Los dos artículos que tiene el proyecto de ley que está tramitando el Gobierno en el Congreso de la República sobre el 4 x 1.000 empiezan a ser objeto de varias propuestas por parte de los parlamentarios.

La iniciativa del Ejecutivo solo propone el aplazamiento de los dos puntos del gravamen a los movimientos financieros, conocido como 4 x 1.000, que iban a salir del escenario tributario en el 2014, por mandato de la más reciente reforma tributaria, aprobada en el 2012.

Las necesidades financieras del agro llevaron al Gobierno a acoger la sugerencia del Congreso, de echar mano de estos ingresos por un año más, en vez de empezar su desmonte.

El segundo punto del proyecto se refiere a la vigencia de la ley, hasta el 2018, teniendo en cuenta que se prorroga por un año, a partir del 2015, el inicio del desmonte del tributo, el cual se hará paulatinamente.

Durante la primera aparición en público de la iniciativa gubernamental, la semana pasada, en sesiones conjuntas de las comisiones terceras y cuartas de Senado y Cámara, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, solicitó al Congreso que la iniciativa fuera aprobada tal cual, para que no haya riesgo de que se convierta en otra reforma tributaria. No obstante, ya empezaron los agregados.

El primero que abrió el abanico de propuestas fue el senador del Huila, Rodrigo Villalba, quien se inclina por mantener de manera indefinida el impuesto completo (4 x 1000) y destinar esos recursos exclusivamente al sector agropecuario, que a su juicio, requiere de mucha inversión para salir adelante.

De inmediato salió al quite la idea del presidente de la Comisión Tercera del Senado, Antonio Guerra, de defender solo la prórroga del 2 x 1000 para el sector agropecuario, en vez de modificar el proyecto como plantea su homólogo.

Según Guerra, “aunque el sector agropecuario necesita muchos recursos, por lo pronto es suficiente con los 3,1 billones de pesos que obtendrá con la asignación del 2 x 1.000”.

Más bien, hizo un llamado al Gobierno, para que disponga un rubro que sirva para eventualidades como la ocurrida en el pasado paro nacional agrario. Este impuesto recae sobre todos los colombianos que realizan transacciones a través del sistema bancario y ha sido tildado de antitécnico, porque estimula el uso de efectivo y reduce el acceso a créditos para evitar pagar el gravamen, lo que a su vez disminuye las posibilidades de que se adelanten proyectos que dinamicen más la economía.

Los seguidores de ambas alternativas siguen sumándose, lo que promete que mañana será un controversial debate.

INICIATIVA SERÍA UNA REFORMA

Analistas de firmas tributarias como Deloitte han señalado que con un solo artículo la iniciativa es de por sí una reforma tributaria, “una extensión de los impuestos por un movimiento campesino”.

Los empresarios de antioqueños coinciden con Deloitte y dicen que está en riesgo la proyección financiera.  “Extender el gravamen afecta a los pequeños y medianos empresarios, golpeados en el último año por la desaceleración de las ventas”, dice Esperanza Arango, directora económica de Fenalco Antioquia.

Agrega que la medida obligará a consumidores con menos poder adquisitivo a recurrir al ‘gota a gota’.

Tomado de: portafolio.co