Allí, después de concluir que la desigualdad ha venido aumentando sistemáticamente durante los últimos 30 años, propone un impuesto global a la riqueza con el fin de lograr mejores distribuciones.
En Colombia no somos ajenos a ese debate, ya que en nuestra estructura tributaria han venido operando esos impuestos a la riqueza desde principios de los años noventa, bajo diferentes ropajes. Durante el gobierno Gaviria (1990-1994) se denominaron “Bonos para el Desarrollo Social-Seguridad Interna”; bajo Samper (1994-1998) “Bonos para la Seguridad”; durante Pastrana (1998-2002) “Bonos de Paz”. Inicialmente eran sobretasas a las utilidades empresariales y después se viró al concepto de Impuesto Patrimonial (IP) bajo la Administración Uribe I-II (2002-2010), destinado a sufragar los gastos de seguridad y defensa.
La modificación más reciente de dicho IP corrió por cuenta del Decreto-Ley 4825 de 2010, en medio de la Emergencia Económica decretada para hacerle frente a la temporada de lluvias de 2010-2011 (el peor invierno que el país ha sufrido en cinco décadas). En efecto, allí se amplió la base gravable del Impopatrimonio al rango $1.000-$3.000 millones a tasas de 1%-1,4%. Adicionalmente, se generaron sobretasas de 0,6% para patrimonios en el rango de $3.000-$5.000 millones y de 1,2% para aquellos superiores a los $5.000 millones. Al estar esos patrimonios superiores a los $3.000 millones ya afectados por la Ley 1370 de 2009, al computar la sobretasa quedaron pagando un total de 3% en el rango $3.000-$5.000 millones y 6% en los superiores a los $5.000 millones. El recaudo adicional por cuenta de la sobretasa y la ampliación de la base patrimonial ha venido aportando cerca de 0,2% del PIB durante 2011-2013, llevando el total de recursos del Impuesto Patrimonial a 0,6% del PIB.
Anif ha venido repicando sobre el perverso efecto cascada que este Impuesto Patrimonial ejerce sobre la tributación de las firmas, donde las afectaciones por Renta+Cree+Impopatrimonio están llevando las tasas efectivas al rango 38%-51%. Sin embargo, dicho IP también ha venido distorsionando los comportamientos de los hogares, siendo una importante arista de las decisiones de ocio vs. trabajo. Estas son particularmente delicadas en el caso de personas naturales próximas a jubilarse. Ellas deberán afrontar la disyuntiva entre: I) continuar con su carrera laboral y ser gravados mediante el esquema del Iman de la Ley 1607 de 2012 y el Impopatrimonio (de ser sujeto a él); o II) retirarse (evitando el Iman) y enfrentar gravámenes sobre su patrimonio, consistentes en una renta presuntiva de 3% anual y las tasas del IP, antes discutidas.
Anif ha realizado un ejercicio donde comparamos los incentivos tributarios de cada uno de este tipo de decisiones, el cual muestra cómo un individuo con un patrimonio de $1.000 millones estaría escogiendo quedarse en la fuerza laboral, pero evitando ingresos mensuales superiores a los $24 millones. Esto debido a que, a partir de allí, sus obligaciones tributarias ($32,6 millones de Iman+Impopatrimonio) superarían las derivadas del “ocio” de retirarse ($32,5 millones provenientes de la Presuntiva + Impopatrimonio). Así mismo, individuos con patrimonios de $2.000-$5.000 millones tenderían a posponer su retiro mientras que sus ingresos laborales no sobrepasen niveles de $35,5 millones y $65,5 millones/mes, respectivamente.
Estos resultados sugieren que: I) los incentivos tributarios del “ocio” no entrarían a jugar sino para los rangos de ingresos elevados (más de $24 millones mensuales, cobijando a menos de 1% de la población); y II) esas distorsiones del Impopatrimonio tenderían a diluirse para los mayores patrimonios (pues se requerirían sueldos mensuales excesivamente altos para alcanzar los requerimientos tributarios del patrimonio). Ahora bien, debe tenerse en cuenta que esas personas de ingresos elevados (cerca de 1% de la población ocupada) explican alrededor de una tercera parte del recaudo de Imporrenta de personas naturales (el cual totaliza 1,5% del PIB).
En síntesis, las distorsiones del Impopatrimonio no solo aquejan a las firmas, llevando sus tasas efectivas al rango 38%-51%, al considerar la cascada del Imporrenta+Cree+Impopatrimonio. También afectan a los hogares en sus decisiones de trabajo. Como vimos, ingresos de trabajo superiores a los $24 millones/mes podrían disuadirlos de trabajar, dado el balance entre Iman+Impopatrimonio vs. Renta Presuntiva Patrimonial+Impopatrimonio. En esos rangos de ingresos elevados, el Impopatrimonio podría estar desincentivando el trabajo con graves consecuencias fiscales.
Tomado de: https://www.larepublica.co/los-ip-y-las-decisiones-de-ocio-vs-trabajo-el-caso-de-colombia_137331
