Prescripción para reclamar acreencias laborales una vez se termina el contrato laboral

abril 11, 2019 7:58 am

Caso en Concreto:

 

Inicialmente es menester precisar, según lo dispuesto en el Artículo 488 del Código Sustantivo el
Trabajo, las acciones encaminadas a garantizar los derechos contenidos en el Código tienen un
término de prescripción de tres años. En su tenor literal, la norma señala:

 

“ARTICULO 488. REGLA GENERAL Las acciones correspondientes a los derechos
regulados en este Código prescriben en tres (3) años, que se cuentan desde que la
respectiva obligación se haya hecho exigible, salvo en los casos de prescripciones
especiales establecidas en el Código Procesal del Trabajo o en el presente estatuto”.

 

En ese sentido, el Artículo 489 ibídem determina el actuar que debe seguir el trabajador que propende
interrumpir el término de prescripción contenido en el artículo anterior. Al respecto, el citado señala:

 

“ARTICULO 489. INTERRUPCION DE LA PRESCRIPCION. El simple reclamo del
trabajador, recibido por el patrono acerca de un derecho debidamente determinado
interrumpe la prescripción por una sola vez, la cual principia a contarse de nuevo a partir
del reclamo y por un lapso igual al señalado para la prescripción correspondiente”.

 

Las normas transcritas, señalan que la prescripción de los derechos que surgen del contrato de trabajo
es tres años que se cuentan desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible, que el simple
reclamo del trabajador recibido por el empleador acerca de un derecho debidamente determinado
interrumpe la prescripción por una sola vez, la cual principia a contarse de nuevo a partir del reclamo
y por un lapso igual al señalado para la prescripción correspondiente.( Art.489 CST).

 

Ahora bien, según lo dispuesto en el Artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo, los tres (3) años
de prescripción se cuentan a partir desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible.

 

A manera de ejemplo específicamente respecto del Auxilio de Cesantías:

 

Resulta indispensable precisar para el caso de las cesantías, desde cuándo se causan éstas y por
tanto el momento en que la obligación de reconocimiento del auxilio de cesantía se hace exigible. Al
respecto, el Artículo 249 del Código Sustantivo del Trabajo señala:

 

“ARTICULO 249. REGLA GENERAL. Todo empleador está obligado a pagar a sus
trabajadores, y a las demás personas que se indican en este Capítulo, al terminar el
contrato de trabajo, como auxilio de cesantía, un mes de salario por cada año de
servicios y proporcionalmente por fracción de año”. (Negrillas fuera del texto original).

 

Como se aprecia de la cita hecha de forma precedente, el Artículo 249 dispone que la obligación en
cabeza del empleador de reconocer el auxilio de cesantía se hace exigible al terminar el contrato de
trabajo, por lo que el término de prescripción de tres (3) años se cuenta desde el momento en que
termina el contrato de trabajo.

 

Ahora bien, tratándose del pago al Sistema General de Seguridad Social Integral, la H. Corte
Constitucional ha precisado que la seguridad social debe considerarse “[…] un derecho
imprescriptible, en atención a los mandatos constitucionales que expresamente disponen que dicho
derecho es irrenunciable (art. 48 C.P) y que, a su vez, obligan a su pago oportuno (art. 53 C.P)”.
Aspecto que implica que las mismas pueden ser reclamadas en cualquier tiempo. (Resaltado
fuera de texto)

 

Adicionalmente, esta misma corporación en Sentencia – T Sentencia T-217 de 2013 considero:

 

“…en materia pensional la Corte ha sentado un amplio precedente jurisprudencial
respecto de la prescripción del derecho a reclamar prestaciones pensionales. En este
sentido, esta Corporación ha reiterado el carácter irrenunciable e imprescriptible del
derecho a la pensión. El carácter imprescriptible del derecho a la pensión se deriva
directamente del artículo 48 de la Constitución Política. Por lo anterior, esta Corporación
ha precisado, en reiterada jurisprudencia, que el derecho a la pensión, como integrante
que es del gran concepto de la seguridad social, es imprescriptible, con base en el citado
precepto constitucional. Por su parte, el artículo 53 superior dispone, con respecto a las
pensiones, que corresponde al Estado la garantía del derecho al pago oportuno y al
reajuste periódico de estas prestaciones…”

 

“…del precedente jurisprudencial establecido está por la Corte Constitucional, el cual
estipula que el término de prescripción es predicable únicamente de las mesadas
pensionales no reclamadas…

 

“…en esa medida la prescripción solo es aplicable a las mesadas no reclamadas con
anterioridad a los 3 años de solicitadas…”

 

Se tiene entonces, que el derecho a reclamar la Pensión no prescribe, sin embargo el derecho a
reclamar el reconocimiento y pago de las mesadas pensionales no reclamadas con anterioridad a los
tres (3) años en que se realice la solicitud si prescriben.

 

Aunado a lo anterior, es importante señalar que desde el mismo momento en que el trabajador es
vinculado laboralmente, surge la obligación a cargo del empleador de afiliarlo al Sistema de Salud,
Pensión y Riesgos Laborales y de efectuar los respectivos aportes.

 

No obstante, esta Oficina no es competente para declarar derechos u obligaciones para un caso en
concreto, ni dirimir las diversas controversias que sobre aspectos prestacionales se presentan, ya que
ésta es una función exclusiva de los jueces de la República. Lo anterior, de conformidad con lo
estipulado en el artículo 486 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual dispone:

 

“… los funcionarios del Ministerio de la Protección Social no quedan facultados para declarar
derechos individuales ni definir controversias cuya decisión esté atribuida a los jueces,
aunque si para actuar en esos casos como conciliadores”.

 

En consecuencia, podría acudir ante la Jurisdicción Ordinaria Laboral, para que un Juez de la
República defina el derecho y ordene la cancelación de las obligaciones a que haya lugar.

 

De ahí, nos parece conveniente precisar que si llegara a existir una omisión de afiliación y cotización
al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones por parte de las empresas empleadoras,
observamos que en virtud el artículo 22 de la Ley 100 de 1993, se dispone:

 

“ARTICULO. 22.-Obligaciones del empleador. El empleador será responsable del pago
de su aporte y del aporte de los trabajadores a su servicio. Para tal efecto, descontará del
salario de cada afiliado, al momento de su pago, el monto de las cotizaciones obligatorias
y el de las voluntarias que expresamente haya autorizado por escrito el afiliado, y
trasladará estas sumas a la entidad elegida por el trabajador, junto con las
correspondientes a su aporte, dentro de los plazos que para el efecto determine el
gobierno.

 

El empleador responderá por la totalidad del aporte aun en el evento de que no
hubiere efectuado el descuento al trabajador.

 

“ARTICULO. 23.-Sanción moratoria. Los aportes que no se consignen dentro de los
plazos señalados para el efecto, generarán un interés moratorio a cargo del empleador,
igual al que rige para el impuesto sobre la renta y complementarios. Estos intereses se
abonarán en el fondo de reparto correspondiente o en las cuentas individuales de ahorro
pensional de los respectivos afiliados, según sea el caso.

 

ARTICULO. 24.-Acciones de cobro. Corresponde a las entidades administradoras de los
diferentes regímenes adelantar las acciones de cobro con motivo del incumplimiento de
las obligaciones del empleador de conformidad con la reglamentación que expida el
Gobierno Nacional. Para tal efecto, la liquidación mediante la cual la administradora
determine el valor adeudado, prestará mérito ejecutivo”. (Subrayado fuera del texto)

 

Tal como se observa, dentro del Sistema Integral de Seguridad Social, se encuentra contemplada la
obligatoriedad por parte del empleador de efectuar los respectivos aportes al Sistema General de
Pensiones, señalando para el efecto sanciones moratorias y corresponde a las entidades
administradoras de los diferentes regímenes adelantar las acciones de cobro con motivo del
incumplimiento de tales obligaciones.

 

Así mismo, se interpreta del artículo 22 de la citada norma, que será responsabilidad del
empleador responder por la totalidad del aporte, es decir por el pago de toda la Cotización, aun
cuando no hubiere descontado al trabajador el aporte que le correspondía.

 

Así las cosas, si el consultante encuentra que dentro de la vinculación que actualmente tiene se le
están vulnerando sus derechos laborales, podrá acudir a su empleador para que le sean reconocidos
los mismos y en caso de ser necesario ante el Inspector del Trabajo para intentar un amigable arreglo,
pero si la controversia continua, solo la Jurisdicción Ordinaria Laboral es la llamada a definir el
conflicto, toda vez que en los términos del Artículo 486 del Código Sustantivo del Trabajo, los
funcionarios de esta Oficina no están facultados para declarar derechos ni dirimir controversias.

 

Sin embargo, como ya lo mencionamos anteriormente de persistir las controversias podría acudir ante
la Jurisdicción Ordinaria Laboral, para que un Juez de la República defina el derecho y ordene la
cancelación de las obligaciones a que haya lugar.

 

Para mayor información, se invita a consultar nuestra página web www.mintrabajo.gov.co, en donde
entre otros aspectos de interés, se encuentra tanto la normatividad laboral como los conceptos
institucionales, los cuales servirán de guía para solventar sus dudas en esta materia.

 

La presente consulta se absuelve en los términos del Artículo 28 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sustituido por el Artículo 1° de la Ley 1755 de 2015,
en virtud del cual los conceptos emitidos por las autoridades como respuestas a peticiones realizadas
en ejercicio del derecho a formular consultas no serán de obligatorio cumplimiento, constituyéndose
simplemente en un criterio orientador.

 

 

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