguridad social y iii.) la inexistencia de situaciones jur铆dicas asimilables para efectos de adelantar un juicio de igualdad, cuando alguna de ellas est谩 sujeta a un r茅gimen jur铆dico especial.


3.聽聽聽聽聽 Examen de constitucionalidad del aparte demandado del art铆culo 1o. De la Ley 362 de 1997, por una presunta violaci贸n de los principios del juez natural e igualdad


3.1. Competencia del legislador para definir sobre los asuntos materia del conocimiento de las distintas jurisdicciones

Como se ha expresado por la jurisprudencia de esta Corporaci贸n, el 鈥渏uez natural鈥 es aqu茅l a quien la Constituci贸n o la ley le ha asignado el conocimiento de ciertos asuntos para su resoluci贸n[4].


Este principio constituye, en consecuencia, elemento medular del debido proceso, en la medida en que desarrolla y estructura el postulado constitucional establecido en el art铆culo 29 superior que se帽ala que “Nadie podr谩 ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio鈥.(Subraya la Sala).


Para una mayor comprensi贸n del tema, debe se帽alarse que la competencia de una autoridad judicial ha sido entendida como 鈥渓a porci贸n, la cantidad, la medida o el grado de la jurisdicci贸n que corresponde a cada juez o tribunal, mediante la determinaci贸n de los asuntos que le corresponde conocer, atendidos determinados factores (materia, cuant铆a, lugar, etc)鈥[5]. Los factores y las condiciones especiales que debe reunir la asignaci贸n de una competencia en particular, seg煤n lo anotado en la sentencia C-655 de 1997[6], presentan las siguientes caracter铆sticas:


鈥淟a competencia se fija de acuerdo con distintos factores, a saber: la naturaleza o materia del proceso y la cuant铆a (factor objetivo), la calidad de las partes que intervienen en el proceso (factor subjetivo), la naturaleza de la funci贸n que desempe帽a el funcionario que debe resolver el proceso (factor funcional), el lugar donde debe tramitarse el proceso (factor territorial), el factor de聽 conexidad.


La competencia debe tener las siguientes calidades: legalidad, pues debe ser fijada por la ley; imperatividad, lo que significa que no es derogable por la voluntad de las partes; inmodificabilidad por que no se puede variar en el curso de un proceso (perpetuatio jurisdictionis); la indelegabilidad, ya que no puede ser delegada por quien la detenta; y es de orden p煤blico puesto que se funda en principios de inter茅s general.鈥.


Ahora bien, frente a este asunto, el accionante expresa en su escrito que la norma acusada al regular sobre la competencia de la jurisdicci贸n del trabajo para conocer de las controversias suscitadas entre las entidades p煤blicas del r茅gimen de la seguridad social integral y sus afiliados, desconoci贸 el principio del juez natural de los asuntos litigiosos de los servidores p煤blicos, generando una alteraci贸n del reparto de competencias constitucionalmente establecidas a la jurisdicci贸n especial contencioso administrativa.


Sea lo primero se帽alar para responder dicho cargo que, como se puede deducir de lo antes indicado, la radicaci贸n de una competencia en una determinada autoridad judicial, no configura una decisi贸n de 铆ndole, exclusivamente, constitucional sino que pertenece al resorte ordinario del legislador[7], siempre y cuando el constituyente no se haya ocupado de asignarla de manera expl铆cita entre los distintos entes u 贸rganos del Estado.


Efectivamente, la asignaci贸n legal de una competencia a una autoridad judicial supone la determinaci贸n acerca del ejercicio de una funci贸n p煤blica, en desarrollo del mandato establecido en el art铆culo 150-23, en virtud del cual corresponde al Congreso de la Rep煤blica 鈥渆xpedir las leyes que regir谩n el ejercicio de las funciones p煤blicas鈥, siendo en este caso la administraci贸n de justicia la funci贸n p煤blica regulada, la cual de conformidad con lo se帽alado en el art铆culo 228 de la Ley Fundamental, constituye materia de ley para su organizaci贸n y realizaci贸n, de manera pronta y eficiente.


Por lo tanto la Corte no observa un exceso del legislador cuando asign贸 una nueva competencia a la jurisdicci贸n del trabajo en la norma acusada, pues el mismo actu贸 en ejercicio de atribuciones constitucionales.


Adicionalmente, el cuestionamiento esbozado por el demandante para demostrar la violaci贸n del principio del juez natural por la disposici贸n enjuiciada, plantea otro aspecto, fundado en la no observancia de la distribuci贸n constitucional de las materias del conocimiento de la jurisdicci贸n contencioso administrativa, con la asignaci贸n de una competencia suya a la jurisdicci贸n del trabajo, por cuanto, considera que en todas las controversias en las cuales participe el Estado o un servidor p煤blico, deben ser tramitadas, 煤nicamente, por la jurisdicci贸n contencioso administrativa.


Esta afirmaci贸n, para la Corte, resulta a todas luces err贸nea por la siguientes razones:


La Carta Pol铆tica de 1991, en el T铆tulo VIII, al referirse a la organizaci贸n y funcionamiento de la Rama Judicial, distribuye la potestad estatal para 鈥渄ictar el derecho鈥 (jurisdictio), en las jurisdicciones ordinaria, contencioso administrativa, constitucional y las especiales. Los art铆culos 236, 237 y 238 de dicho t铆tulo se encargan de fijar las pautas sobre las cuales se estructura la jurisdicci贸n contencioso administrativa, observ谩ndose que all铆 la materia regulada hace referencia a la forma de integraci贸n del Consejo de Estado como la m谩s alta Corporaci贸n de dicha jurisdicci贸n, su organizaci贸n interna, atribuciones, as铆 como lo relativo a la posibilidad de obtener una suspensi贸n provisional de los actos administrativos por la mencionada jurisdicci贸n.


Se puede concluir, entonces, que el constituyente de 1991 no hizo menci贸n espec铆fica del objeto de la jurisdicci贸n contencioso administrativa (Consejo de Estado, tribunales administrativos y juzgados administrativos); por lo tanto, es necesario aceptar que esa actividad fue atribuida al legislador para que otorgue el respectivo desarrollo legal, como en efecto ocurre en el C贸digo Contencioso Administrativo, art铆culo 82.


Si bien es cierto que de conformidad con ese desarrollo legal constituye materia de juzgamiento de la jurisdicci贸n contencioso administrativa, las controversias y litigios administrativos originados en la actividad de las entidades p煤blicas y de las personas privadas que desempe帽en funciones propias de los distintos 贸rganos del Estado, tambi茅n lo es que el legislador en ejercicio de la libertad pol铆tica de configuraci贸n de normas jur铆dicas y en armon铆a con los art铆culos 150-23 y 228 superiores, ya aludidos en su contenido, tiene un amplio margen de decisi贸n para distribuir una competencia judicial dentro de las distintas jurisdicciones estatales, a fin de que una precisa autoridad judicial ejerza la jurisdicci贸n del Estado en un asunto previamente se帽alado, bajo estrictos contornos de protecci贸n de la vigencia y primac铆a del debido proceso (C.P., art. 29).


En consecuencia, el hecho de que el legislador en la disposici贸n acusada haya establecido que la jurisdicci贸n del trabajo sea la competente para conocer las controversias que se susciten entre las entidades p煤blicas del r茅gimen de la seguridad social integral y sus afiliados, no contraviene el ordenamiento superior, por el contrario, armoniza con el mismo, si se tiene en cuenta que en dicho se帽alamiento se re煤nen las condiciones que se exponen a continuaci贸n:


i.) se cumple con una atribuci贸n constitucional del legislador para regular sobre el ejercicio de una funci贸n p煤blica, como es la de administrar justicia, en virtud de lo cual puede introducirse en el campo de la organizaci贸n de las jurisdicciones estatales para llevar a cabo un reparto de competencias entre las autoridades judiciales que las integran, con arreglo a los factores que la determinan y bajo el entendido de que el constituyente no se ocup贸 de dicha materia (C.P., arts. 150-23 y 228); ii.) supone el desarrollo legal de un derecho fundamental como el debido proceso, precisamente, en su elemento esencial de la definici贸n del juez o tribunal competente para el respectivo juzgamiento, es decir con prevalencia del principio del juez natural (C.P., art. 29); y iii.) no desconoce la voluntad del constituyente al organizar la jurisdicci贸n contencioso administrativa pues la definici贸n del objeto de la jurisdicci贸n no obtuvo regulaci贸n constitucional sino que dicha labor constituye materia legislativa.


3.2.聽聽 La especificaci贸n funcional efectuada por el legislador en la norma acusada obedece al prop贸sito de expedici贸n de un r茅gimen jur铆dico al cual se somete la prestaci贸n de un servicio p煤blico


De conformidad con el ordenamiento superior, en sus art铆culos 48 y 365, la distribuci贸n de la competencia que trae la norma demandada, en el sentido de que la jurisdicci贸n del trabajo conocer谩 de las controversias producidas entre entidades p煤blicas y privadas del r茅gimen de la seguridad social integral y sus afiliados proviene, adicionalmente a lo se帽alado en el ac谩pite anterior, de la facultad del legislador de establecer el r茅gimen jur铆dico al cual se ver谩 sometida la prestaci贸n de un servicio p煤blico.


El 谩mbito de aplicaci贸n de la regulaci贸n que ocupa la atenci贸n de la Corte es el de la seguridad social, la que por mandato del art铆culo 48 de la Carta Pol铆tica, forma parte de los derechos sociales y econ贸micos, como derecho irrenunciable de todos los habitantes del territorio nacional, debiendo prestarse en la forma de un servicio p煤blico de car谩cter obligatorio, bajo la direcci贸n, coordinaci贸n y control del Estado, con sujeci贸n a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad.


En claro desarrollo de ese mandato superior, el legislador cre贸 el sistema de seguridad social integral mediante la Ley 100 de 1993, con el objeto de proteger globalmente a todas las personas frente a las contingencias econ贸micas y de salud que les impidan mantener una calidad de vida en condiciones dignas. As铆, cuando la citada ley se refiere al sistema de seguridad social integral, debe entenderse que comprende todas aquellas 鈥渙bligaciones del Estado y la sociedad, las instituciones y los recursos destinados a garantizar la cobertura de las prestaciones de car谩cter econ贸mico, de salud y servicios complementarios, materia de esta ley, que se incorporen normativamente en el futuro鈥 (art. 1o.).


La anterior concepci贸n del sistema permite asegurar una mayor cobertura en la poblaci贸n colombiana en materia de salud y pensiones, con especial atenci贸n de las personas que carecen de capacidad econ贸mica, para brindarle suficiente protecci贸n ante eventuales contingencias. De este modo, la implantaci贸n de un sistema en estos t茅rminos se evidencia como un conjunto arm贸nico de 鈥渆ntidades p煤blicas y privadas, normas y procedimientos鈥 para la prestaci贸n de los reg铆menes generales establecidos para las pensiones, salud, riesgos profesionales y los servicios sociales complementarios definidos en esa Ley 100 (art. 8o.).


Ahora bien, debe destacarse que constitucionalmente se establece a cargo del Estado la prestaci贸n de dicho servicio p煤blico, as铆 como la ampliaci贸n progresiva de su cobertura, debiendo participar tanto las entidades p煤blicas y privadas. En el tratamiento legal otorgado por la Ley 100 de 1993, con el prop贸sito de fijar los par谩metros de participaci贸n de esas entidades para efectos de atender las necesidades de la poblaci贸n en materia de pensiones y de salud, sobresalen distintas situaciones, dependiendo de si se trata, para el campo de las pensiones, del r茅gimen solidario de prima media con prestaci贸n definida o de ahorro individual con solidaridad (arts. 52 y 91) o en el de la salud, a trav茅s de las entidades promotoras de salud, con el fin de crear las condiciones de acceso al mismo de la poblaci贸n en todos sus niveles de atenci贸n y seg煤n un preciso r茅gimen de beneficios (E.P.S., arts. 180, 181, 218 y 236).


La creaci贸n de un sistema integral de seguridad social, con el cual se pudiese establecer una organizaci贸n institucional y normativa especial para brindar una mejor prestaci贸n de ese servicio p煤blico, era requerida dada la multiplicidad de situaciones que exist铆an antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, por lo que 茅sta normatividad debi贸 dise帽ar un sistema 煤nico que abarcase progresivamente la totalidad de la poblaci贸n colombiana, bajo la vigencia de unos principios rectores, como son los de eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y participaci贸n (art. 2o.).


La articulaci贸n de las pol铆ticas, instituciones, reg铆menes, procedimientos y prestaciones de la seguridad social en un r茅gimen jur铆dico unificado y espec铆fico, proviene precisamente del cumplimiento de ese principio de unidad (art. 2o. literal e); con ello, el legislador integr贸 tanto los asuntos de orden sustantivo, en la medida en que permite desarrollar el derecho a la seguridad social, como los de orden procedimental, los cuales facilitan su prestaci贸n efectiva; a 茅stos 煤ltimos, pertenecen las reglas de jurisdicci贸n y competencia de las respectivas autoridades judiciales destinadas a tramitar las materias que se deriven de esos asuntos.


De esta manera, la atribuci贸n de la soluci贸n de las controversias suscitadas entre las entidades p煤blicas y privadas de la seguridad social integral con sus afiliados, responde a la necesidad de especializar una jurisdicci贸n estatal con la asignaci贸n de dicha competencia, haciendo efectiva la aplicaci贸n del r茅gimen jur铆dico sobre el cual se edific贸 la prestaci贸n del servicio p煤blico de la seguridad social.


Sobre el particular y como cuesti贸n final del an谩lisis hasta aqu铆 expuesto, es oportuno traer a colaci贸n algunos criterios expresados por la Corte Suprema de Justicia, en pronunciamiento de la Sala de Casaci贸n Laboral[8], citada en la Vista Fiscal, en el cual, luego de establecer la conveniencia de la atribuci贸n de la competencia a la jurisdicci贸n del trabajo, tantas veces aludida, precis贸 los alcances que debe presentar la misma, los cuales comparte esta Corte en su totalidad:


鈥1. Cuando la Ley atribuye tal competencia a la jurisdicci贸n ordinaria, no puede ampliarse la acepci贸n “seguridad social integral” m谩s all谩聽 de su 贸rbita y llegar al extremo de abarcar aspectos que se mantienen en otras jurisdicciones, u otras especialidades de la jurisdicci贸n ordinaria, por definirlo en forma expl铆cita el legislador, tales como los juicios derivados de responsabilidad estatal de conocimiento de la jurisdicci贸n contencioso administrativo o los procesos de naturaleza civil o comercial.


2.聽 Las diferencias susceptibles de conocimiento de los jueces del trabajo en esta materia, son en esencia las atinentes al reconocimiento y pago de las prestaciones sociales econ贸micas y de salud establecidas en favor de los afiliados y beneficiarios en la ley 100 de 1993 y en el decreto 1295 de 1994 a cargo de entidades que conforman el Sistema Integral de Seguridad Social,聽 as铆 como las que se suscitan sobre los servicios sociales complementarios contemplados en la misma Ley 100.


3. 聽 Corolario de lo anterior es que dentro de tal denominaci贸n no est谩n incluidas las que hacen parte de un sistema de prestaciones a cargo directo de los empleadores p煤blicos y privados, cuya competencia se mantiene en los t茅rminos previstos en las leyes anteriores, por cuanto en estricto sentido no hacen parte del dicho Sistema Integral de Seguridad Social.鈥.


En consecuencia, la competencia en los anteriores t茅rminos atribuida a la jurisdicci贸n del trabajo, aparece como respuesta a la necesidad de particularizar e integrar un sistema mediante el cual debe prestarse el servicio p煤blico obligatorio de la seguridad social bajo el principio de unidad que rige el r茅gimen jur铆dico que la gobierna.


3.3.聽聽 Inexistencia de un trato desigual injustificado entre servidores p煤blicos por la norma acusada, dada la vigencia de un r茅gimen jur铆dico especializado al cual se someten los sujetos y las materias que integran el sistema de seguridad social.


Como lo ha se帽alado esta Corporaci贸n, la igualdad presenta varios significados dentro de los par谩metros constitucionales vigentes; de esta manera, como 鈥(…) valor (pre谩mbulo) implica la imposici贸n de un componente fundamental del ordenamiento; la igualdad en la ley y ante la ley (art铆culo 13 inciso 1掳, desarrollado en varias normas espec铆ficas) fija un l铆mite para la actuaci贸n promocional de los poderes p煤blicos; y la igualdad promocional (art铆culo 13 incisos 2掳 y 3掳) se帽ala un horizonte para la actuaci贸n de los poderes p煤blicos.鈥.[9]


De la misma forma, la igualdad constituye un derecho subjetivo, por ende reclamable, de orden relacional y gen茅rico, es decir que su vulneraci贸n va acompa帽ada del desconocimiento de otro derecho y se proyecta sobre todas las relaciones jur铆dicas, condicionando la actuaci贸n de las autoridades p煤blicas como l铆mite al ejercicio del poder p煤blico[10].


Por consiguiente, erigida la igualdad como principio constitucional, valor fundante y derecho fundamental dentro del Estado social de derecho colombiano, su evaluaci贸n debe darse desde un aspecto sustancial, de manera que, la evidencia de un trato desigual constitucionalmente reprochable deber谩 provenir de la demostraci贸n de la existencia de un criterio diferenciador carente de objetividad y razonabilidad, a trav茅s de la aplicaci贸n de una gu铆a metodol贸gica denominada 鈥渢est de igualdad鈥[11], seg煤n la cual puede indicarse que no se evidencia un trato discriminatorio cuando se compruebe que 鈥 (…) primero, que los hechos sean distintos; segundo, que la decisi贸n de tratarlos de manera diferente est茅 fundada en un fin aceptado constitucionalmente; tercero, que la consecuci贸n de dicho fin por los medios propuestos sea posible y adem谩s adecuada. Como se ve, cada una de estas condiciones corresponde al papel que juegan los tres elementos – f谩ctico, legal o administrativo y constitucional – en la relaci贸n que se interpreta. Por eso, la primera condici贸n pertenece al orden de lo emp铆rico (hecho), la segunda hace parte del orden de lo v谩lido (legalidad) y la tercera del orden de lo valorativo (constituci贸n).鈥


Reiterados los anteriores criterios jurisprudenciales, de la lectura de la demanda se deduce que el actor, para fundamentar el cargo de violaci贸n del principio de igualdad constitucionalmente reconocido en el art铆culo 13 y del deber estatal de promover condiciones igualitarias entre los trabajadores, establecido en el art铆culo 53, por la parte acusada del art铆culo 1o. de la Ley 362 de 1997, estima que se produce una discriminaci贸n entre los servidores p煤blicos con vinculaci贸n legal y reglamentaria al Estado, al tener que tramitar la resoluci贸n de sus conflictos laborales por jurisdicciones distintas, esto es, por la contencioso administrativa cuando dichos servidores no presentan la calidad de afiliados al sistema y, por la ordinaria, en los litigios que resulten en virtud de la afiliaci贸n al mismo.


Seg煤n lo indicado, la identidad de las situaciones f谩cticas o jur铆dicas que se comparan constituye requisito indispensable para definir sobre un posible trato discriminatorio, veamos si el mismo se cumple en el presente caso.


Compartiendo el argumento expuesto por el Procurador General de la Naci贸n en su intervenci贸n, el demandante sustenta su alegato en un presupuesto equivocado, cual es que por regla general puedan existir servidores p煤blicos por fuera del r茅gimen de la seguridad social integral, toda vez que la Ley 100 de 1993 les orden贸 una afiliaci贸n al mismo en forma obligatoria, salvo las excepciones expresamente previstas (art. 15).


Para la entrada en vigor de esa nueva normatividad constituy贸 especial objeto de regulaci贸n la situaci贸n de los servidores p煤blicos frente a su afiliaci贸n al sistema general de pensiones, pues si bien para todos era obligatoria, era factible que escogieran cualquiera de los dos reg铆menes creados, pudiendo, en el caso de acogerse al r茅gimen de prestaci贸n definida, continuar afiliados a las cajas, fondos o entidades de previsi贸n a la cual se hallaban vinculados. En cambio, para los que no estaban afiliados a una de esas entidades de previsi贸n o seguridad social, o habi茅ndolo estado la respectiva entidad se someti贸 a liquidaci贸n, as铆 como para los que por primera vez ingresaban a la fuerza laboral, la afiliaci贸n deb铆a darse ante el Instituto de Seguros Sociales (art. 128).


De manera que, es de destacar -como lo se帽ala el interviniente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social- que el actor confunde en sus apreciaciones los conceptos de afiliado al r茅gimen de la seguridad social integral, a trav茅s de una entidad p煤blica, con el de servidor p煤blico vinculado aunque a la misma entidad, pero por motivo de una relaci贸n laboral.


Esa afiliaci贸n al sistema general de pensiones es de dos clases: obligatoria y voluntaria. Se consideran afiliados, en forma obligatoria, todas las personas vinculadas mediante contrato de trabajo o como servidores p煤blicos incorporados al sistema, salvo las excepciones legales, al igual que los beneficiarios de subsidios del Fondo de Solidaridad Pensional y, en forma voluntaria, los trabajadores independientes y en general todas las personas naturales residentes en el pa铆s y los colombianos domiciliados en el exterior que no tengan la calidad de afiliados obligatorios y que no se encuentren expresamente excluidos en la Ley 100 de 1993 y lo extranjeros que en virtud de contrato de trabajo permanezcan en el pa铆s y no est茅n cubiertos por ning煤n otro r茅gimen (art. 15 y D. R. 692 de 1994, art. 9o.).


A su vez, el art铆culo 157 de la Ley 100 de 1993 precis贸 dos tipos de participantes en el sistema general de seguridad social en salud: un grupo compuesto por los afiliados al sistema mediante: i.) el r茅gimen contributivo, que comprende a las personas vinculadas mediante contrato de trabajo, los servidores p煤blicos con vinculaci贸n contractual o legal y reglamentaria incorporados al sistema, los pensionados por jubilaci贸n, vejez, invalidez sobrevivientes o sustitutos del sector p煤blico como del privado, las personas naturales que no tengan v铆nculo contractual, legal o reglamentario con alg煤n empleador y subsidiado (D.R. 1919 de 1994, art. 7o.) y ii.) el r茅gimen subsidiado, integrado por los trabajadores independientes, y personas sin capacidad de pago as铆 como las vulnerables por su situaci贸n de salud (D.R. 1919 de 1994, art. 10o.). Se consideran vinculados al sistema las personas las personas que no tiene capacidad de pago mientras se afilian al r茅gimen subsidiado.


As铆 las cosas, siendo el objeto de la norma acusada la atribuci贸n de una competencia a una determinada jurisdicci贸n con el fin de precisar la autoridad judicial que dilucide las controversias de los sujetos que, bajo un mismo r茅gimen jur铆dico, integran el sistema de seguridad social integral, es claro que la clase de vinculaci贸n al Estado no puede configurar un criterio v谩lido para alegar una desigualdad de trato entre servidores p煤blicos, pues se reitera que es en raz贸n de la condici贸n de afiliado a dicho sistema que se estructura la competencia judicial, en la forma de un factor subjetivo tenido en cuenta para la respectiva configuraci贸n.


La misma motivaci贸n lleva a estimar err贸nea la consideraci贸n de la naturaleza jur铆dica p煤blica de una entidad, con el fin de que sea la jurisdicci贸n contencioso administrativa la que conozca de las controversias que le surjan con sus afiliados, pues es su pertenencia al sistema de seguridad social integral lo que determina el alcance de la competencia mencionada; adem谩s, no se puede perder de vista que la especializaci贸n de la jurisdicci贸n del trabajo en la forma que se ha venido enunciando, radica en un factor objetivo que se obtiene de la naturaleza misma de las materias cuyos litigios deber谩 dilucidar la jurisdicci贸n del trabajo.


A estas mismas conclusiones lleg贸 la Sala de Casaci贸n Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia previamente referenciada, en la cual se ilustra sobre posibles situaciones a las que se someter铆an absurdamente los distintos afiliados al sistema, de ser ciertas las acusaciones del demandante en el presente proceso de constitucionalidad:


鈥 N贸tese c贸mo no es muy coherente que trat谩ndose de la aplicaci贸n de un estatuto tan extenso y de tanto contenido social, como el nuevo vertido en la Ley 100, el criterio determinante de la competencia tenga que ser el at谩vico de la naturaleza del v铆nculo del servidor, puesto que s铆 as铆 fuere habr铆a que partir de una presunci贸n de legalidad del acto en lo que concierne con empleados p煤blicos, lo que no ocurrir铆a聽 en los conflictos jur铆dicos promovidos por trabajadores oficiales o particulares, en los que el juzgador no est谩 condicionado por tal l铆mite en su juicio apreciativo.


Podr铆an tambi茅n darse casos de conflictos de empleados p煤blicos afiliados a fondos de pensiones privadas en los que hoy parecer铆a inconveniente e injur铆dico asignar sus controversias a una jurisdicci贸n diferente a la m谩s especializada en el conocimiento de asuntos de seguridad social.



De la misma manera, juzga la Corte inadecuado el criterio de que es la naturaleza de la 煤ltima relaci贸n lo que defiere la competencia a聽 la jurisdicci贸n ordinaria o a la contenciosa, porque聽聽 s铆 as铆 fuese no habr铆a juez con vocaci贸n聽聽 para conocer de las diferencias de seguridad聽 social de los trabajadores independientes afiliados a entidades diferentes del seguro social.


Y no resulta extra帽o ni novedoso que la jurisdicci贸n ordinaria avoque el conocimiento de algunos litigios en que aparezcan involucrados empleados p煤blicos. Desde antiguo ha venido conociendo de la “ejecuci贸n de las obligaciones emanadas de la relaci贸n de trabajo”聽 y la misma ley 362, de modo indiscutible, le asign贸 adicionalmente los asuntos sobre fuero sindical de empleados p煤blicos. En consecuencia, no s贸lo le competen a esta jurisdicci贸n los conflictos jur铆dicos derivados directa o indirectamente del contrato de trabajo, sino por mandato expreso del nuevo ordenamiento de 1997 “tambi茅n conocer谩… de las diferencias que surjan entre las entidades… de R茅gimen de Seguridad Social Integral y sus afiliados”, porque lo importante en 茅stas no es el 煤ltimo status de su vinculaci贸n con un empleador, sino su car谩cter de afiliado, al que se le aplica un estatuto integral聽聽 en las mismas condiciones de cuando funja聽 como empleado particular o servidor p煤blico y, en principio, a煤n como trabajador independiente.


Por consiguiente, La verdadera uniformidad en la aplicaci贸n e interpretaci贸n de la seguridad social en pensiones y salud impone en principio la unidad y especializaci贸n de jurisdicci贸n y competencia, como existe en los pa铆ses que m谩s valoran la importancia de la seguridad social.鈥.


Se colige, entonces, que las controversias que surjan entre las entidades del r茅gimen de la seguridad social integral y sus afiliados, pertenecen a la competencia de la jurisdicci贸n del trabajo por orden de la norma acusada y los litigios que se produzcan entre esas entidades en su calidad de empleadoras con sus empleados, sean aquellas de naturaleza p煤blica o privada, deber谩n seguir las normas de competencia previamente establecidas en el ordenamiento jur铆dico, es decir las ordinarias o las especiales a cargo de la jurisdicci贸n contencioso administrativa.


Es por esto que el Procurador General de la Naci贸n manifest贸 acertadamente que la regulaci贸n cuestionada contempla a todos los afiliados al sistema de seguridad social integral quienes se encuentran en una misma situaci贸n de hecho y para quienes, por las razones de unidad del sistema, se pod铆a establecer un r茅gimen jur铆dico especial en materia de jurisdicci贸n y competencia para el tr谩mite de sus asuntos litigiosos.


En consecuencia, comoquiera que de lo analizado se deduce que no se trata de situaciones f谩cticas ni jur铆dicas asimilables dentro de un sector de empleados del Estado, a partir de las cuales el legislador expidi贸 una regulaci贸n discriminatoria y de cuya comparaci贸n el actor hubiese podido formular el cargo de inconstitucionalidad, debe desecharse la acusaci贸n en el supuesto de que no se ha verificado una violaci贸n del principio de igualdad contenido en el art铆culo 13 de la Carta Pol铆tica ni de los mandatos del art铆culo 53 superior que ordena garantizar condiciones de igualdad entre los trabajadores.


As铆 las cosas, por no prosperar los cargos de transgresi贸n constitucional denunciados en la demanda contra los art铆culos 13, 53 y 29, sino por el contrario, habiendo sido demostrado que la norma acusada, en la parte enjuiciada, armoniza con el ordenamiento superior, en especial con los art铆culos 29, 48, 150-23 y 365 constitucionales, la Corte declarar谩 su exequibilidad en la parte resolutiva de esta providencia.


VII. DECISION


En m茅rito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constituci贸n,


R E S U E L V E :


Declarar EXEQUIBLE la expresi贸n “p煤blicas” del art铆culo 1o. de la Ley 362 de 1997 鈥減or la cual se modifica el art铆culo 2o. del C贸digo Procesal del Trabajo y se dictan normas sobre competencia en materia laboral鈥.


Notif铆quese, comun铆quese, publ铆quese, ins茅rtese en la Gaceta de la Corte Constitucional y arch铆vese el expediente.

ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO

Presidente

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