Quien labora para vivir es más digno que quien cobra por tener capital. Millones de colombianos se rebuscan con su ingenio y esfuerzo todos los días los exiguos ingresos para cubrir sus necesidades básicas. Por su parte, las entidades financieras se apropian de las ganancias de los trabajadores con tasas de interés exorbitantes.
Los préstamos de consumo rayan en la usura y mantienen dominada a una población con esperanza de pagar sus deudas con trabajo futuro de mejor calidad. Esta sociedad y, en particular, su gobierno, parecen tener invertida la escala valorativa: desprecian al trabajador y hacen venias a los reyes del sistema financiero, algunos de ellos delincuentes de cuello blanco. Los trabajadores, por su parte, deben soportar instituciones y leyes diseñadas por y para los dueños del capital.
Tomemos como ejemplo no más el caso de las pensiones. El sistema capitalista revela sus tendencias totalitarias cuando gobiernos a su servicio obligan a los trabajadores a invertir sus pensiones en el sistema financiero o a comprar divisas extranjeras para regular con ello el mercado monetario y cambiario.
La pensión, salario diferido a recibir en la vejez del trabajador, se entrega a la especulación financiera por mandato de la ley. Las políticas del Gobierno, apoyadas por mayorías en el Congreso, instrumentalizan a los trabajadores para favorecer a los dueños del capital, los mismos que financian las campañas electorales de presidentes y legisladores.
Mientras se aumentan los impuestos directos e indirectos pagados por el grueso de la población empleada o subempleada, se expiden leyes que eximen de tributos a las empresas que invierten en el sistema financiero sus excedentes de capital.
Otro caso aberrante es el negocio de libranzas, santificado por las normas financieras. El trabajador compra a crédito en cooperativas y respalda la deuda con su salario futuro. Al final termina pagando dos o tres veces el valor del préstamo.
Su deuda, convertida en títulos valores, es negociada en el mercado, donde los financistas ganan por punta y punta: compran barata una cartera segura y la colocan luego a altos intereses ganando su tajada por la “intermediación”. Se dirá, claro está, que nadie obliga al trabajador a endeudarse. Pero las necesidades básicas y el brillo de la mercancía no son buenos consejeros para educar espartanamente al asalariado en la cultura del ahorro y la sobriedad.
La abolición del sistema de crédito no es aquí el propósito. Eso sería ingenuo en una sociedad de masas, compleja, diversa y tecnificada. El Día del Trabajo es propicio para reflexionar cómo podría hacerse más equilibrada la relación entre trabajo, tierra y capital.
En un contexto de posconflicto, la reconciliación de los factores de producción es prioritaria. El país necesita gobiernos y legisladores creativos y recursivos en fórmulas para dignificar el trabajo y meter en cintura la especulación financiera. Los gobiernos liberales y conservadores de las últimas cincuenta décadas no parecen ser la respuesta. El crecimiento de la deuda del Gobierno; la entrega de los campos a los grandes capitalistas legales e ilegales; el estrangulamiento de la industria y la pauperización de la clase asalariada mientras florecen las ganancias del capital y estallan los escándalos financieros; todos son muestras fehacientes de la necesidad de un cambio en la concepción y dirección del Estado para hacer posible la construcción de una sociedad más justa y equitativa.
Tomado de:elespectador.com
