(Dinero) Con las presiones fiscales acumuladas, no existe excusa para no poner fin a la masiva evasión de impuestos por parte de quienes más tienen.

Luz Mary Guerrero es apenas la puntica del Iceberg de la millonaria evasión de impuestos en Colombia. Su tributarista y contadora son pálidos principiantes en este arte, si se comparan con los avezados “genios de la planeación tributaria”. Por primera vez en la historia nacional, la justicia va a tomar cartas en este asunto. Desafortunadamente vaticino que es más probable que afloren las debilidades del sistema actual a que se haga justicia.

Los principales evasores de impuestos son personas reconocidas, valiosas y admiradas en sus círculos sociales. Decirles evasores es un agravio y, ladrones, algo imperdonable. Genuinamente creen que le han dado mucho más al país de lo que el país les ha dado a ellos. Ellos duermen tranquilos.

La evidencia es más que suficiente. Es bastante conocido qué hacen las personas adineradas para evadir impuestos y pagar sobornos. Y esto le cuesta al Estado mínimo 4% del PIB al año, mal contados $30 billones. Esa es la evasión del 0,01% más afortunado de Colombia. Lo que para ellos representa apenas un apartamento menos en Madrid o el mantenimiento de los treinta caballos en el club o el yate para la parranda en los festivos equivale al costo de la educación pública para más de dos millones de niños.

El país no tiene el espacio fiscal para seguir tolerando tanto abuso. La sociedad debe exigir que el sistema se reforme.

En primer lugar, es urgente que se legisle de forma detallada los crímenes contra la hacienda pública, como en Chile y Brasil, y se complemente con legislación sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Esto es necesario para asignar claras responsabilidades ante la justicia, a los dueños de las empresas, sus juntas directivas y sus representantes legales por cualquier acto ilícito de sus funcionarios que los beneficien.

En segundo lugar, es urgente crear una obligación explícita sobre abogados y contadores de reportar operaciones sospechosas de lavado, incluidas las tramas para evadir impuestos solicitadas por sus clientes. El secreto profesional entre abogados y clientes no puede seguir amparando todo tipo de ilícitos. El genio de la planeación tributaria, concebida con el claro fin de evadir impuestos debe responder ante la ley, al igual que sus clientes; a menos que denuncien a tiempo la operación sospechosa que se les solicita. Y si existe duda sobre la legalidad de lo que les solicitan sus clientes, están obligados a pedir concepto legal a Hacienda sobre el esquema en cuestión.

El complemento a estas normas es la creación de incentivos económicos para que los contadores puedan incurrir en los riesgos de denunciar esquemas de evasión de gran tamaño de sus clientes. Por ejemplo, aquello que represente una evasión de impuestos de más de $3.000 millones en un año o $5.000 millones acumulados a lo largo de 2 o más años justifican que el contador reciba una compensación por informar oportunamente al fisco. Una colaboración efectiva podría premiarse con 35% de las sanciones y recaudo por ella generado. Los contadores son el eslabón más débil en esta cadena de ilícitos. Por ende, para atreverse a hablar deben tener garantías.

Finalmente, 4 asuntos sencillos: darle publicidad a la información tributaria de las personas jurídicas, incluidos los requerimientos para fiscalizarlos y la realización de registros a sus instalaciones. No existe argumento lógico para que no sea de conocimiento público cuánto pagan en impuestos las corporaciones; en segundo lugar, se debe obligar a que las cuentas bancarias de una empresa solo puedan ser utilizadas para manejar recursos directamente relacionados con la actividad de la misma. No la plata para pagar los gastos del yate, ni mantener la casa de campo, ni las vacaciones de los niños, ni el leasing de los carros que se entregan para sobornos, etc; modificar la forma en que se contabilizan los bienes y activos del 1% más adinerado de los colombianos: ese 1% tiene sociedades y múltiples predios; por ende, los valores de mercado, o el valor de los activos de la sociedad que le corresponden, deberían ser los referentes para calcular sus impuestos; y, por último, es necesario crear un registro electrónico de los beneficiarios controlantes de todas las sociedades no transadas en bolsa, las SAS no pueden seguir siendo un escudo que esconde a quienes las abusan.

 La Paz no se firma solamente, se construye con la voluntad política de lograr un país donde todo ciudadano cuente con la libertad de ser autónomo y decir lo que sea en conciencia sin que lo arrodillen; una sociedad donde se pueda progresar y donde existan garantías y oportunidades mínimas gracias a unas buenas instituciones públicas. Esto exige mínimo un recaudo de impuestos de 20% del PIB; la plata está en manos de quienes más tienen. Ya es hora de que le cumplan al país.

Obtenido de: Dinero