Sentencia T-203/00 Restablecimiento de condiciones de trabajo

febrero 28, 2000 6:45 pm

Sentencia T-203/00
28 de Febrero de 2000
Corte Constitucional
Restablecimiento de condiciones de trabajo

ACCION DE TUTELA-Finalidad


La acci贸n de tutela es una instituci贸n que consagr贸 la Constituci贸n de 1991 para proteger los derechos fundamentales de las personas, de lesiones o amenazas de vulneraci贸n por parte de una autoridad p煤blica y, bajo ciertos supuestos, por parte de un particular. Se trata de un procedimiento judicial espec铆fico, aut贸nomo, directo y sumario, que en ning煤n caso puede sustituir los procesos judiciales que establece la ley; en ese sentido la acci贸n de tutela no es una instituci贸n procesal alternativa o supletiva.


ACCION DE TUTELA CONTRA PARTICULARES-Procedencia excepcional


ACCION DE TUTELA CONTRA PARTICULARES-Presupuestos


SUBORDINACION-Alcance


SUBORDINACION LABORAL-Restablecimiento de condiciones de trabajo


ACCION DE TUTELA-Presentaci贸n por modificaci贸n unilateral de jornada de trabajador


JORNADA MAXIMA LEGAL DE TRABAJO-Exclusiones


JORNADA MAXIMA LEGAL DE TRABAJO-Exclusi贸n de los que ejerciten actividades discontinuas o intermitentes y los de simple vigilancia, cuando residen en el lugar o sitio de trabajo


JORNADA ORDINARIA DE TRABAJO-Alcance


CONTRATO DE TRABAJO-Clasificaci贸n de labor distinta a la que realidad impone


JORNADA LABORAL-Disponibilidad de personal las veinticuatro horas del d铆a


CONTRATO DE TRABAJO-Funci贸n de transmisorista


PRINCIPIO DE PRIMACIA DE REALIDAD SOBRE FORMALIDADES ESTABLECIDAS POR SUJETOS DE RELACIONES LABORALES-Modalidad diferente a la clasificaci贸n de trabajo realizada


JORNADA LABORAL-Necesidad de por lo menos dos turnos de trabajo en estaci贸n radial para la funci贸n de transmisorista


JORNADA LABORAL-Modificaci贸n unilateral que afect贸 derechos fundamentales


DERECHO AL TRABAJO EN CONDICIONES DIGNAS Y JUSTAS-Atribuci贸n completa de responsabilidad de estaci贸n de transmisi贸n que fue compartida durante dieciocho a帽os


DERECHO AL TRABAJO EN CONDICIONES DIGNAS Y JUSTAS-Jornada laboral de veinticuatro horas al d铆a


DERECHO AL DESCANSO-Jornada laboral de veinticuatro horas al d铆a sin descanso y permisos para citas m茅dicas


DERECHO A LA IGUALDAD LABORAL-Turnos para prestaci贸n de funci贸n de transmisorista


Referencia: expediente T-255444


Acci贸n de tutela instaurada por Oliva De Jesus Rubiano Mancipe contra


CARACOL S.A.

Magistrado Ponente


Dr. FABIO MORON DIAZ

Santaf茅 de Bogot谩, D.C., veintiocho (28) de febrero de dos mil (2000)


La Sala S茅ptima de Revisi贸n de Tutelas de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Vladimiro Naranjo Mesa, Alvaro Tafur Galvis y Fabio Moron Diaz, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente


SENTENCIA


en el proceso de revisi贸n de los fallos adoptados por el Juzgado D茅cimo Laboral del Circuito Santa Fe de Bogot谩 y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad, instancias que conocieron la acci贸n de tutela instaurada por OLIVA DE JESUS RUBIANO MANCIPE contra CARACOL PRIMERA CADENA RADIAL COLOMBIANA S.A. – CARACOL S.A –


I. ANTECEDENTES


1. HECHOS


Los hechos constitutivos de la presente acci贸n de tutela pueden resumirse de la siguiente manera:


La se帽ora Oliva de Jesus Rubiano Mancipe y su esposo Gildardo Velez Orrego, se vincularon laboralmente a Caracol S.A., empresa demandada en el proceso de tutela de la referencia, el 16 de enero de 1978, fecha en la cual cada uno suscribi贸 su respectivo contrato de trabajo, para prestar sus servicios como transmisoristas, inicialmente en la estaci贸n de Manjui[1].


Despu茅s de cinco (5) a帽os, esto es en 1983, la demandante y su esposo fueron trasladados, los dos, a la estaci贸n de Banderas ubicada en Patio Bonito Santa Fe de Bogot谩, en donde cumplieron la misma funci贸n de transmisoristas hasta diciembre de 1996, lo que quiere decir que durante diez y ocho a帽os ininterrumpidos ellos desempe帽aron esa labor en el mismo sitio, el cual adem谩s era su residencia, cumpliendo cada uno turnos de doce horas.


El 31 de octubre de 1996, la empresa demandada, a trav茅s de su vicepresidente administrativo, remiti贸 a la actora y a su esposo una carta[2] en la que les informa que la frecuencia 850 khz, correspondiente a la estaci贸n en la que ellos laboraban, hab铆a sido cedida a un concesionario, lo que implicaba su entrega y la de los correspondientes equipos, hecho que seg煤n la empresa accionada 鈥渃onstitu铆a una justa causa para dar por terminados los contratos de trabajo鈥; agregaba que no obstante esa circunstancia, la compa帽铆a, teniendo en cuenta su antig眉edad y queri茅ndoles garantizar la estabilidad de la que hab铆an gozado, les ofrec铆a tres alternativas:


鈥1. Trasladar a la se帽ora Oliva Rubiano al sitio de los transmisores de la emisora 1220 La Vallenata y al se帽or Gildardo V茅lez Orrego pasarlo a realizar el tercer turno en los transmisores de la emisora Radio Deportes, con jornada de ocho horas y con derecho al transporte legal y convencional.


2. Trasladar a la se帽ora Rubiano al 谩rea de servicios generales, en la secci贸n de aseo y cafeter铆a y al se帽or V茅lez al sitio de los transmisores de la emisora 1220 La Vallenata.


3. Trasladar como transmisorista de la emisora 1220 La Vallenata, a uno de ustedes y al otro reconocerle una suma equivalente al valor de la indemnizaci贸n.


Es del caso se帽alarles que la empresa no requiere los servicios de dos personas para el oficio de transmisoristas y su jornada por residir en el lugar de trabajo no est谩 limitada a las ocho (8) horas diarias o cuarenta y ocho (48) horas semana. En el evento de aceptar alguna de las opciones se帽aladas, la compa帽铆a respeta las condiciones de salario b谩sico, recargos nocturnos, dominicales, festivos y compensatarios, de conformidad con las disposiciones legales y el acuerdo convencional vigente.

(…)鈥

Con fecha 19 de diciembre de 1996, la empresa demandada le notific贸 a la actora y a su esposo, a trav茅s de sendos memorandos[3], que a 茅l 鈥…lo trasladaban a desempe帽ar sus funciones a los transmisores 1010 Radio Deportes (Bosa) en el horario de 10 p.m. a 6 a. m. a partir del 1潞. de enero de 1997鈥, y a ella 鈥…que la empresa hab铆a determinado que el sitio de transmisiones 850 Khz (Banderas), ser谩 de su completa responsabilidad a partir del 1潞 de enero de 1997, ya que se ha trasladado al se帽or Gildardo V茅lez a otra dependencia.鈥 Lo que indica que no se produjo la cesi贸n anunciada.


Tales decisiones, se帽ala la demandante, implican que desde el 1潞. de enero de 1997, ella haya tenido que asumir las labores de transmisorista 24 horas al d铆a, pues adem谩s del turno de doce horas que siempre hab铆a cumplido, ahora debe atender el de su esposo, quien fue trasladado pero nunca reemplazado; esa situaci贸n se traduce en que no tiene ning煤n tipo de descanso ni goza de tiempo disponible para sus hijos, que son menores de edad, como tampoco para el resto de su familia, mucho menos para su propio esparcimiento y recreaci贸n. Ni siquiera, dice la actora, se le autoriza retirarse del sitio de trabajo para acudir al m茅dico, no obstante que la empresa conoce que sufre delicados quebrantos de salud, originados en el contacto diario que tuvo durante mucho tiempo con equipos ruidosos que le afectaron seriamente el o铆do izquierdo.


Anota la demandante, que ante la situaci贸n descrita el sindicato de trabajadores de la empresa, al cual ella est谩 afiliada, se dirigi贸 a las directivas de la misma para reclamar pronta soluci贸n a su problema, observando que es inadmisible que despu茅s de 18 a帽os 茅sta, unilateralmente, decida que una labor que durante casi una d茅cada cumplieron dos personas, cada una con su respectivo contrato de trabajo, desde ese momento le correspond铆a a una sola, y que por residir ella en el sitio de trabajo no le era aplicable la jornada laboral de ocho horas que ordena la ley; adem谩s, se帽al贸 el sindicato en su misiva, esa decisi贸n vulner贸 y desconoci贸 la convenci贸n colectiva de trabajo vigente en 1997, la cual le garantizaba a los trabajadores que la compa帽铆a respetar铆a la jornada de trabajo que ellos ven铆an cumpliendo en el momento en que se suscribi贸 dicho documento[4].


Considera la actora de la tutela, que las decisiones adoptadas por su patrona vulneran sus derechos fundamentales al trabajo en condiciones dignas y justas, a la salud, a la recreaci贸n y a la igualdad, este 煤ltimo por cuanto en las dem谩s estaciones repetidoras de la empresa, incluida aquella a la que fue trasladado su marido, los transmisoristas cumplen turnos de trabajo que en ning煤n caso exceden las doce horas, motivos que la llevaron a solicitar, por v铆a de tutela, protecci贸n inmediata y transitoria para esos derechos, que en su criterio se logra restableciendo las condiciones de trabajo que ten铆a hasta diciembre de 1997.


2. SENTENCIAS OBJETO DE REVISION

  • La Decisi贸n Judicial de Primera Instancia

Mediante Sentencia del 2 de agosto de 1999, el Juzgado D茅cimo Laboral del Circuito de Santa Fe de Bogot谩, decidi贸 tutelar los derechos constitucionales fundamentales al trabajo en condiciones dignas y justas, a la salud, a la igualdad, a la recreaci贸n y al libre desarrollo de la personalidad de la actora, para lo cual orden贸 a la empresa demandada 鈥…implementar un m铆nimo de dos turnos para la atenci贸n de las funciones de los transmisores de Banderas (850khz), que permita la rotaci贸n de las labores de la accionante, al igual que otorgar los permisos legales remunerados que sean necesarios para la asistencia m茅dica de esta 煤ltima, con la asignaci贸n del remplazo correspondiente.鈥


Los argumentos que sirvieron de base a la decisi贸n del a-quo son los que se resumen a continuaci贸n:


En primer lugar, se帽ala el a-quo que la tutela, no obstante presentarse contra un particular, la empresa CARACOL S.A., era procedente, dado que entre la accionante y esta 煤ltima media un contrato laboral, que indica que la primera est谩 respecto de la segunda en situaci贸n de subordinaci贸n, supuesto que de conformidad con lo establecido en el art铆culo 42-9 del Decreto 2591 de 1991 hace procedente dicha acci贸n.


Manifiesta el Juez constitucional de primera instancia, que el derecho al trabajo, consagrado en el art铆culo 25 de la Carta Pol铆tica, tal como lo ha se帽alado la jurisprudencia de esta Corporaci贸n, es un derecho fundamental aunque no de aplicaci贸n inmediata y que su efectividad debe garantizarse en los t茅rminos que para el efecto se帽ale la ley.


Anota, que el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas no se garantiza y hace efectivo con el mero acceso a 茅l, pues es necesario que paralelamente se cumplan los principios que consagra el art铆culo 53 de la Carta Pol铆tica, aclarando, que no obstante que el Constituyente ordena que el correspondiente desarrollo legislativo es, desde luego, responsabilidad del Congreso, si 茅ste no se da ello no es 贸bice para su aplicaci贸n inmediata al caso concreto.


Se帽ala el a-quo, que de conformidad con los documentos que reposan en el expediente, no hay duda de que durante diez y ocho a帽os la atenci贸n de los transmisores corri贸 a cargo de la actora y su c贸nyuge, ambos empleados de la empresa demandada, lo que implica que pod铆an rotarse en el cumplimiento de las mismas, correspondi茅ndole a cada uno un turno de doce horas, hecho que se reafirma si se tiene en cuenta que el trabajo que desempe帽an implica una disponibilidad continua, argumento que por lo dem谩s no fue ni controvertido ni desvirtuado por la accionada en la contestaci贸n de la demanda, en la cual se limita a insistir en la improcedencia de la acci贸n dada la existencia de otros medios de defensa judicial.


As铆 las cosas, concluye el a-quo, en el caso concreto se verifica que las decisiones de la empresa demandada afectan derechos de orden supralegal, definidos como fundamentales en la Constituci贸n, espec铆ficamente el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas, y en conexidad con este el derecho a la recreaci贸n, al libre desarrollo de la personalidad y a la salud, pues si el contacto permanente con los equipos de la estaci贸n le ha ocasionado a la actora da帽os en su capacidad auditiva, que la han afectado significativamente, es obvio que en la medida en que el tiempo de exposici贸n al agente perturbador aumente, aumentar谩n tambi茅n las posibilidades de que se agraven sus dolencias. De otra parte, en su criterio tambi茅n se comprueba la violaci贸n del derecho a la igualdad, en cuanto se denuncia que en las dem谩s estaciones de transmisi贸n, incluida a la que fue trasladado el esposo de la accionante, la empresa tiene implementados turnos de trabajo, todo lo cual hace procedente tutelar de manera definitiva, y no con car谩cter transitorio como lo solicita la actora, dichos derechos.

  • La Impugnaci贸n


Mediante escrito de 6 de agosto de 1999[5], la empresa demandada, a trav茅s de apoderado, impugn贸 el fallo del juez constitucional de primera instancia, presentando a consideraci贸n del ad-quem los argumentos que se resumen a continuaci贸n:


Afirma el apoderado de la accionada, que en el caso concreto la acci贸n de tutela es improcedente, pues no es ella el mecanismo id贸neo para que la empleadora聽 – CARACOL S.A – 鈥…deje sin efecto el traslado de sitio de trabajo que se efect煤o con el consentimiento de la trabajadora, el pasado 1潞. de enero de 1997, ni para que se determine una jornada y un horario para la actividad de transmisorista que por ley no est谩 sujeta a la jornada m谩xima de trabajo (art. 162 literal c. C.S.T. ) y que en el contrato de trabajo que se suscribi贸 el d铆a 16 de enero de 1978 se pact贸 as铆 y se ha venido ejecutando y mucho menos, para obtener permisos remunerados a cargo del empleador para asistir al m茅dico, dado que todo ello es objeto de un proceso ordinario laboral en los t茅rminos del art铆culo 2潞, del C贸digo Procesal del Trabajo.鈥


Para el apoderado de la empresa demandada, 茅sta es aut贸noma en la fijaci贸n de las jornadas, turnos, horarios y funciones de sus trabajadores, lo que indica que la decisi贸n del a-quo, adem谩s de improcedente dado que exist铆a otro medio de defensa judicial, el proceso ordinario laboral, vulnera la autonom铆a de la empresa y el libre ejercicio de la propiedad privada. Anota el impugnante, 鈥…que por v铆a de tutela no puede un juez autorizar a un empleador para que viole las disposiciones del C贸digo Sustantivo del Trabajo, dado que al imponerle un m铆nimo de dos turnos rotativos lo est谩 obligando a pactar jornadas laborales de doce horas diarias que violan flagrantemente el art铆culo 22 de la Ley 50 de 1990.鈥


Agrega, que no existe facultad legal para que un juez por v铆a de tutela modifique un contrato de trabajo, en consecuencia, 鈥…si el servicio que presta un transmisorista se encuentra sometido a una jornada de trabajo o es una excepci贸n a la regla general es un punto jur铆dico que debe dirimir el Juez del Trabajo…鈥


En su concepto, la decisi贸n del a-quo no s贸lo es contraria a derecho, sino que ella misma vulnera el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad de la actora, pues le impone un determinado horario de trabajo y unos turnos rotativos que le obliga a cumplir, coart谩ndole la libertad de contrataci贸n laboral, motivo por el cual le solicita al ad-quem 鈥…revocar la decisi贸n impugnada y dejar en libertad a la se帽ora OLIVA DE JESUS RUBIANO MANCIPE para que acuda a la jurisdicci贸n ordinaria del trabajo para hacer efectivas sus acciones.鈥

  • La Decisi贸n de Segunda Instancia


La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogot谩, conoci贸 de la impugnaci贸n presentada contra el fallo del a-quo en el proceso de tutela de la referencia, y decidi贸, a trav茅s de sentencia fechada el 14 de septiembre de 1999, revocar la decisi贸n apelada y en su lugar negar la protecci贸n solicitada por la accionante, teniendo como base los siguientes argumentos:


Manifiesta el ad-quem, que la acci贸n de tutela es subsidiaria, residual, esto es que s贸lo se podr谩 acudir a ella en la medida en que no exista otro instrumento jur铆dico para lograr la protecci贸n del derecho conculcado, 鈥…pues no pretendi贸 el Constituyente de 1991 desbordar todo el ordenamiento jur铆dico existente ni desconocer las acciones comunes garantizadas por la misma Constituci贸n, al establecer una dualidad a todas luces incomprensible e il贸gica que ir铆a contra la marcha normal de la administraci贸n de justicia.鈥


Agrega, que la vulneraci贸n de un derecho fundamental implica la transgresi贸n de un derecho de esta categor铆a, f谩cilmente perceptible y que cause un perjuicio al afectado, mientras la amenaza es la expectativa real de la ocurrencia del da帽o, es, dice, algo subjetivo, acompa帽ado de ciertas manifestaciones objetivas, que indican que la intenci贸n de la autoridad p煤blica o del particular contra el que se dirige la acci贸n se va a materializar.


Aclara, que la accionante no pretende a trav茅s de la acci贸n de tutela dejar sin efecto el traslado que convinieron las partes, que lo que ella solicita es que se le brinden condiciones de trabajo que correspondan a los par谩metros legales, especialmente en lo que tiene que ver con jornada de trabajo y permisos. En esa perspectiva, concluye el ad-quem, 鈥…es inadmisible la postura de la empresa cuando arguye que tiene plena autonom铆a, dentro del ejercicio de la propiedad privada, para determinar a motu propio los turnos, jornadas y funciones de los trabajadores, posici贸n que se compadec铆a en otros estadios de la sociedad, por fortuna ya superados, pero impracticables en un Estado social de derecho como el que se consagra en nuestra Constituci贸n.鈥


El derecho al trabajo, se帽ala el Juez constitucional de segunda instancia, conlleva para su plena realizaci贸n la necesidad de garantizarle al trabajador condiciones dignas y justas, que se traducen en la no discriminaci贸n, en la promoci贸n y el est铆mulo a la superaci贸n, en la estabilidad y la solidaridad y en la posibilidad de recreaci贸n no s贸lo personal sino familiar. El desarrollo de esos principios justifica los m铆nimos derechos que consagra el C贸digo Sustantivo del Trabajo, fruto de una prolongada lucha de la clase trabajadora, los cuales son irrenunciables, todo lo cual indica 鈥…que la voluntad del empleador no es soberana sino que est谩 limitada no solamente por lo consagrado en la ley a favor del trabajador sino tambi茅n por la voluntad de quien presta el servicio.鈥


El contrato de trabajo, se帽ala el ad-quem, es bilateral y consensual, luego es a las partes a las que les corresponde determinar c贸mo se va a ejecutar el mismo, teniendo en cuenta que sus acuerdos no desconozcan los derechos m铆nimos reconocidos a los trabajadores en la ley. En esa perspectiva, si se tiene en cuenta que el art铆culo 158 del C. S. de T., al definir la jornada de trabajo establece, que 鈥…es la que convengan las partes, y a falta de convenio la m谩xima legal鈥, y que el art铆culo 165 se帽ala, que cuando la naturaleza de la labor exija actividad continuada el patrono puede establecer turnos para realizarla sin pasar el l铆mite m谩ximo permitido por la ley, es pertinente concluir que ni siquiera al juez laboral, en el ejercicio normal de su competencia, le es permitido inmiscuirse en esos temas, mucho menos entonces al juez de tutela a trav茅s de un proceso sumario y excepcional.


Reconoce el ad-quem, que la empresa demandada tiene que ajustarse a lo reglamentado en aquellos aspectos de los que se 鈥渄uele鈥 la actora, pues la situaci贸n por ella descrita configura una 鈥…injusticia que no tiene respaldo de ninguna 铆ndole y que tiene que ser corregida por la empresa [la cual] debe acomodarse a los postulados de la ley y de la nueva Carta Pol铆tica.鈥


Cuando el empleador desconoce derechos de sus trabajadores, concretamente en el campo de la jornada laboral y su remuneraci贸n, 鈥…lo que se genera es un conflicto jur铆dico que se debe ventilar a trav茅s de la v铆a ordinaria laboral, [luego] no es la v铆a sumaria el medio apropiado para imponer ciertas condiciones bajo las cuales se debe ejecutar el contrato de trabajo, que por lo dem谩s son ajenas a la jurisdicci贸n鈥. En cuanto a los permisos, tampoco es asunto que deba dirimir el juez de tutela, dado que 茅stos constituyen una obligaci贸n especial del empleador de acuerdo con lo establecido en el art铆culo 57.6 del C.S.T., cuyo incumplimiento le permite al trabajador dar por terminado el contrato arguyendo justa causa, o recurrir a las autoridades administrativas correspondientes que tienen la funci贸n de vigilar que se cumplan los presupuestos de ley.


Por 煤ltimo, el juez constitucional de segunda instancia le 鈥渞ecalca鈥 a la empresa demandada, 鈥…que toda su conducta laboral debe estar sujeta a los postulados expresamente se帽alados en el C贸digo Sustantivo Laboral, con miras a que el trabajo realizado por la accionante se ejecute en condiciones dignas y justas.鈥


II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS


1) Competencia


La Sala S茅ptima de Revisi贸n de Tutelas de la Corte Constitucional, es competente para revisar los fallos producidos en el proceso de tutela de la referencia, seg煤n lo establecido en los art铆culos 86 y 241-9 de la Constituci贸n Pol铆tica, en armon铆a con los art铆culos 33, 34 y 35 del Decreto 2591 de 1991.


2) La Materia


En esta oportunidad le corresponde a la Sala revisar los fallos de primera y segunda instancia, producidos dentro del proceso de tutela de la referencia. Es decir, que deber谩 establecer si la decisi贸n del a-quo, de tutelar con car谩cter definitivo los derechos fundamentales al trabajo en condiciones dignas y justas, a la salud, a la igualdad, a la recreaci贸n y al libre desarrollo de la personalidad de la actora, orden谩ndole al efecto a la empresa demandada implementar un m铆nimo de dos turnos para atender las funciones de las cuales hizo 鈥渃ompletamente鈥 responsable a la accionada, permiti茅ndole a 茅sta rotarlas con otra persona, como lo hizo con su esposo, tambi茅n empleado de CARACOL S.A., durante diez y ocho a帽os, y otorgarle a la misma los permisos remunerados necesarios para que reciba la asistencia m茅dica que requiere, se ajusta a los mandatos del ordenamiento superior y a las disposiciones de la ley, o si por el contrario, como lo sostiene el juez constitucional de segunda instancia que revoc贸 esa decisi贸n, en el caso concreto que se analiza la acci贸n de tutela era improcedente, dada la existencia de otro medio de defensa judicial, que no es otro que el proceso ordinario laboral.


3) De la procedencia de la acci贸n de tutela en el caso concreto que se revisa.


En el caso que se revisa, la acci贸n de tutela que la actora instaur贸 contra una empresa particular, su empleadora, era procedente, dada la relaci贸n de subordinaci贸n que existe entre ellas y el car谩cter de fundamentales de los derechos que alega vulnerados.


La acci贸n de tutela es una instituci贸n que consagr贸 la Constituci贸n de 1991 para proteger los derechos fundamentales de las personas, de lesiones o amenazas de vulneraci贸n por parte de una autoridad p煤blica y, bajo ciertos supuestos, por parte de un particular. Se trata de un procedimiento judicial espec铆fico, aut贸nomo, directo y sumario, que en ning煤n caso puede sustituir los procesos judiciales que establece la ley; en ese sentido la acci贸n de tutela no es una instituci贸n procesal alternativa o supletiva.[6]


Ahora bien, la procedencia de la acci贸n de tutela contra particulares est谩 supeditada, de conformidad con lo establecido en el art铆culo 86 de la Carta Pol铆tica, a la existencia de uno de los siguientes presupuestos:


a. Que el particular est茅 encargado de un servicio p煤blico;


b. Que el particular afecte gravemente el inter茅s colectivo;


c. Que el solicitante se halle en estado de subordinaci贸n o indefensi贸n frente al particular.


En esos tres eventos, tal como lo precis贸 esta Corporaci贸n, se puede presentar la vulneraci贸n de cualquier derecho fundamental de una persona por parte de un particular. Dijo la Corte:


鈥淟a instituci贸n de la tutela, tal como qued贸 plasmada en nuestro ordenamiento constitucional, implica un notable avance en relaci贸n con similares instituciones en otros ordenamientos. En efecto, el Constituyente de 1991 contempl贸 la posibilidad de que la tutela procediera tambi茅n contra particulares, lo cual no est谩 previsto en otras legislaciones. Posiblemente se debe ello a que, en principio, se ha considerado err贸neamente, que es el Estado, a trav茅s de las autoridades p煤blicas, quien viola por acci贸n u omisi贸n, los derechos fundamentales de las personas, cuando la realidad demuestra que 茅stos tambi茅n son vulnerados, en forma quiz谩s m谩s reiterativa y a menudo m谩s grave, por los mismos particulares. (Corte Constitucional, Sentencia C-134 de 1994,, M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa)


En el caso analizado, la actora es empleada de la empresa demandada, vinculada por contrato de trabajo a t茅rmino indefinido celebrado en 1976, lo cual, como lo ha se帽alado esta Corporaci贸n, la coloca en relaci贸n de subordinaci贸n con la acusada, situaci贸n que en principio y en tanto ella alega la vulneraci贸n de derechos fundamentales, hace procedente la acci贸n de tutela de conformidad con lo establecido en el art铆culo 86 de la Constituci贸n y en el art铆culo 42 del Decreto 2591 de 1991.


鈥淓ntiende esta Corte que la subordinaci贸n alude a la existencia de una relaci贸n jur铆dica de dependencia, como ocurre, por ejemplo, con los trabajadores respecto de sus patronos, o con los estudiantes frente a sus profesores o ante los directivos del establecimiento al que pertenecen, en tanto que la indefensi贸n, si bien hace referencia a una relaci贸n que tambi茅n implica la dependencia de una persona respecto de otra, ella no tiene su origen en la obligatoriedad derivada de un orden jur铆dico o social determinado sino en situaciones de naturaleza f谩ctica en cuya virtud la persona afectada en su derecho carece de defensa, entendida 茅sta como posibilidad de respuesta efectiva ante la violaci贸n o amenaza de que se trate,鈥 (Corte

Constitucional, Sentencia T-290 de 1993, M.P. Dr. Jos茅 Gregorio Hern谩ndez Galindo)


En efecto, en el caso que se revisa el alegato de la actora se dirige a probar que acciones espec铆ficas de su patrona han variado de manera sustancial sus condiciones laborales, las cuales solicita que se restablezcan, desde el momento mismo en que aquella le atribuy贸 鈥渓a completa responsabilidad鈥 de la estaci贸n en la que presta sus servicios como transmisorista, y traslad贸 a otra estaci贸n a su c贸nyuge, quien durante 18 a帽os comparti贸 con ella dicha funci贸n en cumplimiento del contrato de trabajo individual que tambi茅n lo vincula a la empresa demandada.


Anota, que no obstante que la empleadora alega estar autorizada por la ley para adoptar tales medidas, en el caso concreto ellas sirvieron para vulnerar de manera grave el n煤cleo esencial de sus derechos fundamentales al trabajo en condiciones dignas y justas, a la salud y a la igualdad, por lo que la acci贸n procedente era precisamente la tutela y no como lo manifiesta el ad-quem, la acci贸n ordinaria laboral, pues lo que se plantea es una controversia que involucra derechos fundamentales y que por lo tanto le corresponde dirimir al juez constitucional y no al juez ordinario:


鈥淟os conflictos que se originan聽 con motivo del contrato de trabajo, entre los patronos y los trabajadores, pueden implicar la violaci贸n de derechos fundamentales de 茅stos, o el desconocimiento de derechos fundados o que tienen origen en normas de rango legal. Cuando el conflicto ata帽e a la violaci贸n o amenaza de violaci贸n de un derecho constitucional fundamental su soluci贸n corresponde al juez constitucional; en cambio cuando la controversia se origina directa o indirectamente del contrato de trabajo y naturalmente versa sobre la violaci贸n聽 de derechos de rango legal, consagrados en la legislaci贸n laboral, su soluci贸n corresponde al juez laboral. (art.2 C.P.) (Corte Constitucional, Sentencia SU-342 de 1995, M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell).


La procedencia de la acci贸n de tutela en el caso que se revisa, encuentra tambi茅n sustento espec铆fico en el hecho de que la solicitud de la peticionaria, si bien remite a una controversia sobre el alcance de normas legales consignadas en el C. S. del T., que como tal encuentra espacio en la jurisdicci贸n laboral ordinaria, le plantea al juez de tutela la necesidad inmediata de establecer, si en el caso concreto las medidas adoptadas por el patrono, contra las que dirige su acusaci贸n, desde el punto de vista constitucional son leg铆timas, o si por el contrario ellas lesionan su derecho fundamental al trabajo en condiciones dignas y justas y sus derechos a la salud, a la recreaci贸n y a la igualdad.


Lo que alega la actora es que las decisiones de la empresa demandada, de atribuirle a ella, sin m谩s, 鈥渓a completa responsabilidad鈥 de la estaci贸n en la que ven铆a laborando con su marido desde hace casi dos d茅cadas y trasladarlo a 茅l a otra estaci贸n sin proceder a nombrarle reemplazo, afectan el n煤cleo esencial de sus derechos fundamentales al trabajo en condiciones dignas y justas, a la salud y a la igualdad, por cuanto modificaron sustancialmente sus condiciones de trabajo, las cuales solicita que se restablezcan, en la medida en que se tradujeron en una modificaci贸n unilateral de la jornada laboral que ven铆a cumpliendo desde hace diez y ocho a帽os, la cual, si se tiene en cuenta que compart铆a las funciones con otro trabajador, su esposo, era de no m谩s de 12 horas diarias, situaci贸n para la cual es procedente recurrir a la acci贸n de tutela, tal como en anteriores oportunidades lo ha se帽alado esta Corporaci贸n:


鈥淟a modificaci贸n unilateral de la jornada laboral de un trabajador, en principio carece de relevancia constitucional y debe ser ventilada ante la jurisdicci贸n ordinaria. Sin embargo, el inesperado cambio de la jornada…podr铆a ser el efecto de la utilizaci贸n abusiva de la libertad de empresa que otorga la Constituci贸n al empleador, y comprometer, en consecuencia, [un] derecho fundamental…鈥[7]


Definida como ha quedado la procedencia de la acci贸n de tutela en el caso concreto que se revisa, con lo que se desvirt煤a el argumento central de la decisi贸n del juez constitucional de segunda instancia que revoc贸 la del a-quo y neg贸 el amparo, proceder谩 la Sala a analizar, a la luz del ordenamiento superior, la decisi贸n del juez constitucional de primera instancia, que como se anot贸 antes, tutel贸 de manera definitiva los derechos para los cuales la actora solicit贸 protecci贸n, orden谩ndole al efecto a la demandada la adopci贸n de espec铆ficas medidas.


4) En el caso concreto que se revisa, no obstante que en el contrato laboral la tarea contratada聽 se clasific贸 como una de aquellas a las que se refiere el al literal c) del art铆culo 162 del C. S. del T., exceptuadas de la jornada m谩xima legal, por sus caracter铆sticas corresponde a una de aquellas a las que se refiere el numeral 2 de la misma norma, situaci贸n que implica la activaci贸n del principio de primac铆a de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, consagrado como tal en el聽 53 de la C.P.


En el caso que se revisa, la actora es empleada desde enero de 1976, de la empresa demandada, a la cual se vincul贸 por contrato de trabajo a t茅rmino indefinido, para prestar sus servicios como transmisorista, labor que seg煤n se estipul贸 en el contrato de trabajo[8], corresponde a la modalidad descrita en el literal c) del art铆culo 162 del C. S. del T., a la cual no le es aplicable el concepto de jornada m谩xima legal de trabajo; dice dicha norma:


鈥淎rt铆culo 162. Quedan excluidos de la regulaci贸n sobre jornada m谩xima legal de trabajo los siguientes trabajadores:


a) Los que desempe帽an cargos de direcci贸n, de confianza o de manejo


b) Los del servicio dom茅stico, ya se trate de labores en los centros urbanos o en el campo.[9]


c) Los que ejerciten actividades discontinuas o intermitentes y los de simple vigilancia, cuando residen en el lugar o sitio de trabajo.


La simple vigilancia o custodia, ha dicho la doctrina especializada, es una actividad que antes que a la din谩mica pertenece a la est谩tica de la producci贸n, ella no consiste en sucesivos actos positivos sino en una actitud preponderantemente pasiva con fines de seguridad material, que no por eso deja de considerarse trabajo. Cuando el trabajador reside en el mismo sitio en el que cumple esa actividad, la ley lo except煤a de la jornada m谩xima legal, que es el n煤mero m谩ximo de horas diarias laborables que pueden pactar trabajador y patrono, dado que, de conformidad con lo dispuesto en el art铆culo 158 del C贸digo Laboral, son las partes, en ejercicio de su capacidad y autonom铆a, las que deben acordar la jornada ordinaria de trabajo y s贸lo a falta de expresa disposici贸n sobre el particular se aplicar谩 la jornada m谩xima legal:


鈥…la jornada ordinaria de trabajo es la que convienen las partes, que es distinta de la m谩xima legal, que opera en ausencia de tal convenci贸n, de manera que cuando el empleador exige la prestaci贸n de servicios a continuaci贸n de la jornada ordinaria convenida est谩 disponiendo un trabajo suplementario de acuerdo con el art铆culo 159 del mismo estatuto.鈥 (Corte Suprema de Justicia, Sentencia 11.014, 1999)


En el caso que se analiza, la actividad contratada por parte de la empleadora es la de transmisorista, labor que exige una disponibilidad de personal 24 horas al d铆a, pues comprende, entre otras, las siguientes actividades:


Vigilar que el transmisor est茅 operando continuamente y si se observa alg煤n da帽o o irregularidad comunicarlo inmediatamente al ingeniero de la empresa.


Vigilar las alarmas de los equipos, anotar cualquier novedad y dar los avisos correspondientes.


En el evento en que se presenten cortes de energ铆a verificar que las plantas el茅ctricas se prendan y una vez vuelva el fluido el茅ctrico apagarlas.


Realizar diariamente operaciones de calentamiento de la planta de energ铆a el茅ctrica, de 7 A.M a 8 A.M y de 6P.M. a 7P.M.


Atender el radiotel茅fono que est谩 activo las veinticuatro horas del d铆a.


Atender las visitas de t茅cnicos e ingenieros que remita la empresa, anotando fecha, hora y motivo de la visita.


Realizar el aseo de los equipos y colaborar en las tareas de mantenimiento que adelante el personal especializado que env铆e la empresa.


Efectuar anotaciones del comportamiento de los instrumentos de los equipos de 6 A.M. a 6 P.M


Diariamente, a las 10 P.M. bajar la potencia del equipo de transmisi贸n de 50 kilovatios a 19 y a las 5 A.M. volverla a subir.


No se trata entonces de una labor que se limite a la custodia pasiva de los equipos, de simple vigilancia por parte del trabajador que reside en el mismo lugar, tampoco exclusivamente de labores intermitentes y discontinuas, sino que ella involucra actividades concretas 鈥渄e hacer鈥, verificables y programables, lo que indica que no obstante que en el contrato de trabajo se haya consignado expresamente, que se trata de una labor de aquellas que contempla el literal c) del art铆culo 162 del C. S. del T., la realidad impone otra clasificaci贸n, pues se trata de actividades no contempladas en la citada disposici贸n legal, las cuales, seg煤n el numeral 2 del mismo art铆culo no pueden exceder los l铆mites se帽alados en el art铆culo 161 del C贸digo del Trabajo, salvo autorizaci贸n expresa del respectivo ministerio, caso en el cual deber谩 cancelarse como trabajo suplementario.


La labor que cumple el transmisorista, por sus caracter铆sticas requiere disponibilidad de personal las 24 horas del d铆a, lo que no implica que el trabajador que la atiende deba renunciar a su derecho al descanso. La disponibilidad consiste, ha dicho la Corte, 鈥… no en la renuncia al descanso ni a la predeterminaci贸n de jornadas m谩ximas de trabajo -posibilidades 茅stas que son inalienables de todo trabajador e irrenunciables, seg煤n lo dispone el art铆culo 53 constitucional-, sino en el compromiso de acudir a prestar los servicios que sean indispensables cuando as铆 lo exijan las circunstancias, desde luego, siempre que ellas se presenten efectiva y objetivamente, y no sobre la base de que tales servicios, en su car谩cter de extraordinarios, sean debidamente remunerados o compensados de manera justa y razonable. No se trata entonces, del capricho o la voluntad subjetiva del superior…鈥[10]


En el caso que se revisa, no obstante la definici贸n y caracter铆sticas de la funci贸n, consignadas en el contrato de trabajo y descritas en las cl谩usulas tercera y d茅cima del mismo, que establecen que la labor a desempe帽ar por parte de la accionante es discontin煤a e intermitente y que dado que ella residir谩 en el sitio de trabajo queda excluida del l铆mite establecido en la jornada m谩xima laboral, y que cuando el trabajo sea nocturno, mixto o por turnos rotatorios diurnos y nocturnos, en la remuneraci贸n queda incluido el correspondiente recargo por trabajo nocturno, pues sobre esa base se fij贸 el respectivo salario, de hecho durante casi dos d茅cadas el patrono mantuvo en la misma estaci贸n dos trabajadores, que cumpl铆an la misma funci贸n, la de transmisoristas, lo que implica la aceptaci贸n t谩cita pero inequ铆voca, de la necesidad al menos de dos turnos de trabajo.


El hecho de que los dos trabajadores sean esposos no var铆a la situaci贸n, pues, se reitera, cada uno de ellos contrat贸 independientemente con la empresa, la cual en diciembre de 1997 decidi贸 trasladar al se帽or GILDARDO VELEZ ORREGO a otra estaci贸n, asign谩ndole el turno de 10 P.M. a 6 A.M., turno de ocho (8) horas, y mantener en Banderas-Patio Bonito a la actora, a quien le atribuy贸 鈥渓a completa responsabilidad de esa estaci贸n鈥, lo que se tradujo en abstenerse de nombrar reemplazo del trabajador trasladado y obligarla a ella a permanecer cumpliendo las funciones de transmisorista 24 horas al d铆a, sin descanso alguno para s铆 ni tiempo para su familia, y sin concederle ni siquiera los permisos correspondientes a las citas m茅dicas que en desarrollo del tratamiento que recibe para corregir sus problemas auditivos, ocasionados por el contacto con los equipos de transmisi贸n, debe atender. Vale la pena anotar, que ninguna de las circunstancias descritas fue rebatida por la empleadora en la contestaci贸n de la demanda o en el escrito de impugnaci贸n, limit谩ndose su apoderado a se帽alar la improcedencia de la acci贸n de tutela y la presunta vulneraci贸n que implica para el principio de libre empresa la intervenci贸n del juez constitucional.


La situaci贸n descrita activa para el juez constitucional el principio consagrado en el art铆culo 53 de la C.P., que se帽ala la primac铆a de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, sobre el cual esta Corporaci贸n se ha pronunciado en el siguiente sentido:


鈥淓ste principio guarda relaci贸n con el de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas externas, consagrado en el art铆culo 228 de la Constituci贸n en materia de administraci贸n de justicia.


鈥淢谩s que las palabras usadas por los contratantes para definir el tipo de relaci贸n que contraen, o de la forma que pretendan dar a la misma, importa, a los ojos del juez y por mandato expreso de la Constituci贸n, el contenido material de dicha relaci贸n, sus caracter铆sticas y los hechos que en verdad la determinan.


鈥淓s esa relaci贸n, verificada en la pr谩ctica, como prestaci贸n cierta e indiscutible de un servicio personal bajo la dependencia del patrono, la que debe someterse a examen, para que, frente a ella, se apliquen en todo su rigor las normas jur铆dicas en cuya preceptiva encuadra.


鈥淓so es as铆, por cuanto bien podr铆a aprovecharse por el patrono la circunstancia de inferioridad y de urgencia del trabajador para beneficiarse de sus servicios sin dar a la correspondiente relaci贸n jur铆dica las consecuencias que, en el campo de sus propias obligaciones, genera la aplicaci贸n de las disposiciones laborales vigentes, merced a la utilizaci贸n de modalidades contractuales enderezadas a disfrazar la realidad para someter el v铆nculo laboral a reg铆menes distintos.鈥 (Corte Constitucional, Sentencia T-166 de 1997, M.P. Dr. Jos茅 Gregorio Hern谩ndez Galindo).


En el caso concreto que se revisa, la realidad de los hechos impone al juez de tutela clasificar el trabajo realizado por la actora, como una modalidad diferente a aquella que se consagra en el literal c) del art铆culo 162 del C. S. del T., a la cual se except煤a de la aplicaci贸n de la jornada m谩xima laboral, pues de hecho se trata de una actividad que no se limita a la simple vigilancia, que no necesariamente es intermitente y discontinua, y lo m谩s importante, que durante diez ocho (18) a帽os la empresa consider贸 necesario que fuera atendida por dos trabajadores distintos, cada uno de ellos vinculado a trav茅s del respectivo contrato laboral, lo cual hace inequ铆voca la necesidad imperiosa de por lo menos dos turnos de trabajo en esa estaci贸n, situaci贸n que implica que la medidas adoptadas por la compa帽铆a, de las que se queja la demandante, constituyeron una modificaci贸n unilateral de su jornada de trabajo, que afect贸 gravemente varios de sus derechos fundamentales, como se demostrar谩 a continuaci贸n.


“El cambio repentino de la jornada laboral del trabajador por parte del empleador resultar谩 leg铆timo siempre que este se produzca de buena fe y no tenga como finalidad directa lesionar los derechos fundamentales del trabajador. El ius variandi, desde una perspectiva constitucional no autoriza al empleador para ejercitar su poder de mando de manera arbitraria”. (Corte Constitucional, Sentencia T-362 de 1995, M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Mu帽oz).


5) La decisi贸n de la empresa demandada, de atribuirle a la actora la completa responsabilidad de la estaci贸n de transmisi贸n en la que presta sus servicios, despu茅s de 18 a帽os durante los cuales comparti贸 esas funciones con otro trabajador, vulnera su derecho fundamental al trabajo en condiciones dignas y justas y por conexidad los dem谩s para los cuales solicit贸 protecci贸n.


El art铆culo 25 de la C.P. establece, que 鈥渆l trabajo es un derecho y una obligaci贸n social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protecci贸n del Estado鈥; toda persona, estableci贸 el Constituyente en dicha norma superior, 鈥渢iene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas鈥.


鈥… cu谩les son esas condiciones dignas y justas sin las cuales la realizaci贸n de una labor resultar铆a violatoria de los principios que fundamentan聽 toda relaci贸n interhumana, sobre todo aquella donde el elemento de subordinaci贸n es el imperante.


鈥淧ara la Sala esas condiciones que deben estar siempre presentes, en toda relaci贸n laboral, son las enunciadas como principios m铆nimos fundamentales en el art铆culo 53 de la Constituci贸n Nacional, a saber:


鈥淟a igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneraci贸n m铆nima vital y m贸vil proporcional a la cantidad y la calidad del trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad de los beneficios m铆nimos establecidos en las normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos ciertos e indiscutibles; situaci贸n m谩s favorable al trabajador en caso de duda en la aplicaci贸n e interpretaci贸n de las fuentes formales del derecho; primac铆a de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garant铆a a la seguridad social; la capacitaci贸n, el adiestramiento y el descanso necesario; protecci贸n especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad.


鈥淪贸lo la aplicaci贸n de estos principios permite que el derecho al trabajo pueda desarrollarse y garantizarse efectivamente. En consecuencia no se puede afirmar que se garantiza con el acceso a determinada labor. Estos principios hacen parte de la relevancia que dentro del Estado social de derecho se le ha dado al trabajo.鈥 (Corte Constitucional, Sentencia T-457 de 1992, M.P. Dr. Ciro Angarita Bar贸n)


Ha quedado demostrado, que la funci贸n de transmisoristas que durante diez y ocho a帽os cumplieron en conjunto en el mismo sitio de trabajo la actora y su marido, no es una labor de simple vigilancia, intermitente y discontin煤a, motivo por el cual no cabe dentro de aquellas que except煤o la ley de la aplicaci贸n de la jornada m谩xima legal. As铆 mismo, que t谩citamente, durante el mismo tiempo, as铆 lo reconoci贸 la empresa demandada, dado que asign贸 y mantuvo a dos de sus empleados, esposos entre s铆, cumpliendo esa labor en una misma estaci贸n, lo que les permit铆a a 茅stos rotarse en la labores en turnos de doce horas.


Es a partir de octubre de 1996, cuando la demandada decide que esa funci贸n debe cumplirla un solo transmisorista, y que por consiguiente uno de ellos debe salir de la empresa o ser trasladado, hecho que se demuestra al analizar la carta a trav茅s de la cual se les informa sobre el particular a la actora y a su esposo, cuya copia reposa al folio 29 del expediente, pues es f谩cil concluir de su contenido que el objetivo de la misma fue presionarlos para que al menos uno de ellos, 鈥渧oluntariamente鈥, dejar谩 la estaci贸n de Banderas, al punto de que se les alerta sobre la presunta existencia de una 鈥渏usta causa鈥 para dar por terminados sus contratos de trabajo, ante la 鈥渃esi贸n鈥 que la empresa hab铆a hecho de la frecuencia 850 khz para la que laboraban, lo que implicaba la entrega de los equipos y de la estaci贸n, cesi贸n que posteriormente nunca se realiz贸 y que el sindicato calific贸 de 鈥…coacci贸n que busca un consentimiento viciado por el error o la ignorancia de los destinatarios鈥[11]


Ante la no aceptaci贸n de ninguna de las alternativas propuestas, la empresa demandada, de manera unilateral, decide en diciembre de 1996 trasladar, a partir del 1潞. de enero de 1997, al c贸nyuge de la actora a otra estaci贸n, la de radio deportes Bosa, en la cual se le asigna la misma funci贸n pero en un turno espec铆fico de ocho horas, y atribuirle a la demandante 鈥渓a completa responsabilidad de la estaci贸n 850 KHZ (Banderas)鈥, lo que significa que desde enero de 1997 ella debi贸 asumir, adem谩s del turno de doce horas que ven铆a cumpliendo, el de su marido que hab铆a sido trasladado y no fue reemplazado.


Eso implica, que desde esa fecha ella haya tenido que hacerse cargo de la estaci贸n transmisora 24 horas al d铆a, situaci贸n que no s贸lo desborda los l铆mites que establece la jornada m谩xima laboral, que como qued贸 demostrado si es aplicable al caso concreto que se revisa no obstante lo estipulado en el contrato de trabajo, sino que desconoce los principios que establece la Constituci贸n como los m铆nimos necesarios para garantizar la realizaci贸n de un trabajo en condiciones dignas y justas, principalmente el que se帽ala el descanso como un derecho fundamental del trabajador, derecho que es irrenunciable y consustancial a la dignidad misma de la persona:


鈥淟a protecci贸n al trabajo establecida por mandato del art铆culo 25 constitucional, incluye la fijaci贸n de jornadas m谩ximas, dentro de las cuales los trabajadores presten los servicios propios de la relaci贸n laboral y est茅n sometidos a las 贸rdenes del patrono. La jornada permanente, indefinida e ininterrumpida, sin per铆odos de descanso razonable previamente estipulados, atenta contra la dignidad del trabajador, cercena su libertad, pone en peligro sus derechos a la salud y a la vida, y causa da帽o a su familia, por lo que resulta contraria al ordenamiento superior.

鈥 (…)

鈥淎s铆 pues, toda relaci贸n laboral establecida por empleadores particulares, o por el Estado o entidades p煤blicas en su condici贸n de patronos, exige a la luz del ordenamiento jur铆dico, jornadas m谩ximas y los per铆odos de descanso correspondientes. …鈥 (Corte Constitucional, Sentencia C-024 de 1998, M.P. Dr. Hernando Herrera Vergara)


Precisamente, teniendo en cuenta esas definiciones, esta Corporaci贸n, al pronunciarse sobre la constitucionalidad de el literal b) del art铆culo 162 del C. S. del T., que except煤a de la jornada m谩xima legal a los empleados del servicio dom茅stico, ya se trate de labores en los centros urbanos o en el campo, dijo lo siguiente:


鈥淵a esta Corte estim贸 que 鈥減or las caracter铆sticas propias de esta modalidad de trabajo鈥 es 鈥渞azonable la disposici贸n del literal b) del art铆culo 162 del C贸digo Sustantivo del Trabajo, que excluye de la regulaci贸n sobre jornada laboral m谩xima legal a los trabajadores del servicio dom茅stico.鈥[12]


鈥淓mpero, si bien es cierto que la familia tiene caracter铆sticas singulares que no la asimilan a un patrono corriente, la Corte estima pertinente conciliar la protecci贸n que la Constituci贸n brinda al n煤cleo familiar con las condiciones dignas y justas en que, de conformidad con la misma Carta Pol铆tica, debe desarrollarse la actividad dom茅stica.


鈥淎 este prop贸sito es menester diferenciar dentro de la actividad dom茅stica la situaci贸n de los servidores que habitan en la casa del patrono y all铆 toman sus alimentos, de la situaci贸n de aquellas personas que cumplen estas labores en condiciones distintas a las que se dejan expuestas, por cuanto la preceptiva demandada tiene por supuesto la primera de las hip贸tesis.


鈥淓n este orden de ideas, a juicio de la Corte, una jornada laboral excesiva contradice los principios de la dignidad humana y las condiciones justas en que han de cumplirse las tareas dom茅sticas, torn谩ndose indispensable fijar un l铆mite al per铆odo de trabajo que exceda de la jornada m谩xima ordinaria, l铆mite por fuera del cual se quebrantar铆an las garant铆as m铆nimas del trabajador.


鈥淪贸lo en las anteriores condiciones la norma acusada puede ser exequible, de modo que a煤n cuando sea posible la exigencia de laborar durante un per铆odo de tiempo superior a la jornada m谩xima fijada聽 legalmente, para la Corte lo razonable es que, en ning煤n caso, los trabajadores del servicio dom茅stico laboren m谩s de diez horas diarias, y en el evento de que se requiera el servicio m谩s all谩 de tal l铆mite, proceder谩 entonces, el reconocimiento y pago de horas extras, en los t茅rminos de la legislaci贸n laboral.鈥 (Corte Constitucional, Sentencia C-372 de 1998, M.P. Dr. Fabio Mor贸n D铆az)


Lo anterior sirve para se帽alar, que si a煤n en trat谩ndose de actividades que caben dentro de aquellas que el legislador except煤a de la jornada m谩xima legal, el Tribunal Constitucional ha considerado necesario establecer un l铆mite para las mismas, incluso respecto de trabajadores que habitan en el mismo lugar en el que laboran, con miras a garantizar la realizaci贸n del trabajo en condiciones dignas y justas, tal como lo ordena el art铆culo 25 de la Carta, con mayor raz贸n tal l铆mite es imperativo aplicarlo cuando, como en el caso que se revisa, no obstante que contractualmente se defini贸 la modalidad de trabajo a cargo de la accionante como discontinua e intermitente, de simple vigilancia, ha quedado demostrado que se trata de otro tipo de labor, sujeta a rotaci贸n, que como tal si est谩 sometida, de conformidad con la ley, al l铆mite de la jornada m谩xima legal y en consecuencia exige per铆odos de descanso remunerados y previamente establecidos, derecho que adem谩s es irrenunciable por parte del trabajador.


Como lo se帽al贸 el a-quo en su providencia, 鈥…la ausencia de prueba sobre descansos concedidos a la empleada, las condiciones de atenci贸n permanente a sus funciones, el deterioro de su salud auditiva[13], la discriminaci贸n en cuanto a la existencia de varios turnos de trabajo, configuran la violaci贸n del derecho al trabajo en condiciones dignas, en conexi贸n con los derechos a la salud, la igualdad, la recreaci贸n, el libre desarrollo de la personalidad, que no se compadece con una simple permisi贸n legal sobre exclusi贸n de jornada m谩xima legal, toda vez que el trabajo no est谩 llamado a convertirse en un v铆nculo esclavizante, que lleve al deterioro mismo del individuo, frente a lo cual debe emerger la protecci贸n del Estado.鈥


En consecuencia, la Sala de Revisi贸n no comparte la argumentaci贸n que sirvi贸 de base al ad-quem para fundamentar su decisi贸n de revocar el fallo del Juez Constitucional de primera instancia, pues a tiempo que destaca como inadmisible la postura de la empresa accionada, 鈥… cuando arguye que tiene plena autonom铆a, dentro del ejercicio de la propiedad privada, para determinar a motu propio los turnos, jornadas y funciones de los trabajadores, posici贸n que se compadec铆a en otros estadios de la sociedad, por fortuna ya superados, pero impracticables en un Estado social de derecho…鈥 y que reconoce que las acciones de la empresa demandada constituyen 鈥…una injusticia que no tiene respaldo de ninguna 铆ndole y que tiene que ser corregida por la empresa y acomodarse a los postulados de la ley y de la nueva Carta Pol铆tica鈥, procede a negar el amparo solicitado por la actora, aduciendo la existencia de otro medio de defensa judicial, el proceso laboral ordinario, lo que implic贸 desconocer que en el caso concreto est谩n seriamente comprometidos derechos fundamentales de la actora cuya violaci贸n queda plenamente demostrada.


Arg眉ir, como lo hace el ad-quem, que si bien es injusta e ilegal la negativa de la empresa demandada, de otorgarle a la actora permisos remunerados para atender las citas m茅dicas que requiere su estado de salud, ese es un asunto que escapa al juez constitucional, por cuanto configura justa causa para que el trabajador d茅 por terminado unilateralmente el contrato laboral, es, adem谩s de ingenuo, contradictorio con los objetivos esenciales de nuestro ordenamiento superior.


Tal posici贸n va en contrav铆a de los postulados mismos del Estado social de derecho, y del objetivo que se propuso el Constituyente al crear la instituci贸n de la tutela como mecanismo de protecci贸n de los derechos fundamentales, por eso, como lo ha dicho en otras oportunidades esta Corporaci贸n, 鈥…el juez u organismo judicial ante el cual se invoca un derecho primario, como los que busca proteger el art铆culo 86 de la Carta, debe entrar en el fondo del asunto para examinar, con criterio de justicia material, las circunstancias en medio de las cuales se ha producido el acto u omisi贸n que puedan estar causando la perturbaci贸n o el riesgo del derecho fundamental para definir si el da帽o o la amenaza existen; para establecer sobre qui茅n recae la responsabilidad del agravio y para impartir, con car谩cter obligatorio e inmediato, las 贸rdenes encaminadas a restaurar la vigencia real de las garant铆as constitucionales.鈥[14]


En el caso sub-examine, no hay duda que la funci贸n de transmisorista contratada con la actora, no cumple con los presupuestos del literal c) del art铆culo 162 del C.S. del T., y que por lo mismo ella no est谩 exceptuada de la aplicaci贸n de la jornada m谩xima legal, situaci贸n se corrobora materialmente en el hecho de que durante diez y ocho a帽os, la empleadora mantuvo dos trabajadores en el mismo sitio para atender esas tareas, lo que implicaba para ellos, que son esposos, la posibilidad de rotarse en el cumplimiento de las funciones inherentes al cargo y de disponer de tiempo libre.


La situaci贸n actual de la accionante es denigrante y atenta contra su derecho fundamental al trabajo en condiciones dignas y justas, en cuanto le exige laborar 24 horas al d铆a, neg谩ndosele el descanso a que tiene derecho y en consecuencia conculcando tambi茅n sus derechos a la recreaci贸n y a la salud, pues ni siquiera se le permite acudir a las citas m茅dicas que requiere su actual estado, actitud de la empresa demandada que vulnera tambi茅n el derecho que ella tiene la seguridad social, el cual no se realiza con la sola afiliaci贸n al seguro social si paralelamente no se le permite actora hacer uso del servicio.


Tambi茅n verifica la Sala la violaci贸n del derecho a la igualdad de la peticionaria, pues del acervo probatorio se desprende claramente que en las dem谩s estaciones de transmisi贸n de la empresa, incluida aquella a la que fue trasladado su c贸nyuge, las funciones de transmisorista se reparten en turnos de ocho y doce horas.


El juez de tutela en el caso sub-examine, comprob贸 que con independencia de lo consignado en el contrato de trabajo, durante diez y ocho a帽os las funciones de transmisorista que cumpli贸 la actora, las cuales como se dijo no encajan dentro de la descripci贸n del citado literal c) del art铆culo 162 del C贸digo del Trabajo, fueron compartidas con otro trabajador, lo que viabilizaba la rotaci贸n en el trabajo, asumiendo cada uno turnos de doce horas, que les permit铆an gozar de los per铆odos de descanso a los que tienen derecho, y que por lo tanto la modificaci贸n de esa situaci贸n y la atribuci贸n de la 鈥渃ompleta responsabilidad鈥 de la estaci贸n transmisora a la accionada, implicaron la vulneraci贸n de sus derechos fundamentales al trabajo en condiciones dignas y justas, a la igualdad y a la salud, los cuales ameritan protecci贸n inmediata.


Por ese motivo, la Sala confirmar谩 la decisi贸n del a-quo, pero revocar谩 las medidas que 茅ste le orden贸 adoptar a la demandada, propias del ejercicio aut贸nomo de la libertad de empresa, la cual podr谩 establecer el n煤mero de turnos que considere convenientes, o implementar cualquier otro esquema de trabajo, siempre y cuando le garantice a la demandante los per铆odos de descanso a los que tiene derecho y los permisos remunerados para atender las citas y tratamiento m茅dicos que requiera.


III. DECISION


En m茅rito de lo expuesto, la Sala S茅ptima de Revisi贸n de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo, y por mandato de la Constituci贸n Pol铆tica,


RESUELVE


Primero. CONFIRMAR el Numeral Primero de la parte resolutiva de la Sentencia del Juzgado D茅cimo Laboral del Circuito de Santa Fe de Bogot谩, proferida el 2 de agosto de 1999, a trav茅s del cual tutel贸 los derechos al trabajo en condiciones dignas y justas, a la igualdad, a la salud, a la recreaci贸n y al libre desarrollo de la personalidad de OLIVA DE JESUS RUBIANO MANCIPE, quien interpuso la acci贸n contra su empleadora, la empresa CARACOL S.A.; as铆 mismo, REVOCAR el Numeral Segundo de dicha providencia, advirtiendo que la empresa podr谩 establecer el n煤mero de turnos que considere convenientes, o implementar cualquier otro esquema de trabajo, siempre y cuando le garantice a la demandante los per铆odos de descanso a que tiene derecho y los permisos remunerados para atender las citas y tratamientos m茅dicos que requiera.


Segundo. REVOCAR el fallo proferido el 14 de septiembre de 1999 por la Sala Laboral del tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogot谩, que revoc贸 la decisi贸n del Juzgado D茅cimo Laboral del Circuito de la misma ciudad.


Tercero. Por Secretar铆a General, l铆brense las comunicaciones previstas en el art铆culo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos all铆 contemplados.


Notif铆quese, comun铆quese, publ铆quese en la Gaceta de la Corte Constitucional y c煤mplase.


FABIO MORON DIAZ

Magistrado


VLADIMIRO NARANJO MESA

Magistrado


ALVARO TAFUR GALVIS

Magistrado


MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO

Secretaria General

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