Sentencia T-422/09 pension de vejez

junio 26, 2009 4:42 pm

Sentencia T-422/09
26 de Junio de 2009
Corte Constitucional
Sentencia T-422/09 pension de vejez

ACCION DE TUTELA PARA RECONOCIMIENTO DE PENSION DE VEJEZ-Procedencia excepcional


De acuerdo con esta jurisprudencia reiterada, puede sostenerse que para que proceda el reconocimiento, reajuste o pago de prestaciones pensionales en sede de tutela, el juez constitucional debe verificar: i) Que la falta de reconocimiento o reajuste de la pensi贸n de jubilaci贸n o vejez se origine en actuaciones que, prima facie, desvirt煤en la presunci贸n de legalidad que recae sobre las actuaciones de la administraci贸n p煤blica; ii) que se encuentre acreditado el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios para que proceda el reconocimiento, pago o reajuste de la pensi贸n o que, sin encontrarse plenamente demostrado la reuni贸n de los mismos, exista un alto grado de certeza respecto de la procedencia de la solicitud, iii) que la falta de reconocimiento, reajuste o pago de la pensi贸n vulnere o amenace un derecho fundamental y iv) que la acci贸n de tutela resulte necesaria para evitar la consumaci贸n de un perjuicio iusfundamental irremediable.


PENSION DE VEJEZ SE UBICA EN EL REGIMEN SOLIDARIO DE PRIMA MEDIA CON PRESTACION DEFINIDA


Dentro de las prestaciones contempladas en el Sistema General de Pensiones, en el r茅gimen solidario de prima media con prestaci贸n definida, se encuentra la pensi贸n de vejez cuyo reconocimiento, de acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporaci贸n, se dirige a garantizar al trabajador, previa verificaci贸n del cumplimiento de los requisitos de ley, el derecho a retirarse del trabajo, sin por ello perder los ingresos regulares con los cuales atiende normalmente sus necesidades y las de su n煤cleo familiar, bajo el entendido de que el trabajador se encuentra en una 茅poca de la vida, cuando tras haber cumplido con el deber social del trabajo y encontrar menguada su fuerza laboral, requiere de una compensaci贸n por su esfuerzo y un trato especial en atenci贸n a su avanzada edad.


PENSION DE VEJEZ-Caso en que no se dan los requisitos para que proceda el amparo por medio de la acci贸n de tutela


En el presente evento 鈥揷onsidera聽 esta Sala-聽 no se re煤nen los requisitos para la procedencia del amparo en los anteriores t茅rminos. En este sentido es necesario se帽alar que existen varias razones para ello. Inactividad judicial del tutelante. Es necesario se帽alar que la negativa de reconocimiento de la pensi贸n de vejez del actor se hizo mediante聽 actos administrativos proferidos en los a帽os聽 2000 y 2008聽 y contra dichas decisiones. El actor no interpuso recurso alguno contra las聽 decisiones as铆 tomadas. Es decir, pese a que el demandante cont贸 con suficientes oportunidades para dirigirse directamente a la entidad demandada para obtener lo que ahora pretende por v铆a de tutela, no lo hizo, y acudi贸 directamente a este mecanismo judicial 鈥搎ue tiene car谩cter subsidiario- para buscar el reconocimiento de la pensi贸n. Falta de motivaci贸n del actor. En el caso del聽 se帽or, m谩s all谩 de la somera afirmaci贸n de que resulta imperativo el reconocimiento de la pensi贸n por v铆a de tutela, porque vive de la caridad de familiares, la Sala echa de menos la existencia de un medio probatorio de car谩cter sumario que acredite tal necesidad. Es decir, para la Corte la situaci贸n de afectaci贸n al m铆nimo vital del actor no se encuentra probada ni podr铆a ser imputada, dentro de la estricta causalidad a聽 la entidad demandada. Existencia de un derecho litigioso.


Adem谩s de lo anterior, la Sala advierte que se trata en este caso de un verdadero derecho litigioso entre聽 la entidad accionada聽 y el peticionario, que escapa al conocimiento del juez de tutela. En efecto, el ISS afirma que por medio de la Resoluci贸n 008885 del 28 de Septiembre de 2001, se concedi贸 al accionante la indemnizaci贸n sustitutiva por cuanto 茅ste previamente solicit贸 al ISS聽 que 鈥渄ebido聽 a su edad聽聽 y al tiempo que le faltaba por cumplir, era mejor tomar la indemnizaci贸n sustitutiva como soluci贸n a su problema鈥.聽 El accionante sostiene por su parte, que no ha recibido la indemnizaci贸n sustitutiva y por tal motivo, continu贸 cotizando a la entidad de previsi贸n social. Es evidente, que no es la Corte Constitucional el 贸rgano encargado de solucionar tal litigio, por cuanto no聽 cuenta con los聽 elementos de juicio ni聽 el material probatorio que聽 permitan dilucidar el caso. El juez de tutela, como lo ha dicho tantas veces esta Corporaci贸n, frente a casos similares,聽 no est谩 facultado para privilegiar a priori, sin el correspondiente debate jur铆dico que corresponde adelantar ante la jurisdicci贸n ordinaria laboral, una posici贸n a favor del actor y en contra de la entidad accionada o viceversa.


PENSION DE VEJEZ-Caso en que debe recurrirse a la justicia ordinaria laboral


Podr铆a argumentarse que dada la constitucionalizaci贸n que dentro del ordenamiento jur铆dico ha tenido el derecho al trabajo, todos los conflictos que surjan de las relaciones laborales dar铆an lugar a ser resueltos mediante el ejercicio de una acci贸n de rango constitucional como lo es la acci贸n de tutela. Sin embargo, esa interpretaci贸n no puede ser admitida por cuanto de esa manera no s贸lo se desvirtuar铆a por completo la finalidad buscada por el Constituyente de 1991 con el establecimiento de la tutela, de ser un mecanismo subsidiario que por su misma naturaleza s贸lo procede ante la inexistencia de un medio judicial de defensa o, cuando de existir el mismo resulte insuficiente o ineficaz para garantizar los derechos fundamentales vulnerados o amenazados; sino porque se vaciar铆a de competencia la jurisdicci贸n ordinaria laboral para suplirla por la jurisdicci贸n constitucional, resultado que ir铆a en contra del fin de 茅sta 煤ltima como es el de velar por la guarda y supremac铆a de la Constituci贸n.

Referencia: expediente T- 2244032


Acci贸n de Tutela instaurada por Lu铆s Ad谩n Clavijo Ram铆rez contra el Instituto de los Seguros Sociales


Magistrado Ponente:


Dr. JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB


Bogot谩 D.C.,聽 veintis茅is (26) de junio de dos mil nueve (2009)


La Sala Sexta de Revisi贸n de tutelas de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Jorge Ignacio Pretelt Chaljub -quien la preside-, Nilson Pinilla Pinilla y Humberto Antonio Sierra Porto, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, y espec铆ficamente las previstas en los art铆culos 86 y 241 numeral 9掳 de la Constituci贸n Pol铆tica, ha proferido la siguiente


SENTENCIA


En el proceso de revisi贸n del fallo de tutela proferido por el Juzgado D茅cimo Laboral del Circuito de Cali, dentro de la acci贸n de tutela instaurada por LUIS ADAN CLAVIJO RAMIREZ contra el Instituto de los Seguros Sociales.


1. ANTECEDENTES


1.1. ACCI脫N DE TUTELA PARA EL RECONOCIMIENTO DE PENSI脫N DE VEJEZ


1.1.1. Hechos base de la tutela


1. El 25 de agosto de 2008,聽 el se帽or LUIS ADAN CLAVIJO RAMIREZ instaur贸 acci贸n de tutela contra el Instituto de los Seguros Sociales- Seccional Cali- por la presunta vulneraci贸n de sus derechos fundamentales al debido proceso y la seguridad social en conexidad con el m铆nimo vital y la vida digna, como consecuencia de la negativa en el reconocimiento de la pensi贸n de vejez.


2. El actor manifiesta que naci贸 en el mes de agosto de 1.938 y聽 desde hace m谩s de 30 a帽os, se vincul贸 al Instituto de Seguros Sociales como trabajador, a trav茅s de diferentes empleadores.


3. En el a帽o 2000 elev贸 ante el Seguro Social solicitud de reconocimiento y pago de la pensi贸n de vejez por contar con m谩s de 60 a帽os y, a su juicio, tener el m铆nimo de semanas exigidas para ello. Su聽 petici贸n fue negada mediante Resoluci贸n No. 009930 de Julio 31 de 2000, por no cumplir con el requisito de 1.000 semanas cotizadas al sistema, toda vez que s贸lo ten铆a 813 semanas v谩lidas.


4. El actor aduce que para hacer frente a la objeci贸n para el reconocimiento de su pensi贸n y atendiendo la respuesta del ISS, opt贸 por acudir al Consorcio estatal PROSPERAR, donde despu茅s de aportar todos los documentos requeridos, se le comunic贸 por parte del Gerente General y mediante oficio No. 8430 de Agosto 27 de 2002 que hab铆a聽 sido aceptado como beneficiario del subsidio de pensiones en el Fondo de Solidaridad Pensional.聽


En PROSPERAR permaneci贸 hasta llegar a los 65 a帽os de edad y continu贸 cotizando de manera continua e ininterrumpida como persona natural hasta Marzo de 2007, gracias a la colaboraci贸n de sus hijos, y聽 haciendo pagos sobre el salario m铆nimo tanto para salud como para pensi贸n.


5. Con la convicci贸n de haber cumplido聽 el requisito de tiempo de cotizaci贸n al sistema, en Febrero de 2007, solicit贸 鈥渞eactivaci贸n鈥 del expediente al ISS con el fin de que se procediera al reconocimiento y pago de la pensi贸n de vejez desde el momento en que cumpli贸 las mil (1000) semanas de cotizaci贸n, porque la edad requerida ya la superaba desde Agosto 11 de 1. 998.


6. Afirma que el Jefe del Departamento de Atenci贸n al Pensionado, Doctor Tom谩s Joaqu铆n Reyes Mill谩n, a su juicio,聽 鈥渆n una absurda y nefasta decisi贸n鈥, contenida en el Acto Administrativo 1226 de Abril 9 de 2008, determina nuevamente negar la pensi贸n y dispone el archivo del expediente.


1.1.2. Fundamentos jur铆dicos de la acci贸n y pretensiones


El accionante considera que la forma como el Seguro Social le niega reiteradamente su pensi贸n de vejez,聽 atenta contra sus derechos a la seguridad social y al m铆nimo vital, por no contar con otra fuente de ingresos para atender sus necesidades聽 b谩sicas y las de su familia, y聽 el sometimiento a un proceso ordinario se convierte en una carga excesiva en atenci贸n a su avanzada edad.


Sostiene que en el Acto Administrativo 1226 de Abril 9 de 2008,聽 el ente accionado fundamenta la negativa en conceder la prestaci贸n solicitada,聽聽 en el聽 hecho de que al accionante ya se le hab铆a concedido la Indemnizaci贸n Sustitutiva a cambio de la pensi贸n de vejez mediante la Resoluci贸n 008885 del 28 de septiembre de 2001.


Aclara el accionante聽 que nunca聽 ha solicitado聽 la Indemnizaci贸n Sustitutiva y mucho menos ha procedido a cobrarla; aduce que 鈥渏am谩s podr铆a haber incurrido en ello cuando sab铆a que contaba con aproximadamente 900 semanas cotizadas, adem谩s de estar gestionando directamente ante PROSPERAR la admisi贸n y pago del subsidio鈥. Afirma que para el pago de la Indemnizaci贸n, debe obrar la solicitud expresa y escrita del afiliado de estar requiriendo la misma, adem谩s de una declaraci贸n juramentada ante Notario P煤blico donde se manifieste libremente estar en total imposibilidad de continuar afiliado, nada de lo cual se ha hecho por su parte. Con respecto a lo anterior, se pregunta: 鈥溌縫or qu茅 raz贸n el SEGURO SOCIAL acept贸 de nuevo mi afiliaci贸n primero a trav茅s del Consorcio PROSPERAR y luego como persona natural?鈥.


Insiste en que su 煤nica posibilidad de sobrevivir es su pensi贸n, porque no tiene ingresos econ贸micos, ni vivienda propia, encontr谩ndose, junto a su esposa, en total desprotecci贸n y viviendo de la generosa ayuda de sus parientes. Sabe que dispone de otros medios judiciales para obtener el leg铆timo reconocimiento de su derecho a la pensi贸n, pero es consciente de que la demanda ordinaria laboral es un tr谩mite muy lento y engorroso, m谩s a煤n considerando su avanzada edad.


Por ello solicita: (i) que el Instituto de Seguros Sociales en la ciudad de Cali, proceda a expedir la Resoluci贸n de reconocimiento y pago de la pensi贸n de vejez desde el momento en que聽 lleg贸 al tope de las mil (1000) semanas de cotizaci贸n: (ii) solicita que el聽 ISS pruebe que efectivamente el accionante hizo la petici贸n de聽 la Indemnizaci贸n Sustitutiva, con los documentos que la soportan, y con la prueba del pago real de la suma all铆 indicada. Esto, por cuanto reitera, no ha solicitado ni cobrado suma alguna por ese concepto.


1.1.3. Contestaci贸n de la Demanda


A pesar de haber sido notificado de la demanda en su contra, el Seguro Social no聽 dio respuesta a la acci贸n de tutela.


1.1.4. Pruebas que obran en el expediente


Son relevantes las siguientes pruebas聽 aportadas por el accionante:


1. Resoluci贸n No. 009930 de Julio 31 de 2000, donde se neg贸 la pensi贸n de vejez.


2. Oficio No. 8430 de Agosto 27 de 2002 donde聽 el Consorcio PROSPERAR lo acepta como beneficiario del subsidio de solidaridad pensional.


3. Acto Administrativo No. 1226 de Abril 9 de 2008, negando de nuevo la pensi贸n y ordenando el archivo del expediente.


4. Relaci贸n de semanas cotizadas, donde se acredita que con posterioridad al a帽o 2000 estuvo vinculado al Seguro Social para pensi贸n.


5. Copia de la 煤ltima autoliquidaci贸n cancelada聽 en Abril 2 de 2007, como persona聽 natural.


6. Copia de la c茅dula de ciudadan铆a del accionante.


2. DECISI脫N JUDICIAL QUE SE REVISA


2.1. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA: JUZGADO D脡CIMO LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI


Mediante fallo de 31 de octubre de 2008, el Juzgado D茅cimo Laboral del Circuito de Cali, neg贸 el amparo deprecado luego de sostener que el accionante tiene otras v铆as de defensa judicial.


Sostuvo la sentencia que la pensi贸n reclamada por el peticionario聽 no puede obtenerse por v铆a de tutela, toda vez que para su reconocimiento y pago existe聽 otra v铆a de defensa judicial. El accionante, a juicio del juez de instancia, no afronta ning煤n perjuicio irremediable, y por lo tanto,聽 debe someterse al lleno de los requisitos exigidos por el ISS para聽 el reconocimiento de su pensi贸n.


2.2. IMPUGNACI脫N DEL FALLO


El accionante impugn贸 la sentencia del Juzgado D茅cimo Laboral extempor谩neamente y no hubo fallo de segunda instancia.


3. CONSIDERACIONES JUR脥DICAS DE LA CORTE


3.1. COMPETENCIA


Es competente esta Sala de la Corte Constitucional para revisar la decisi贸n proferida dentro de la acci贸n de tutela de la referencia, con fundamento en los art铆culos 86 y 241-9 de la Constituci贸n Pol铆tica, en concordancia con los art铆culos 33, 34 y 35 del Decreto 2591 de 1991.


3.2. PROCEDIBILIDAD DE LA ACCI脫N DE TUTELA


3.2.1. Legitimaci贸n activa


El art铆culo 86 de la Constituci贸n Pol铆tica establece que la acci贸n de tutela es un mecanismo de defensa al que puede acudir cualquier persona para reclamar la protecci贸n inmediata de sus derechos fundamentales. En el presente caso, el accionante es una persona mayor de edad que act煤a en defensa de sus derechos e intereses, raz贸n por la cual se encuentra legitimado para presentar la acci贸n.


3.2.2. Legitimaci贸n pasiva


El Instituto de Seguros Sociales, de conformidad con el Decreto 2148 de 1992, es una Empresa Industrial y Comercial del Estado, del orden nacional, con personer铆a jur铆dica, por lo que, de acuerdo con el art铆culo 86 de la Constituci贸n Pol铆tica y los art铆culos 1, 2 y 13 del Decreto 2591 de 1991, est谩 legitimado como parte pasiva en el presente proceso de tutela, por tratarse de una autoridad p煤blica.


3.3. EL PROBLEMA JUR脥DICO

3.3.1. Planteamiento del problema


Corresponde a la Sala determinar si el Seguro Social ha vulnerado los derechos fundamentales聽 a聽 la seguridad social en conexidad con el m铆nimo vital y la vida digna del accionante, como consecuencia de la negativa 聽de la Entidad聽 en el reconocimiento de la pensi贸n de vejez, bajo el argumento de hab茅rsele concedido 聽ya la indemnizaci贸n sustitutiva.


3.3.2. Consideraci贸n previa: la falta de respuesta de la entidad accionada implica la presunci贸n de la veracidad de los hechos aducidos por el accionante


De acuerdo con el art铆culo 20 del Decreto 2591 de 1991[1], se presumir谩 la veracidad de los hechos narrados por el accionante cuando la entidad demandada no rinda oportunamente el informe solicitado por el juez聽 de instancia, a menos que la autoridad聽 judicial considere necesario indagar sobre alg煤n aspecto.


Como quiera que en el caso objeto de estudio, el Instituto de Seguros Sociales no rindi贸 el聽 informe solicitado por el Juzgado D茅cimo Laboral del Circuito de Cali[2] se聽 tendr谩n por ciertos los hechos relatados por el se帽or Lu铆s Ad谩n Clavijo Ram铆rez.


3.4. PROCEDIBILIDAD EXCEPCIONAL DE LA ACCI脫N DE TUTELA PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA PENSI脫N DE VEJEZ


La Corte Constitucional ha establecido que el reconocimiento de la pensi贸n de vejez por v铆a de tutela es excepcional.


Al respecto ha precisado:


鈥淒e este modo, lo ha se帽alado esta Corporaci贸n, 鈥渁unque en principio la existencia de otros medios de defensa judicial hace improcedente la acci贸n de tutela, la sola existencia formal de uno de estos mecanismos no implica per se que ella deba ser denegada鈥[3]. En realidad, para poder determinar cu谩l es el medio adecuado de protecci贸n, se hace imprescindible que el juez constitucional entre a verificar si, cumplidos ciertos condicionamientos, 鈥渓as acciones disponibles protegen eficazmente los derechos de quien interpone la acci贸n o si, por el contrario, los mecanismos ordinarios carecen de tales caracter铆sticas, evento en el cual el juez puede otorgar el amparo.鈥 [4][5]


Por otro lado, la jurisprudencia constitucional ha establecido que, para que proceda el reconocimiento de una prestaci贸n de car谩cter pensional por v铆a de tutela, debe acreditarse el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios para tal fin, de manera que, no obstante haberlos reunido el interesado, la autoridad encargada no ha procedido a otorgar el derecho prestacional solicitado[6].


Sobre el particular, la Corte se帽al贸:


鈥淓l excepcional reconocimiento del derecho pensional por v铆a de tutela se encuentra sometido, adicionalmente, a una 煤ltima condici贸n de tipo probatorio, consistente en que en el expediente est茅 acreditada la procedencia del derecho, a pesar de la cual la entidad encargada de responder no ha hecho el mencionado reconocimiento o simplemente no ha ofrecido respuesta alguna a la solicitud. Ahora bien, en aquellos casos en los cuales no se encuentre plenamente acreditado el cumplimiento de los requisitos y los derechos fundamentales del solicitante se encuentren amenazados por un perjuicio irremediable, el juez de tutela podr谩 reconocer de manera transitoria el derecho pensional cuando exista un considerable grado de certeza sobre la procedencia de la solicitud.


El mencionado requisito probatorio pretende garantizar dos objetivos: en primer lugar, busca asegurar la eficacia de los derechos fundamentales del sujeto que a pesar de encontrarse en una grave situaci贸n originada en el no reconocimiento de su derecho pensional, cuya procedencia est谩 acreditada, no ha visto atendida su solicitud de acuerdo a la normatividad aplicable y a las condiciones f谩cticas en las que apoya su petici贸n. Y, en segundo lugar, este requisito traza un claro l铆mite a la actuaci贸n del juez de tutela, quien s贸lo puede acudir a esta actuaci贸n excepcional en los precisos casos en los cuales est茅 demostrada la procedencia del reconocimiento鈥[7].


De acuerdo con esta jurisprudencia reiterada, puede sostenerse que para que proceda el reconocimiento, reajuste o pago de prestaciones pensionales en sede de tutela, el juez constitucional debe verificar: i) Que la falta de reconocimiento o reajuste de la pensi贸n de jubilaci贸n o vejez se origine en actuaciones que, prima facie, desvirt煤en la presunci贸n de legalidad que recae sobre las actuaciones de la administraci贸n p煤blica; ii) que se encuentre acreditado el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios para que proceda el reconocimiento, pago o reajuste de la pensi贸n o que, sin encontrarse plenamente demostrado la reuni贸n de los mismos, exista un alto grado de certeza respecto de la procedencia de la solicitud, iii) que la falta de reconocimiento, reajuste o pago de la pensi贸n vulnere o amenace un derecho fundamental y iv) que la acci贸n de tutela resulte necesaria para evitar la consumaci贸n de un perjuicio iusfundamental irremediable[8].


3.5. LA PENSI脫N DE VEJEZ SE UBICA EN EL R脡GIMEN SOLIDARIO DE PRIMA MEDIA CON PRESTACI脫N DEFINIDA


Dentro de las prestaciones contempladas en el Sistema General de Pensiones, en el r茅gimen solidario de prima media con prestaci贸n definida, se encuentra la pensi贸n de vejez cuyo reconocimiento, de acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporaci贸n, se dirige a garantizar al trabajador, previa verificaci贸n del cumplimiento de los requisitos de ley, el derecho a retirarse del trabajo, sin por ello perder los ingresos regulares con los cuales atiende normalmente sus necesidades y las de su n煤cleo familiar, bajo el entendido de que el trabajador se encuentra en una 茅poca de la vida, cuando tras haber cumplido con el deber social del trabajo y encontrar menguada su fuerza laboral, requiere de una compensaci贸n por su esfuerzo y un trato especial en atenci贸n a su avanzada edad[9].

3.5.1. Concepto de pensi贸n de vejez


La Corte Constitucional entiende la pensi贸n de vejez como 鈥渦n salario diferido del trabajador, fruto de su ahorro forzoso durante toda una vida de trabajo -20 a帽os-, [es decir, que] el pago de una pensi贸n no es una d谩diva s煤bita de la Naci贸n, sino el simple reintegro que del ahorro constante durante largos a帽os, es debido al trabajador鈥[10].


3.5.2. Requisitos


1) En cuanto a los requisitos para el acceso a la pensi贸n de vejez, es pertinente se帽alar, en primer lugar, que de acuerdo con el inciso primero del art铆culo 17 de la Ley 100 de 1993, 鈥淸d]urante la vigencia de la relaci贸n laboral deber谩n efectuarse cotizaciones obligatorias a los reg铆menes del sistema general de pensiones por parte de los afiliados y empleadores, con base en el salario que aqu茅llos devenguen鈥. De igual forma, el art铆culo 18 ejusdem dispone en su inciso primero que 鈥淸l]a base para calcular las cotizaciones a que hace referencia el art铆culo anterior, ser谩 el salario mensual鈥 y, en su inciso segundo, que este salario, en el caso de los trabajadores particulares, ser谩 el que resulte de aplicar lo dispuesto en el C贸digo Sustantivo del Trabajo.


2) Por su parte, el art铆culo 33 de la Ley 100 de 1993 dispone que, para tener derecho a la pensi贸n de vejez, el afiliado debe i) haber cumplido 55 a帽os de edad si es mujer, o 60 a帽os de edad si es hombre[11] y ii) haber cotizado un m铆nimo de 1000 semanas en cualquier tiempo[12].


El par谩grafo segundo del art铆culo 33 en referencia, se帽ala que para los efectos de las disposiciones contenidas en la presente ley, se entiende por semana cotizada el periodo de siete (7) d铆as calendario. La facturaci贸n y el cobro de los aportes se har谩n sobre el n煤mero de d铆as cotizados en cada per铆odo.


3.5.3. Monto


El art铆culo 34 del mismo cuerpo normativo establece que 鈥渆l monto mensual de la pensi贸n de vejez, correspondiente a las primeras 1.000 semanas de cotizaci贸n, ser谩 equivalente al 65% del ingreso base de liquidaci贸n. Por cada 50 semanas adicionales a las 1.000 hasta las 1.200 semanas, este porcentaje se incrementar谩 en un 2%, llegando a este tiempo de cotizaci贸n al 73% del ingreso base de liquidaci贸n. Por cada 50 semanas adicionales a las 1.200 hasta las 1.400, este porcentaje se incrementar谩 en 3% en lugar del 2%, hasta completar un monto m谩ximo del 85% del ingreso base de liquidaci贸n鈥.


Finalmente, dentro de esta revisi贸n de las normas que regulan el reconocimiento de la pensi贸n de vejez es pertinente se帽alar que el art铆culo 36 de la Ley 100 de 1993 establece el r茅gimen de transici贸n en los siguientes t茅rminos: 鈥淟a edad para acceder a la pensi贸n de vejez, continuar谩 en cincuenta y cinco (55) a帽os para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el a帽o 2014, fecha en la cual la edad se incrementar谩 en dos a帽os, es decir, ser谩 de 57 a帽os para las mujeres y 62 para los hombres鈥.


4. CONSIDERACIONES SOBRE EL CASO CONCRETO


Se recuerda que en el presente caso, el accionante interpuso acci贸n de tutela tras considerar que聽 la entidad accionada, mediante actos administrativos, neg贸 su pensi贸n de vejez aduciendo que ya se le hab铆a reconocido la indemnizaci贸n sustitutiva y por tal raz贸n, no cab铆a el reconocimiento de la pensi贸n de vejez. El accionante afirma, que cotiz贸 las semanas completas para acceder a su pensi贸n, atendiendo las indicaciones聽 del Seguro Social en la primera ocasi贸n que se neg贸 su pensi贸n y aclara que jam谩s solicit贸 ni cobr贸 la indemnizaci贸n聽 sustitutiva.聽 Indic贸 igualmente en su demanda, que la pensi贸n es su 煤nico medio de subsistencia, y hasta ahora ha vivido de la caridad de sus familiares. La entidad accionada no respondi贸 la demanda pese a los requerimientos del juez de tutela.


La sentencia objeto de revisi贸n, dictada por el Juzgado D茅cimo Laboral聽 del Circuito de Cali, neg贸 la tutela al estimar que el accionante tiene otra v铆a judicial para reclamar sus pretensiones.


4.1. SOBRE LA PROCEDIBILIDAD DE LA ACCI脫N


Como qued贸 dicho en las consideraciones generales de esta sentencia, el reconocimiento de pensiones est谩 en principio fuera del 谩mbito de procedencia de la acci贸n de tutela, ya que, de acuerdo con el principio de subsidiaridad que estructura este mecanismo judicial, la Corte ha dicho que las diferencias que se suscitan en聽 el reconocimiento de dicho derecho pertenece al resorte del juez laboral.


Sin embargo 鈥搚 qued贸 as铆 tambi茅n anotado en las consideraciones generales-聽 tal principio de improcedencia tiene excepciones y la principal de se relaciona con la necesidad que a veces tiene el juez de derechos fundamentales de, dentro del marco de una discusi贸n como la que aqu铆 se ventila, evitar un prejuicio irremediable y conceder la tutela como mecanismo transitorio de protecci贸n de derechos fundamentales.


En efecto, para la garant铆a definitiva del reconocimiento a la pensi贸n de jubilaci贸n o vejez por tutela, esta Corporaci贸n ha se帽alado los siguientes: (i) no existencia de mecanismos de defensa judiciales o acreditaci贸n de la falta de idoneidad y eficacia de los mismos; (ii) se est茅 ante sujetos de especial protecci贸n constitucional como las personas de la tercera edad o en circunstancias de debilidad manifiesta o en聽 condiciones de聽 vulnerabilidad; (iii) se afecten derechos fundamentales, en particular el m铆nimo vital, o se estructure una v铆a de hecho; (iv) se hubiere desplegado cierta actividad administrativa o judicial o resultare imposible hacerlo por motivos ajenos al peticionario, y (v) el no reconocimiento se motive en una actuaci贸n claramente ilegal o inconstitucional o que desvirt煤e en principio la presunci贸n de legalidad.[13]


En el presente evento 鈥揷onsidera聽 esta Sala-聽 no se re煤nen los requisitos para la procedencia del amparo en los anteriores t茅rminos. En este sentido es necesario se帽alar que existen varias razones para ello.


4.1.1. Inactividad judicial del tutelante


Seg煤n se vio, la jurisprudencia de la Corporaci贸n exige, para la procedencia del amparo, que el interesado haya desplegado cierta actividad administrativa y judicial tendiente a obtener la protecci贸n de sus derechos. De acuerdo con los hechos en relaci贸n con los cuales se solicita la protecci贸n constitucional, el聽 se帽or ADAN CLAVIJO no ha desplegado la actividad en comento. Es necesario se帽alar que la negativa de reconocimiento de la pensi贸n de vejez del actor se hizo mediante聽 actos administrativos proferidos en los a帽os聽 2000 y 2008聽 y contra dichas decisiones. El actor no interpuso recurso alguno contra las聽 decisiones as铆 tomadas. Es decir, pese a que el demandante cont贸 con suficientes oportunidades para dirigirse directamente a la entidad demandada para obtener lo que ahora pretende por v铆a de tutela, no lo hizo, y acudi贸 directamente a este mecanismo judicial 鈥搎ue tiene car谩cter subsidiario- para buscar el reconocimiento de la pensi贸n.


4.1.2. Falta de motivaci贸n del actor


En segundo lugar, la jurisprudencia de esta Corte ha indicado que la procedencia del amparo est谩 sujeta a que el actor acredite sumariamente las razones por las cuales el medio judicial ordinario es ineficaz para lograr la protecci贸n inmediata de los derechos fundamentales presuntamente afectados. En este sentido observa la Sala 鈥揺n un aspecto que est谩 estrechamente ligado con la consideraci贸n聽 anterior- el demandante no se帽ala por qu茅 en su momento no acudi贸 al mecanismo judicial ordinario ni por qu茅 ahora se hace imperativo desestimar la v铆a usual por la cual se ventila ordinariamente este tipo de asuntos.


Cuando esta Corporaci贸n exige la existencia de prueba siquiera sumaria de la ineficacia del mecanismo ordinario, quiere con ello se帽alar que existe una carga m铆nima en cabeza del interesado; carga 鈥搈铆nima, se reitera- consistente en el deber de dar alg煤n elemento de juicio al juez para que 茅ste, en el caso concreto, examine la situaci贸n frente al principio de subsidiaridad de la acci贸n de tutela. En el caso del聽 se帽or ADAN CLAVIJO, m谩s all谩 de la somera afirmaci贸n de que resulta imperativo el reconocimiento de la pensi贸n por v铆a de tutela, porque vive de la caridad de familiares, la Sala echa de menos la existencia de un medio probatorio de car谩cter sumario que acredite tal necesidad. Es decir, para la Corte la situaci贸n de afectaci贸n al m铆nimo vital del actor no se encuentra probada ni podr铆a ser imputada, dentro de la estricta causalidad a聽 la entidad demandada.


4.1.3. Existencia de un derecho litigioso


Adem谩s de lo anterior, la Sala advierte que se trata en este caso de un verdadero derecho litigioso entre聽 la entidad accionada聽 y el peticionario, que escapa al conocimiento del juez de tutela. En efecto, el ISS afirma que por medio de la Resoluci贸n 008885 del 28 de Septiembre de 2001, se concedi贸 al accionante la indemnizaci贸n sustitutiva por cuanto 茅ste previamente solicit贸 al ISS聽 que 鈥渄ebido聽 a su edad聽聽 y al tiempo que le faltaba por cumplir, era mejor tomar la indemnizaci贸n sustitutiva como soluci贸n a su problema鈥.


El accionante sostiene por su parte, que no ha recibido la indemnizaci贸n sustitutiva y por tal motivo, continu贸 cotizando a la entidad de previsi贸n social. Es evidente, que no es la Corte Constitucional el 贸rgano encargado de solucionar tal litigio, por cuanto no 聽cuenta con los 聽elementos de juicio ni 聽el material probatorio que聽 permitan dilucidar el caso. El juez de tutela, como lo ha dicho tantas veces esta Corporaci贸n, frente a casos similares, 聽no est谩 facultado para privilegiar a priori, sin el correspondiente debate jur铆dico que corresponde adelantar ante la jurisdicci贸n ordinaria laboral, una posici贸n a favor del actor y en contra de la entidad accionada o viceversa.


4.1.4. Debe recurrirse a la justicia ordinaria laboral


Podr铆a argumentarse que dada la constitucionalizaci贸n que dentro del ordenamiento jur铆dico ha tenido el derecho al trabajo, todos los conflictos que surjan de las relaciones laborales dar铆an lugar a ser resueltos mediante el ejercicio de una acci贸n de rango constitucional como lo es la acci贸n de tutela. Sin embargo, esa interpretaci贸n no puede ser admitida por cuanto de esa manera no s贸lo se desvirtuar铆a por completo la finalidad buscada por el Constituyente de 1991 con el establecimiento de la tutela, de ser un mecanismo subsidiario que por su misma naturaleza s贸lo procede ante la inexistencia de un medio judicial de defensa o, cuando de existir el mismo resulte insuficiente o ineficaz para garantizar los derechos fundamentales vulnerados o amenazados; sino porque se vaciar铆a de competencia la jurisdicci贸n ordinaria laboral para suplirla por la jurisdicci贸n constitucional, resultado que ir铆a en contra del fin de 茅sta 煤ltima como es el de velar por la guarda y supremac铆a de la Constituci贸n.


En este caso, el accionante, que apenas alcanza a llegar a la tercer edad,聽 no prob贸 que estuvieran acreditados los requisitos para obtener su pensi贸n de vejez y la entidad accionada se mantiene en que ya se le pag贸 la indemnizaci贸n sustitutiva,聽 por ende no existe un derecho聽 cierto a su favor y es el juzgador ordinario quien mediante pruebas practicadas con pleno respeto del derecho de contradicci贸n, puede聽 adquirir certeza respecto de los hechos y tomar las 聽decisiones respectivas.


As铆 pues, con fundamento en las anteriores consideraciones, la Sala confirmar谩 el fallo del Juzgado D茅cimo Laboral del Circuito de Cali,聽 mediante el聽 cual se neg贸 el amparo en la acci贸n de tutela iniciada por LUIS ADAN CLAVIJO RAMIREZ.


5. DECISI脫N


En m茅rito de lo expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constituci贸n,


RESUELVE


Primero.聽 CONFIRMAR la sentencia聽 objeto de revisi贸n, dictada por el Juzgado D茅cimo Laboral del Circuito de Cali, dentro de la acci贸n de tutela instaurada por LUIS ADAN CLAVIJO RAMIREZ contra el Instituto de los Seguros Sociales.


Segundo. DAR cumplimiento a lo dispuesto en el art铆culo 36 del Decreto 2591 de 1991.


Notif铆quese, comun铆quese, c煤mplase e ins茅rtese en la Gaceta de la Corte Constitucional.


JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB

Magistrado Ponente


NILSON PINILLA PINILLA

Magistrado

HUMBERTO SIERRA PORTO

Magistrado


MARTHA VICTORIA S脕CHICA DE MONCALEANO

Secretaria General

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