Los ciudadanos tienen el derecho y el deber de quejarse, porque si pagar impuestos no es grato, lo es menos si el proceso está lleno de dificultades. Pero no se le pueden achacar todos los problemas a la administración tributaria: además de que comparativamente con otros países es pequeña para afrontar todas sus responsabilidades, varios factores se conjugan para hacerle la vida más difícil.

La reforma tributaria del 2012 introdujo muchos cambios en la legislación, algunos drásticos, pero no dejó margen para que la Dian y los contribuyentes los asumieran. Por ejemplo, el impuesto al consumo sustituyó al IVA en los restaurantes, de manera inmediata, sin contar con el tiempo indispensable para adaptar los sistemas informáticos, la facturación, la contabilidad y hasta los hábitos de los funcionarios y los clientes.

La recomposición de tarifas del IVA, la introducción del Iman, el Imas y el Cree, con las correspondientes retenciones en la fuente, requieren tiempo para su reglamentación e implementación, todo lo cual se dificulta aún más debido a la notoria deficiencia en la redacción de los artículos de la ley, una de las más confusas en muchos años.

Además, las nuevas tareas coinciden en el tiempo con las habituales, relativas a los cambios de formularios, recepción de declaraciones y decretos rutinarios; y en materia aduanera, con la necesidad de enfrentar la epidemia de tratados y acuerdos comerciales de toda pelambre, que requieren dispendiosas dosis de tecnología y administración en todos los puertos y aeropuertos del país.

Como si esto fuera poco, se introdujo a las carreras una nueva nomenclatura de actividades económicas, que obligó a la actualización de todos los RUT. Por otra parte, si bien es cierto que las nuevas normas disminuyen el volumen de devoluciones de IVA, pueden aumentar las de renta.

Y a quienes insisten en que en Colombia las personas naturales deben declarar y pagar más impuestos, es bueno recordarles que en este país las rentas de trabajo son las únicas totalmente controladas y que más del 90 por ciento de los asalariados carece de capacidad contributiva, mientras los dividendos, las grandes ganancias en venta de acciones, además de otros negocios muy prósperos, no pagan un peso. Diferente es la situación en los países con los cuales se nos pretende comparar.

Probablemente está colapsada la administración pública, en gran medida, debido a una hemorragia legislativa defectuosa, apresurada y descoordinada.

Al contrario de lo que se viene predicando desde hace lustros, las normas tributarias son cada vez más farragosas, dispersas y enredadas. Ninguna administración tributaria del mundo está capacitada para manejar un montón de disposiciones plagadas de tratamientos exceptivos, incluso a nivel de contribuyentes, como sucede con los contratos de estabilidad jurídica, las zonas francas y las múltiples exenciones –algunas con alcances generacionales

Tomado de: portafolio.co