Aunque no se tiene una cifra precisa, se estima que un alto porcentaje de los 600.000 taxistas que trabajan en Colombia no hacen sus aportes al sistema de seguridad social, es decir, salud, pensiones y riesgos laborales.

 

“La indefinición en las cifras tiene que ver con la elevada informalidad de esta rama del transporte público que el Gobierno se propone erradicar en los próximos dos años”, dijo el ministro del Trabajo, Rafael Pardo.

 

A pesar de que desde 1959 existe una norma que obliga a que la relación entre las empresas y los taxistas esté mediada por un contrato laboral, en general, esto no se cumple, al igual que la poca solidaridad de los propietarios de los vehículos para responder por la seguridad social de los conductores.

 

“Por orden del Presidente empezamos a trabajar en la formalización del subsector en tres componentes: laboral o de prestaciones sociales; la profesionalización del servicio y la del sistema de transporte en las ciudades”.

 

Pero, ¿cómo formalizar la seguridad social en este subsector del transporte?

 

Pardo señaló que se crearon unas mesas de trabajo nacionales con todos los agentes del sector y se ha llegado al convencimiento de que hay que avanzar en la formalización rápido.

 

En esa meta, además del Mintrabajo, intervienen la cartera de Transporte, entidades como el Sena y las alcaldías, estas últimas son claves en el proceso, pues la situación de los taxistas, sus organizaciones y las empresas son diferentes en múltiples zonas del país.

 

En Medellín y Pereira, dijo Pardo, los taxistas están afiliados a seguridad social; las empresas tienen mecanismos de recaudo con propietarios y conductores para pagar la cotización, pero no siempre hay un contrato laboral para los choferes.

 

En Carmen de Viboral, un municipio pequeño, los taxis están afiliados a una cooperativa de propietarios y todos tienen seguridad social.

 

En Bogotá hay de todo: empresas muy grandes y organizadas; hay conductores que pagan la seguridad social; muchos no quieren afiliarse porque son retirados (pensionados) y tienen formas de relación distintas, o hay cooperativas de propietarios, etcétera.

 

Además, se calcula que hay 60.000 taxis, pero miles no circulan cada día de la semana porque tienen pico y placa, lo que dificulta la celebración de un contrato laboral por tiempo indefinido.

 

Por ello, la propuesta del Mintrabajo es un acuerdo marco de formalización que tiene un periodo de 24 meses, comenzando por la seguridad social para los conductores y una etapa posterior referida a la relación entre conductores y empresas. También, una regulación sobre la forma en que se hará la cotización.

 

Antes de finalizar el año se expedirán dos decretos, a los que se sumará uno del Ministerio de Transporte, que fijará las condiciones para determinar técnicamente con los municipios las tarifas que se le cobran al pasajero y que deben incluir el pago de la seguridad social.

 

Pardo indicó que abrieron la posibilidad de que la cotización se divida en tres partes: la empresa afiliadora, el propietario del taxi si fuera distinto y el conductor.

 

Tomado de: portafolio.co